La crisis, ¿oportunidad o ruptura?

Esta semana, una comitiva del gobierno mexicano viajará a Washington D.C. para reunirse con sus pares recién ratificados por el Senado. Sobre estas pláticas tiende la espada de Damocles del 4 de marzo, término de los 30 días que Trump dio a México para las negociaciones, donde se espera que México “haga más” para frenar el tráfico de migrantes y fentanilo a su frontera norte. A estas alturas, es imposible predecir qué hará Trump, pero lo que sí sabemos es que estamos parados ante esta amenaza y podemos definir qué hacer.  

Es innegable que la economía mexicana atraviesa un proceso de desaceleración con signos recesivos. A pesar del ligero repunte del consumo en enero, la inversión sigue deprimida, el empleo estancado y los índices de confianza empresarial no muestran un panorama alentador. El Banco de México estima un crecimiento de apenas 0.6% este año, y eso sin considerar los efectos de los posibles aranceles. Quizá la única noticia positiva es la inflación, pero no es motivo de celebración. El Banco de México no puede desacoplar su política monetaria de la Fed sin afectar el tipo de cambio, que atraviesa un periodo de alta volatilidad. Mientras la amenaza de aranceles persista, gran parte de las inversiones privadas, nacionales y extranjeras, seguirán en pausa.

¿Qué podría hacer el gobierno en esta situación?

La teoría indica que, siendo un gobierno de “izquierda” con creencias dirigistas de la economía, este es el momento idóneo para lanzar una política contracíclica de inversión pública. Existen muchos proyectos de inversión en infraestructura y energía que no sólo impulsarían la economía, sino que también aportarían beneficios estratégicos al país. Destacan las inversiones en generación y transmisión eléctrica, la ampliación de los puertos de Manzanillo y Lázaro Cárdenas, su conexión ferroviaria con los puertos del Golfo de México y la expansión de la autopista México-Laredo en los tramos CDMX-Querétaro y Monterrey-Laredo, además de la modernización y ampliación de cruces fronterizos.

Pero ojalá fuera tan sencillo. En términos beisboleros, el gobierno “ni picha, ni cacha, ni deja batear”. No puede asumir por su cuenta estas inversiones debido a la delicada situación fiscal que heredó de su antecesor. El déficit de 2024 de 5.9% es insostenible y la prometida “consolidación fiscal”, de cumplirse, no hará más que provocar una crisis. Pero seguir gastando sin control tampoco es opción, menos aún si los recursos siguen fluyendo hacia proyectos fallidos como Dos Bocas y el Tren Maya.

La solución obvia sería recurrir al sector privado mediante concesiones o asociaciones público-privadas, pero eso asusta a este gobierno. Aunque la nueva versión de la ley eléctrica tiene aspectos positivos, persisten dudas, sobre todo en cómo conciliar un despacho económico con el 54% de generación reservado a la CFE. En puertos y carreteras, los procesos están retrasados y no hay claridad sobre cuándo serán concursados. Y, por si fuera poco, la reforma judicial añade más incertidumbre: en el mejor escenario, en tres años tendremos un sistema un poco peor que el actual; en el peor, uno mucho peor.

Esta encrucijada, aunque tiene muchos componentes domésticos, viene de fuera y podría marcar la ruptura de este gobierno con el anterior. Las condiciones económicas presentan una disyuntiva para la presidenta: mantener los dogmas y caprichos del sexenio pasado, agravando los problemas económicos, o dar un golpe de timón para corregir el rumbo. Desafortunadamente, lo primero parece más probable.