Las campañas de los autónomos

En las últimas semanas, hemos presenciado un movimiento inusual entre algunos de los órganos constitucionales autónomos como el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece). Estas instituciones, enfrentadas a una posible desaparición, han lanzado campañas en medios de comunicación electrónicos para dar a conocer a la ciudadanía su importancia y el papel que desempeñan en la vida pública del país.

La campaña del INAI, bajo el lema #ElINAImeSirve, se centra en historias que ilustran cómo una ciudadana ejerce su derecho a la información y la función del instituto en proteger y hacer valer estos derechos ante quienes niegan la información.

El IFT lanzó su campaña “El IFT está de tu lado”, la cual muestra las actividades de la institución para mejorar los servicios de telecomunicaciones y aumentar la conectividad, destacando la importancia de su labor para que más mexicanos tengan acceso a Internet y servicios de calidad.

La Cofece también se ha sumado a la estrategia con su campaña “Con competencia tú eliges”, que da a conocer su papel en la defensa de la competencia económica y los derechos de los consumidores, y cómo la competencia saludable en los mercados beneficia directamente a los ciudadanos.

Estas campañas no son una casualidad. Con la propuesta de AMLO de eliminar estos y otros organismos autónomos, estos tres entes se han visto en la necesidad de acercarse a la ciudadanía para justificar su existencia, demostrando que su labor trasciende los asuntos técnicos y afecta directamente a las personas.

Estos organismos habían estado alejados de la vida cotidiana de los mexicanos, percibidos como entidades técnicas que se movían en esferas de regulación, transparencia y competencia. Sus decisiones, aunque fundamentales, pasaban desapercibidas para una gran parte de la ciudadanía, lo que permitió que creciera una percepción de desconexión entre estas instituciones y las personas a las que sirven. No han hecho lo suficiente para promover entre la población los derechos que tutelan y se les percibe distantes o hasta a favor de las empresas o los gobiernos.

El INAI, que desde su creación ha jugado un papel central en la protección del derecho a la información y la transparencia, ha sido fundamental en la consolidación de un Estado más transparente. Sin embargo, muchos ciudadanos desconocen los beneficios de su trabajo diario.

Del mismo modo, el IFT, encargado de regular y supervisar las telecomunicaciones y la radiodifusión, se percibe como un ente técnico cuya función se limita a regular a oligopolios del sector.

La Cofece trabaja en la promoción de la competencia económica y combate prácticas monopólicas, protegiendo los derechos de los consumidores, pero su labor es percibida como algo distante de los intereses cotidianos.

La propuesta de reforma del presidente López Obrador ha generado un intenso debate en torno a la autonomía de estos órganos y la conveniencia de su existencia. La iniciativa, que ha avanzado en comisiones de la Cámara de Diputados y espera su aprobación en el Pleno de esa Cámara y su resolución en el Senado, plantea la desaparición de estos organismos autónomos en favor de una estructura centralizada.

Aunque los detalles de la propuesta inicial plantean una desaparición total de estos entes, el diputado Alfonso Ramírez Cuéllar, de Morena, ha matizado. Declaró en entrevista que lo que se busca es la fusión del IFT y la Cofece en una sola agencia antimonopólica. La fusión permitiría unificar las áreas de competencia de ambos organismos en una sola institución fuerte, con capacidad de investigación y sanción en el ámbito de la competencia y la regulación de telecomunicaciones.

Este modelo, inspirado en ejemplos como la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) de España, responde a la necesidad de austeridad y reducción de costos. España reestructuró sus órganos reguladores para consolidarlos en una sola entidad que supervisa la competencia en todos los sectores, generando ahorros y optimizando recursos.

En el caso del INAI, Ramírez Cuéllar propone fragmentar sus competencias: que la protección de datos se transfiera a un nuevo instituto enfocado exclusivamente en ese derecho, mientras que la transparencia e información pública se integraría a otra entidad distinta.

Las campañas de estos organismos autónomos reflejan un cambio de enfoque: reconocer que la legitimidad de una institución no sólo deriva de su mandato legal, también de su capacidad para conectarse con la ciudadanía. La autonomía de estos entes ofrece una regulación más técnica y especializada y menos libre de interferencias políticas, lo que permite que el IFT y la Cofece operen sin estar supeditados a los intereses de la administración en turno.

La supervivencia de los órganos autónomos requiere eficiencia y transparencia, pero también una estrategia comunicacional que los aproxime a la sociedad. Las campañas que he mencionado son un esfuerzo tardío en esa dirección. Finalmente han reconocido la necesidad de que los ciudadanos comprendan el impacto permanente de estas instituciones en su vida diaria.

El destino de estos organismos aún no está decidido. En caso de que prospere la propuesta de fusión, la nueva agencia antimonopólica representaría un cambio en cómo México regula sus mercados y telecomunicaciones. Independientemente del desenlace, queda claro que las instituciones necesitan acercarse más a la ciudadanía para garantizar su relevancia y permanencia en el tiempo, ser más accesibles, cercanas y comprensibles para los ciudadanos. Pero les ha faltado ser aún más directas y explicarle a la población que están en peligro de extinción.

Twitter: @beltmondi