CompraNet: una amnistía para la corrupción

La semana pasada, la Cámara de Diputados aprobó la Minuta del Proyecto de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. Además de las múltiples críticas que se hicieron al dictamen, con respecto a las puertas que éste abriría para facilitar la corrupción en la contratación de obra pública, uno de los principales problemas que implica la reforma, es la desaparición de la plataforma de contrataciones públicas conocida como CompraNet, que será sustituida por una nueva plataforma digital.

Como era de esperarse, los impulsores de la reforma sostienen que la nueva plataforma será más transparente y mejorará las deficiencias de CompraNet, reduciendo así la corrupción. Por su parte, la oposición insiste en lo contrario y caemos de nuevo en una discusión política circular e improductiva, de ésas que a los contribuyentes nos encanta patrocinar. Sin importar los detalles sobre las similitudes o diferencias técnicas que pueda haber entre CompraNet y la plataforma de compras del bienestar que la reemplace, lo cierto es que el proyecto de decreto aprobado omitió un detalle: en ninguno de sus artículos transitorios se prevé lo que ocurrirá con toda la información que actualmente se encuentra almacenada en CompraNet.

El artículo Cuarto transitorio del decreto establece que la nueva plataforma deberá estar concluida en su totalidad en un periodo de 30 meses, para reemplazar a CompraNet, pero no se refiere en lo absoluto a la transferencia de las bases de datos de esta última, o al menos a su conservación. El texto propuesto para el nuevo artículo 74 Sexto de la ley reformada, señala que la nueva plataforma deberá conservar la información sobre las contrataciones por un periodo de 5 años, pero esta disposición no sería aplicable a la información en CompraNet, salvo que un artículo transitorio lo estableciera de manera expresa.

De esta manera, una vez que se apruebe la reforma, la información sobre las contrataciones públicas en CompraNet podrá destruirse por completo tan pronto como se implemente la nueva plataforma. Este evento tendrá un impacto profundo, por lo menos desde dos frentes. Por una parte, en materia de corrupción, la destrucción masiva de los antecedentes de contrataciones públicas sería en realidad una amnistía por parte de Morena para todos los funcionarios públicos y empresarios que hayan participado en contrataciones ilegales hasta ahora. Incluso, algunos podrían percibir los 30 meses de vida que le quedan a CompraNet como una buena oportunidad para continuar las contrataciones ilegales, con un riesgo temporalmente limitado.

Por otro lado, el impacto en la transparencia gubernamental será grave. Aun cuando CompraNet tenía sus deficiencias, y se requería cierta pericia para ejecutar búsquedas certeras de información, sus bases de datos permitían a cualquier interesado acceder de manera instantánea a documentos y datos oficiales sobre las contrataciones públicas. Un periodista, por ejemplo, podía identificar rápidamente los nombres de los particulares a quienes se hubieran asignado contratos, las fechas y conceptos de su celebración y las contraprestaciones pagadas a estos.

En este sentido, la reforma y la destrucción de la información en CompraNet dificultará en gran medida el ejercicio de la labor periodística en México, pues los periodistas perderán acceso a información pública esencial y relevante para la producción y difusión de sus notas o, en su defecto, tendrán que interponer recursos legales para obtenerla. Si sumamos a ello, los efectos de la reciente reforma en materia de acceso a la información pública, es evidente que el nuevo marco jurídico es adverso para el ejercicio del periodismo de investigación y, en general, para la transparencia y rendición de cuentas del gobierno.