¿Y la cédula de identidad?

Al margen de la disputa entre Morena y los intelectuales del Grupo Nexos está una historia que data de hace dos sexenios. Fernando Gómez-Mont Urueta había llegado a la Secretaría de Gobernación para ocupar el lugar de Juan Camilo Mouriño y por instrucciones presidenciales había integrado a su equipo a Roberto Gil Zuarth, como subsecretario y Alejandro Poiré, como coordinador de asesores.

La administración calderonista y el entonces Instituto Federal Electoral analizaron la viabilidad técnica-operativa de integrar la cédula de identidad ciudadana y la credencial para votar en un solo documento. La Clave Única del Registro Población era la llave para resolver esa dicotomía generada con el Cofipe, ordenamiento que debía armonizarse con la Ley General de Población.

Arrancaba el 2009. Gómez Mont apenas tomaba las riendas de Gobernación cuando revisó los primeros documentos generados en el Registro Federal de Electores. Y es que en esa dependencia —que históricamente ha concentrado la mayor asignación presupuestal de entre todas las dependencias del Instituto— quedó concentrada la información de los mexicanos mayores de 18 años que voluntariamente solicitan su alta en el listado nominal.

Entonces, el IFE era la única dependencia que tenía datos biométricos en su padrón. Poiré —quien antes de enrolarse en Harvard fungió como director de prerrogativas y partidos políticos del órgano electoral—había estudiado los escenarios de enrolamiento e integración de procesos elaborados por los técnicos del RFE.

Para generar la base de datos nacional biométrica en Segob, el principal escollo era tecnológico. Y Gobernación entonces no quiso hacerlo sin tomar en cuenta el expertise del Instituto, que en los módulos de credencialización ya captaba la información requerida por la Ley, entre ella las 10 huellas dactilares, el iris y la fotografía del ciudadano. Para los ciudadanos que entonces no contaban con CURP —se planteó— el Renapo generaría un nuevo registro, después recibir los datos correspondientes al acta de nacimiento y los biométricos,

El escenario A era el escenario de la colaboración. La propuesta, en síntesis, era habilitar los módulos del INE como receptores de los solicitantes de la nueva cédula de identidad ciudadana. El escenario B marcaba la ruta, en caso de que Gobernación quisiera generar su propia base de datos biométrica y validara la identidad de los ciudadanos, a través de los datos que le compartiera el Instituto, que solo habría tenido que hacer “ajustes mínimos” a su esquema de operación; esencialmente, dejaba de recolectar los biométricos. Ambos escenarios contemplaban la misma solución: generar un solo documento, que integrara la credencial para votar con la cédula de identidad ciudadana. Y partían de una premisa que subsiste hasta la fecha: el órgano electoral tiene la facultad de integrar el padrón y la lista de electores.

Este sexenio —de acuerdo al testimonio de los consejeros del INE— el gobierno federal intentó al menos dos veces que les entregaran la base de datos. Ahora, con el plan B de la reforma electoral cuatroteísta, será por las malas.

Efectos secundarios

¿DESLINES? Después de unos días de auto confinamiento, Ricardo Monreal reanudó sus actividades públicas y acudió a Morelia, como invitado de honor al informe del senador morenista Cristóbal Arias, quien finalizó su alocución con una referencia directa al “rebelde con causa” y lo conminó a buscar la reconciliación al interior del Morena, antes de emprender su gira nacional con Santiago Creel.

IMPRECISIONES. Por tercera vez en menos de un año, la Plataforma Nacional de Transparencia estuvo cesante. El inconveniente —del que se ha guardado conveniente silencio en el Inai—obligó a una sesión extraordinaria de los comisionados de ese órgano para cubrir los plazos y forzó a un confuso comunicado que atribuyó la suspensión a tareas de mantenimiento. La PNT —aclaró la comisionada Norma Julieta del Río— no fue hackeada, sino que atravesó por “una situación interna” (sic).

RESISTENCIAS. La introducción de la red de fibra óptica ha traído más problemas que beneficios —hasta ahora—a Ciudad Victoria, Tamaulipas. La Ley de Ingresos 2022 contemplaba que Teléfonos de México tributara por el uso de la infraestructura municipal, pero nunca pagó los 360 millones de pesos, no obstante los cinco requerimientos que generados por el cabildo local.

EMISARIOS. Una delegación de la Amelaf estuvo en Washington D.C. para reunirse con funcionarios de los departamentos de Salud, Comercio y Estado de la administración Biden. En el grupo iban representantes de cuatro laboratorios y el director ejecutivo de la Asociación, Juan de Villafranca, para quien México puede erigirse como una potencia exportadora de medicamentos en el mediano plazo.