Lectura 4:00 min
¿Y el sexto magistrado?
De acuerdo con el artículo 167 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, para que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación califique la elección presidencial, se requiere del quórum del menos seis magistraturas. Hoy sólo hay cinco magistrados. Cinco de siete.
Desde octubre de 2023, cuando terminó el encargo de José Luis Vargas e Indalfer Infante, el Pleno de la Sala Superior quedó incompleto. Aunque la Suprema Corte de Justicia de la Nación envió al Senado las ternas para las dos designaciones en la Sala Superior, la polarización entre las fuerzas partidistas hizo imposible alcanzar los consensos sobre los magistrados que podrían cubrir las vacantes. en la cámara se negaron a votarlas. En el camino, quedó una de las favoritas para llegar al Pleno de la Sala Superior: Gabriela Villafuerte Coello, quien concluyó su magistrada de la sala especializada.
Igual suerte corrieron las vacantes en las Salas Regionales y la Sala Especializada del TEPJF; y los Tribunales Electorales de las 32 entidades federativas. En el Tribunal Electoral de la Ciudad de México, por ejemplo, de cinco magistraturas originarias sólo quedan dos y uno de ellos, Juan Carlos Sánchez León, terminará su periodo justo dentro de seis meses.
Con miles de impugnaciones presentadas por partidos y candidatos durante todo el proceso electoral, la carga de trabajo es mayúscula. Este entuerto podrá solucionarlo la nueva super mayoría, pero la inoperancia del Senado saliente en la elección de los nuevos magistrados dio al traste con los equilibrios precarios en la Sala Superior, que anteriormente ya ha llamado al magistrado decano de las salas regionales y especializadas para obtener los votos necesarios para resolver sentencias relevantes. A nivel estatal, secretarios de acuerdos han sido habilitados funciones de magistrados, para cubrir las vacantes.
En vísperas de la calificación de la elección presidencial, la presidenta de la Sala Superior, Mónica Aralí Soto, deberá llamar seleccionar a uno de los seis magistrados decanos. Entre ese selecto grupo solo hay dos hombres: Alejandro Avante, magistrado de la sala regional con sede en Toluca, y Enrique Figueroa, adscrito a la sala regional de Xalapa. Entre las magistradas, Claudia Valle, de Monterrey, y Gabriela del Valle, de Guadalajara, están en las ternas remitidas al Senado de la República para ocupar las vacantes en la Sala Superior.
Ahora, la magistrada Marcela Fernández —a quien se le reconoce experiencia y sobre todo capacidad de diálogo—es la favorita.
Efectos secundarios
TORNADA. Han pasado tres meses de la denuncia presentada por un colectivo de empresarios del ramo aduanal que sometidos a la comprobación de sus actividades han sido emplazados a pagar para que no les embarguen mercancías en las visitas rápidas y, en su caso, “hacer más llevaderas y expeditas” las auditorías. Los señalamientos involucran directamente al titular de la AGACE, Erick Jiménez Reyes, y a su equipo más cercano en una “red de corrupción relacionada directa e indirectamente con el cobro de dádivas a los importadores y exportadores, así como de agencias aduanales en la zona metropolitana del país”. Los nombres de los presuntos responsables de las extorsiones, los domicilios en Coyoacán y Ciudad Nezahualcóyotl, las cuentas bancarias en las que deben entregar el dinero en efectivo y la descripción de las acciones de un misterioso personaje, identificado como El Licenciado constan en el oficio 211/955/2024 remitido por por el subdirector de atención ciudadana de la Secretaría de Gobernación, Gerardo Montaño Ramírez, al titular del SAT.
