Contrarreforma energética, fuera máscaras

La Reforma Energética del 2013 fue un gran avance económico, ambiental y climático. Terminó con monopolios, abrió el sector energético a la inversión privada y a la competencia, dio al Estado sólidas capacidades regulatorias, maximizaba la renta petrolera para el Estado, promovía la eficiencia y menores costos en la factura eléctrica de hogares y empresas, incentivaba la inversión extranjera directa en hidrocarburos e industria manufacturera, así como el Nearshoring, y puso en marcha un ambicioso y eficaz proceso de Transición Energética y política climática. Desgraciadamente, no fue internalizada por la sociedad, ni por los partidos políticos que la lograron. No supieron o no quisieron valorarla y defenderla ante la embestida de una ascendente izquierda populista. Durante el pasado gobierno se intentó inhabilitarla por la vía de leyes secundarias, pero, una Suprema Corte independiente lo impidió dada su inconstitucionalidad. De cualquier forma, quedó asentado el propósito retardatario y estatista del partido en el poder, que ha sido llevado a la práctica la semana pasada por el nuevo gobierno gracias a una espuria mayoría calificada en el Poder Legislativo. 

Se han modificado los Artículos 25, 27 y 28 de la Constitución. Pemex y CFE han dejado de ser empresas productivas del Estado para convertirse en monopolios públicos. Se crean nuevos monopolios en litio y servicio de internet. Pemex y CFE se transforman en entidades con “responsabilidad social” sin mandato de creación de valor ni rentabilidad, dejarán de estar regidas por el derecho mercantil, se multiplicarán las pérdidas y el desfalco al erario; ya no tendrán utilidades ni competirán con empresas privadas. Se anula la participación privada en transmisión y distribución de electricidad. Se introducen preceptos absurdos como evitar el “lucro”, la “prevalencia” de la CFE sobre las empresas privadas, y de reservar al Estado el 54% de la generación de electricidad (¿por qué precisamente el 54%?). Se reduce la inversión privada a un papel meramente residual (“46%” de la generación) y subordinado a decisiones arbitrarias. No se sabe si el 54% y el 46% serán en periodos horarios, por día, mes, año, sexenio. Como el gobierno no tiene recursos ni capacidades de ejecución (¿o van a militarizar también a la CFE?), no va a invertir de manera significativa en nuevas centrales (tampoco en transmisión), por lo que los privados no podrán participar, ya que se rompería ese delirante porcentaje. Caerá el margen de reserva, la demanda superará a la oferta de electricidad, y por tanto vendrán apagones. El Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) tendrá que desconectar centrales privadas limpias y de bajo costo cuando superen el 46%. Habrá más apagones y tarifas más altas. El privilegio a CFE en el despacho eléctrico, a cualquier costo, promoverá las energías fósiles más caras. Prácticamente se desmantelan el mercado eléctrico y el mercado de potencia, así como los Certificados de Energía limpia y, las subastas de energía limpia. No podrán operar suministradores privados, ni contratos bilaterales que abastecen competitivamente y a precios bajos a usuarios calificados (grandes consumidores). Las empresas pagarán más por la electricidad. Se bloqueará a hogares y empresas que instalen sistemas solares fotovoltaicos en generación distribuida, ya que harían que se supere el 46% de generación privada. Se pararán inversiones industriales y el Nearshoring por falta de energía limpia, costos excesivos, discrecionalidad e incertidumbre. Peligrará el T-MEC.

Algo gravísimo: desaparece la responsabilidad del Estado en la Transición Energética, así como toda mención a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Así se impide la posibilidad de que prospere cualquier amparo que busque mantener la energía limpia y hacer valer compromisos climáticos. Está el precedente del gobierno de López, que incrementó la generación de electricidad con combustibles fósiles a expensas de las energías limpias, y desplomó la inversión en generación de electricidad a la cuarta parte de lo registrado entre 2012 y 2018, de 54 mil a 13 mil millones de USD. Todo apunta a que ahora las cosas serán peores, a pesar de la supuesta promesa de llegar al 2030 con un 45% de energía limpia. La contrarreforma es, simplemente, incompatible con ese objetivo. Fuera máscaras.

Viene una nueva época de discrecionalidad monopólica en el sector energético a cargo de Pemex y CFE. Atrás, queda todo compromiso no sólo con la Transición Energética, sino con el Estado de Derecho, lo cual se suma a la destrucción del Poder Judicial y de organismos autónomos como signos ominosos del nuevo México. La demanda eléctrica ya ha llegado (en 2023) a 345,000 GWH, y se espera un crecimiento de 3-5% anual – tal vez más – por la electrificación del parque vehicular, para alcanzar en 2030 hasta 462,000 GWH. Será imposible satisfacerla. Además, para cumplir con el supuesto 45% de energía limpia (208,000 GWH) al 2030, se requerirían más de 50 GW de capacidad nueva de energías renovables, lo que implica una inversión superior a los 55,000 millones de dólares. El gobierno no puede pagar el “54%” de ello. Fuera máscaras...