Vivienda, ¿bien social o mercancía?

Pese a que la vivienda adecuada es un derecho humano reconocido a nivel internacional; que las familias en México disfruten de una vivienda digna y decorosa, se ha traducido fundamentalmente en un asunto financiero y de capacidad de pago haciendo que la vivienda pase de ser un bien social a una mercancía.

Para que una vivienda se considere adecuada debe cumplir con los siguientes siete elementos: I) seguridad jurídica de la tenencia, II) disponibilidad de servicios, materiales, facilidades e infraestructura, III) asequibilidad, IV) habitabilidad, V) accesibilidad, VI) ubicación y VII) adecuación cultural.

Respecto a la disponibilidad de servicios, el Censo de Población y Vivienda informa que en México 99% de las viviendas particulares habitadas cuentan con energía eléctrica. Por su parte, la Conagua señala que 93.8% de estas viviendas tienen drenaje conectado a la red pública o fosa séptica y 96.1% disponen de agua entubada dentro de la vivienda o el predio; sin embargo, mientras que esta disponibilidad en las viviendas urbanas es de 98%, en las rurales es de 89.1 por ciento.

En este sentido, hasta ahora, se ha privilegiado la atención de la necesidad de vivienda en los ámbitos urbanos, pese a que 21% de la población habita en poblaciones de menos de 2,500 habitantes.

Sobre la asequibilidad, el Índice SHF de precios de la vivienda en México señala que en el primer trimestre 2023, a nivel nacional, el precio promedio de una vivienda fue de 1 millón 601,000 pesos, lo cual significa una apreciación del 11.7% en comparación con el mismo periodo de 2022. Al mismo tiempo, según datos del Coneval, en el primer trimestre de 2023, el ingreso laboral real promedio de la población ocupada a nivel nacional fue de 6,820.85 pesos al mes.

Las cifras anteriores dan pista de que, para muchas familias, acceder a una vivienda en el mercado formal no es una posibilidad y buscan alternativas para construir, ampliar o reparar sus viviendas paulatinamente. De hecho, se estima que en México 57.3% de las viviendas han sido autoproducidas; sin embargo, la mayoría lo hace sin contar con asesoría ingenieril adecuada, lo que hace suponer un factor de riesgo, especialmente ante sismos y vientos.

Frecuentemente, las familias que optan por este esquema se asientan sobre áreas poco adecuadas como áreas de conservación, pendientes, zonas de inundación o sin infraestructura ni servicios, exponiéndose a condiciones meteorológicas extremas y otros riesgos. Además, el desarrollo de infraestructura para las clases medias y altas en los centros de las ciudades, así como la construcción masiva de conjuntos habitacionales en las periferias, han causado el crecimiento disperso y gentrificación, desencadena problemas de conectividad, altos costos de transporte, mayor consumo de energía, menor acceso a servicios de calidad y desintegración social.

En México destaca que 77.1% del uso del suelo es habitacional y, pese a que el país cuenta con tradición en la elaboración de instrumentos para ordenar los asentamientos humanos desde 1970, hay que redoblar esfuerzos en la elaboración y actualización de otros instrumentos más especializados, como los atlas de riesgo y programas de ordenamiento ecológico.

También ha de considerarse la construcción de vivienda sustentable y de comunidades resilientes con la estandarización de los índices de calidad de la vivienda entre los Organismos Nacionales de Vivienda y la modernización, homologación y observancia de reglamentos y normas de construcción. En general, las estrategias nacionales de vivienda deben enfocarse en que ésta vuelva a ser un bien social.

*El autor es investigador del Instituto de Ingeniería, UNAM, y presidente del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales.