Los argumentos para las tasas de solidaridad

BAKÚ. Desde Bridgetown hasta Nairobi y París, ningún país es inmune al agravamiento de los efectos de la crisis climática. Cada año que pasa, somos testigos de una mayor destrucción relacionada con el clima. En 2024, hemos batido una cantidad de nuevos récords: los incendios forestales en Chile han destruido más de 14,000 hogares; las lluvias extremas en Brasil han devastado 478 ciudades y han dejado varadas a casi 2 millones de personas en Bangladesh, y en julio el mundo vivió el día más tórrido de su historia. 

África ha contribuido apenas con el 3% de las emisiones históricas de gases de efecto invernadero y, sin embargo, soporta algunos de los desastres climáticos más severos. Estos desastres hoy le cuestan al continente 15,000 millones de dólares por año, mientras que, en 2023, las sequías e inundaciones inducidas por el clima causaron inseguridad alimentaria a más de 40 millones de africanos.   

Convencidos de que ningún país debería tener que elegir entre luchar contra la crisis climática y combatir la pobreza, hemos decidido contribuir a una ambiciosa reforma de la arquitectura financiera internacional. El Pacto de París por los Pueblos y el Planeta, la Iniciativa Bridgetown y la Declaración de Nairobi buscan aportar cada uno una pieza del rompecabezas. La dinámica internacional actual nos da esperanzas: se han abierto muchas vías de reforma y algunas han dado resultados. Dicho esto, se necesitan muchos más esfuerzos y no se debería descartar ninguna opción. 

Una pieza clave todavía no se utiliza en su pleno potencial: las “tasas de solidaridad”. Este tipo de políticas son necesarias para garantizar que todo el mundo contribuya en su justa medida a lo que debería ser un esfuerzo global. Hay segmentos de la economía que tributan poco y que, sin embargo, contaminan el planeta. Es el caso del transporte marítimo, de la aviación y, por supuesto, de la industria de los combustibles fósiles, que goza de tasas impositivas efectivas bajas gracias a los subsidios gubernamentales (por un total estimado de 7 billones de dólares en 2022, según el Fondo Monetario Internacional).  

Estos gravámenes pueden contribuir asignando un porcentaje de los ingresos a los países en desarrollo. Una tasa global del 0.1% sobre las transacciones de acciones y bonos podría recaudar hasta 418,000 millones de dólares por año. Una tasa sobre el transporte de 100 dólares por tonelada de dióxido de carbono podría recaudar 80,000 millones de dólares por año. Una tasa sobre la extracción de combustibles fósiles de 5 dólares por tonelada de CO2 podría recaudar 210,000 millones de dólares por año. Incluso una redistribución parcial a través de tasas de solidaridad garantizaría una fuente importante de financiación climática predecible para estos países, complementando así los flujos de ayuda oficial al desarrollo sin ampliar las cargas de deuda existentes.  

Los beneficios serían considerables. A pesar de la vulnerabilidad climática de África, de su enorme potencial para aprovechar las energías renovables y los minerales críticos y de su rol como sumidero global de carbono, el continente recibe mucha menos financiación climática de la que necesita. Las tasas de solidaridad podrían proporcionar el financiamiento necesario para impulsar el desarrollo ecológico en África y en todo el mundo, especialmente en los países vulnerables de ingresos bajos y medios, y en los pequeños estados con escaso margen fiscal para generar resiliencia o acción climática. 

Estas tasas ya existen. Más de 30 países actualmente aplican un impuesto sobre las transacciones financieras, y al menos 21 tienen un gravamen sobre los pasajes de avión. Asimismo, hasta las iniciativas de pequeña escala como los Fondos Internacionales de Indemnización por Contaminación por Hidrocarburos demuestran la viabilidad de un mecanismo internacional de redistribución. Para replicar y ampliar estos modelos hace falta una mayor cooperación internacional que limite las distorsiones del mercado y preserve un campo de juego nivelado. 

Con ese objetivo, el año pasado, en la COP28, pusimos en marcha el Grupo de Trabajo sobre Tasas de Solidaridad Globales. El grupo de trabajo, que ya cuenta con 13 países miembro, ha venido examinando el potencial de las tasas sobre el transporte, la aviación, los combustibles fósiles y las transacciones financieras, así como explorando opciones como gravámenes sobre los plásticos o las criptomonedas. A comienzos de 2025, presentaremos públicamente un puñado de propuestas concretas con evaluaciones de impacto rigurosas. Estas propuestas serán escalables –recaudarán por lo menos 100,000 millones de dólares por año– y estarán acompañadas de evaluaciones claras de las posibles externalidades.  

A medida que nos acercamos a la COP30 en Belém, Brasil, el año próximo, el liderazgo político será esencial para el éxito de la iniciativa. La COP29 este mes brindará la oportunidad apropiada para discutir nuestras opciones y encaminarnos hacia el éxito. Nuestro plan consiste en llevar a cabo un evento especial para jefes de Estado y de gobierno con el fin de recabar un mayor respaldo a nuestra coalición de tasas de solidaridad. Esta es una oportunidad crucial para garantizar que el Nuevo Objetivo Colectivo Cuantificado de las Naciones Unidas sobre Financiación Climática incorpore las tasas de solidaridad y destrabe flujos de financiación climática que sean a la vez ambiciosos y equitativos. 

Cuando se trata de fuentes adicionales de financiación, los expertos suelen aludir a las “finanzas innovadoras”. En el caso de las tasas de solidaridad globales, la única innovación que hace falta es un liderazgo ambicioso en una base suficiente de países. Ojalá que el décimo aniversario del acuerdo climático de París el próximo año sea recordado como el momento en el que nos unimos como comunidad global para implementar tasas de solidaridad, al ofrecer las herramientas financieras necesarias para cumplir con el gran desafío de nuestro tiempo. De cara a la COP29, instamos a todos los gobiernos a sumarse a nuestra coalición y agradecemos el apoyo de la sociedad civil, los líderes empresariales y las instituciones multilaterales.

Los autores copresiden el Grupo de Trabajo sobre Tasas de Solidaridad Globales. 

Emmanuel Macron es presidente de Francia. 

Mia Amor Mottley es primera ministra de Barbados. 

William Ruto es presidente de Kenia.