Ajuste fiscal

El expresidente López le legó a la presidenta Sheinbaum una situación de las finanzas públicas que dista de ser sana. A pesar de que afirmaba de que estas habían sido manejadas con prudencia, en realidad, dejó significativamente deteriorada la posición financiera neta del sector público al haber saqueado los fondos y fideicomisos, a lo cual hay que agregar que su gobierno incurrió en un endeudamiento adicional de 7 billones de pesos con lo cual el saldo de los Requerimientos Financieros del Sector Público terminará este año en casi 18 billones de pesos, 56% del PIB. 

Más aún, López heredó unas finanzas públicas comprometidas, empezando con que este año el déficit financiero del sector público ascenderá a 6.2% del PIB, el más elevado desde 1982, el último año de la “docena trágica”. Dado que este nivel de déficit no es sostenible, es que será necesario un ajuste en las finanzas públicas tanto por el lado de los ingresos públicos, que son estructuralmente débiles dada la baja recaudación tributaria, como por el lado del gasto.

Es en esto último, el gasto, en donde las cosas se complican ya que no hay mucho margen de maniobra dado que hay cuatro rubros de gasto que son ineludibles: salarios de los empleados del sector público federal, intereses sobre la deuda interna y externa, participaciones federales a estados y municipios y las pensiones, que incluyen a los pensionados bajo la ley de 1973 del IMSS, las del ISSSTE, así como las de los jubilados de Pemex, CFE, IMSS y el personal militar. Estos rubros absorben más del 70% del presupuesto público federal.

El ajuste en las finanzas públicas por el lado del gasto se complica por el hecho de que hay varios rubros que han pasado de ser coyunturales a estructurales: pensiones para adultos mayores a los 65 años de edad en lugar de a los 70 (tengan o no otra pensión), indizada a la inflación y en un contexto de envejecimiento acelerado de la población, los programas Jóvenes Construyendo el Futuro y Sembrando Vida que erróneamente se van a incluir en la Constitución, el populachero “copete” a algunos que se jubilen bajo el sistema de las afores, los subsidios por varios años a los caprichos de López (AIFA, el Tren Maya, el Ferrocarril Interoceánico en el Istmo de Tehuantepec, Mexicana de Aviación, Exportadora de Sal).

A estos rubros hay que agregar, al menos para el próximo año, recursos que hay que destinar para financiar las obras inconclusas (Dos Bocas, los dos ferrocarriles incluidas las obras complementarias como la ampliación de los puertos de Coatzacoalcos y Salina Cruz y la infraestructura requerida para hacer posible la instalación de empresas manufactureras en el corredor interoceánico, la adquisición de aviones para Mexicana de Aviación, etcétera).

Además, por si todo esto no fuera suficiente, y por tener telarañas ideológicas en la cabeza, se plantea seguir transfiriendo recursos a la quebrada Pemex que mantiene un plan de negocios sin sentido y que por su notoria ineficiencia, en lugar de aportar a la nación la renta petrolera, se la queda y la desperdicia y aún así no tiene cómo cubrir sus adeudos, tanto financieros como con sus proveedores. Hay que agregar, además, las transferencias para cubrir el déficit de la también notoriamente cara e ineficiente CFE,

Con las finanzas débiles y comprometidas, la presidenta Sheinbaum anunció que no habrá una reforma tributaria sino solamente un esfuerzo recaudatorio vía fiscalización, así como tres nuevos rubros de gasto. El primero, transferencias gubernamentales a las mujeres de 60 a 64 años de edad (empezando el próximo año para las de 63 y 64 años), un programa de becas a todos los alumnos de educación básica (primaria y secundaria) de $1,900 por alumno más un agregado de $700 por hijo adicional que tengan las familias pobres (lo que las incentivará para que tengan más hijos) y la necedad (que no necesidad) de invertir en un sistema ferroviario de pasajeros.

Dados los estructuralmente débiles ingresos públicos, tanto tributarios como no tributarios y los compromisos crecientes de gasto, y en un contexto en el cual se espera una significativa desaceleración de la actividad económica con su consecuente impacto en la recaudación de impuestos, no parece posible hacer el ajuste de la magnitud requerida para reducir el déficit del 6% en este año a 3% del PIB el próximo año, como en algún momento afirmó el secretario de Hacienda.

El gobierno está inserto en una dinámica de gasto público y de déficit fiscal que no es sostenible en un contexto en el cual no hacer el ajuste requerido puede acarrear significativos costos, empezando con el impacto que tendría sobre las tasas de interés y el tipo de cambio una baja de la calificación de la deuda pública, más aún si se pierde el grado de inversión. Este último de por sí ya peligra como resultado de la destrucción institucional que hizo el expresidente López, en particular la aberrante reforma judicial y la iniciativa para eliminar los órganos autónomos del Estado, lo cual violaría el T-MEC y otros tratados internacionales.

Habrá que esperar el Paquete Económico que se enviará al Congreso para ver de qué magnitud se plantea será el ajuste fiscal no sólo para el próximo año, sino también para los subsecuentes tal que lleven el déficit fiscal a un nivel que sea sostenible, es decir, de no más de 1% del PIB y compatible, además, con una política monetaria que tenga como objetivo una inflación anual de entre 2 y 3 por ciento.