¿Y la autonomía del INE?

La credibilidad de los órganos autónomos como el INE, INEGI o Banco de México radica en que pueden tomar sus propias decisiones sin intervención de otras autoridades.

Los criterios de carácter político electoral no debieran influir por ejemplo para determinar el índice nacional de precios al consumidor, que emite el INEGI con base en indicadores objetivos de la economía nacional o, en otro ejemplo, tampoco nadie más puede influir en el Banco de México en procurar la estabilidad del poder adquisitivo de la moneda, ni tampoco se le puede ordenar a dicho Banco conceder financiamiento.

Ya ha sido cuestionado que se haya reformado la Constitución General para destituir a ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, precisamente porque era evidente que el gobierno no estaba de acuerdo que la Suprema Corte actuara de manera autónoma. A pesar de que dicha determinación enviara un mensaje de gran incertidumbre a los inversionistas internacionales, así como sobre la calidad del Estado democrático de derecho que se vive en nuestro.

En ese mismo contexto, es inexplicable que se pretenda una reunión, ya sea de los consejeros del INE o de su presidenta con alguna otra autoridad externa a dicho instituto, para abordar cuestiones que son estrictamente de su competencia, como es el tema de la organización de la próxima elección de los integrantes del Poder Judicial Federal, precisamente porque pone en duda la propia autonomía del INE.

La Constitución establece que “El Instituto Nacional Electoral es un organismo público autónomo dotado de personalidad jurídica… El Instituto Nacional Electoral será la autoridad en la materia, independiente en sus decisiones y funcionamiento…”

¿Volveremos a la época en que el partido en el gobierno organizaba las elecciones? ¿Cuál es el mensaje que se envía a los inversionistas y empresariado cuando alguna autoridad externa de alto nivel anuncia que se reunirá con los consejeros del INE para abordar el tema de la próxima elección de los integrantes de lo que debería ser un Poder Judicial Autónomo?

La muy grave intervención que se realizó a los poderes judicial federal y locales en todo el país tendrá lamentables consecuencias, puesto que ya se acusaba desde antes la parcialidad que se podría decantar en la integración del “nuevo” poder judicial. Ahora, las señales ominosas de que se vulnere la autonomía del órgano autónomo de la organización de las elecciones confirman que el proceso no se realizará siguiendo los principios constitucionales de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad.

Se reitera que desde antes se había cuestionado no sólo la decisión de destituir a ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, magistradas y magistrados federales y locales, sino también la premura del proceso, después se cuestionó el recorte presupuestario que había propuesto el propio INE y ahora se anuncia la próxima reunión con los consejeros de dicho instituto como si fueran subordinados de las autoridades administrativas.

El INE no es un departamento administrativo que dependa de alguien más, ni tiene porqué recibir instrucciones o sugerencias de autoridad administrativa alguna. La Constitución General de la República, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y todo el marco jurídico aplicable regula los órganos de gobierno y procedimientos para la toma de decisiones de dicho Instituto y en dicha legislación no se contempla que los consejeros electorales acuerden con ninguna autoridad administrativa más sobre el ejercicio de sus facultades constitucionales y legales.

Sería tanto como plantear que la gobernadora del Banco de México, el Presidente del INEGI, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación acuerden con las autoridades administrativas sobre el ejercicio de sus funciones.

Finalmente, hay que insistir constantemente, que la legitimidad de las decisiones de dichos órganos autónomos radica en la fortaleza técnica de sus decisiones; es decir, que la argumentación que justifican sus decisiones esté debidamente sustentada y se sostenga coherentemente con los normas y principios que los rigen.