Contrarreforma eléctrica ¿rectificación o coartada?

La reforma eléctrica de 2013 acabó con el monopolio de CFE, la convirtió en una Empresa Productiva del Estado, obligándola a competir a través de subsidiarias para maximizar eficiencia y transparencia. Abrió al sector privado la generación, distribución y suministro de electricidad. Creó un Mercado Eléctrico Mayorista para los grandes usuarios. Promovió la Transición Energética y las energías limpias mediante Certificados de Energía Limpia. Estableció reglas del despacho eléctrico con base en el precio para garantizar los menores costos posibles (las energías limpias son las más baratas). Impuso subastas obligatorias para los suministradores básicos, asegurando así las tarifas más bajas a los pequeños y medianos usuarios. Se garantizó el acceso de toda la población a la energía eléctrica a partir del Fondo del Servicio Universal Eléctrico. Se le otorgaron a la Comisión Reguladora de Energía facultades autónomas de regulación, mientras que el Centro Nacional de Control de Energía se hizo cargo del despacho eléctrico y operación del mercado, como un organismo del Estado. Todo esto, formaba parte de un proyecto liberalizador y modernizador del sector energético y de la economía nacional, y representaba un ambicioso programa coherente de descarbonización para cumplir metas de Cambio Climático, con un impulso inédito a la inversión en energías eólica y solar. Todo esto resultó anatema para el nuevo gobierno de izquierda populista que se instaló en 2018. Por ello, el “ex” presidente López hizo cambios al marco legal para desmantelar la Reforma del 2013, aunque fueron declarados inconstitucionales por el Poder Judicial, lo que le valió la venganza del régimen y su destrucción. Después de haber logrado Morena y socios mayoría calificada en el Congreso (de manera espuria), el gobierno entrante en 2024 se abocó a cumplir los deseos del “ex” presidente López, con modificaciones constitucionales de contrarreforma que han revertido en gran medida la Reforma del 2013. Se restablece el monopolio, aunque disparatadamente se afirma que este “monopolio” no se considerará “monopolio”. Se plasma en la Constitución el capricho insondable del “ex” presidente López que concede por fuerza a la CFE el 54% de la generación de electricidad. La CFE deja de ser Empresa Productiva del Estado para convertirse en Empresa Pública (se entiende que ya no será productiva) con una misión “social”, que ahora no tendrá como objetivo generar valor para la sociedad y para el Estado (ya que es algo “neoliberal”). Se eliminan subsidiarias y se reunifica CFE reinstaurando los vicios del pasado. Se fuerza a la inversión privada a ser socia minoritaria de CFE en nuevos proyectos. A los Productores Independientes de Energía (que le venden electricidad a CFE) ya no se les permitirá generar y vender excedentes a privados, lo que será otro freno definitivo a la inversión. Una vez eliminada la Comisión Reguladora de Energía, la Contrarreforma transfiere facultades regulatorias y de planeación a la SENER (el gobierno será juez y parte).

La contrarreforma inhabilita los Certificados de Energía Limpia como instrumento para promover la Transición Energética, y se convierten sólo en una inútil curiosidad contable. Se desconoce cómo, de esta forma, se podría lograr el objetivo planteado de 45% de energía limpia (lo que significaría unos 45-50 mil MW adicionales) al 2030, algo, en este nuevo contexto, totalmente inalcanzable. Las subastas desaparecen en la práctica, ya que no serán obligatorias. Se excluye al sector privado del sistema de transmisión y distribución. Misteriosamente, se mantiene el despacho eléctrico con base en el mérito económico (precio), pero los privados no podrán rebasar el 46% de la generación, aunque sean los más baratos. No se sabe cómo se lograrán tarifas bajas con ese cabalístico porcentaje y sin subastas. (Los costos de generación de CFE son muy superiores a las centrales privadas). Se mantiene el mercado eléctrico – aunque con estacas encajadas en las ruedas – y se promete promover la generación distribuida (in situ en pequeña escala), cuyo umbral máximo se incrementa de 500 KW a 700 KW sin necesidad de permiso, y otorgar o respetar permisos de autogeneración o autoconsumo (al parecer hasta 20 MW) para la mediana y gran industria con tramitología simplificada. Esto también entrará en contradicción con el enigmático 54%, el cual no se aclara si será en el despacho en tiempo real, o en promedios horarios, diarios, mensuales o anuales. Podrán hacerse “trampa” ellos mismos considerando como de CFE la generación de ciertas centrales privadas (como las supuestamente estatizadas de Iberdrola), o no contabilizando la autogeneración privada como “privada”. Tampoco se sabe si se exigirán baterías a la autogeneración para evitar la sobrecarga de la red eléctrica. Con el Poder Judicial destruido y en manos de Morena, ninguna empresa se arriesgará a ser bloqueada o confiscada al invocarse el hermético 56%. En tal escenario de incertidumbre energética, y captura y desmantelamiento judicial, México deberá olvidarse del mítico nearshoring y de la Transición Energética. La Contrarreforma, más que una tímida y contradictoria rectificación, representa un ostensible desplante de reafirmación de poder del “ex” presidente López.