La Cultura de la Paz, derechos civiles a la baja

“Sin justicia y sin respeto por los derechos humanos no puede haber paz”, Irene Khan.

Por imposición de la sobrerrepresentación legislativa del oficialismo -que no se ganó en las urnas- y en un alarde de obediencia al expresidente, con el aval de la mandataria, se cocina un marco constitucional que debilita la cultura de la paz y al tejido social al trastocar los derechos civiles y los de los ciudadanos. Es inadmisible que, por la sobrerrepresentación mencionada, el Congreso de la Unión esté neutralizado al operar como instancia de ratificación y confirmación de instrucciones del exmandatario, lo que evidencia el debilitamiento de la división de poderes. 

A pesar de los avances constitucionales que se habían alcanzado y la adhesión a tratados internacionales, se han deformado postulados constitucionales, se desmantelan las instituciones democráticas, el estado civilista, la división de poderes, el sistema federal y los contrapesos que han limitado y vigilado al poder público.

Tristemente nos enfrentamos a la reducción de libertades y de posibilidades de defensa que ya fue plasmada en el texto constitucional en perjuicio de todos.

Un ejemplo es la prisión preventiva oficiosa que obliga a una persona a enfrentar su proceso en la cárcel, a pesar de que no se le haya probado delito alguno. La mayoría oficialista aprobó la semana pasada un aumento al catálogo de delitos por los que se podrá encarcelar a personas sospechosas, a pesar del principio de presunción de inocencia.

Esto significa que la represión podrá utilizarse “legalmente” como herramienta para someter a periodistas, opositores y a empresarios, entre otras personas o grupos, con la amenaza de ir a prisión.

Ello a pesar de que la Declaración Universal de los Derechos Humanos, suscrita por México, establece en su artículo 11, primer apartado, que “Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa.” La prisión preventiva y el catálogo de posibles delitos que prevé la reciente reforma constitucional son contrarias a esa regla.

Algunos de los desafíos del gobierno que afectan a todos y que no se han atendido eficazmente son la violencia generada por el crimen organizado, las desapariciones forzadas, los homicidios y las ejecuciones extrajudiciales. Lo mismo ocurre con la alta tasa de impunidad en delitos de alto impacto que es un obstáculo para la justicia y la reparación integral de las víctimas. La falta de investigaciones efectivas y sanciones a los responsables permite que la violencia persista y se perpetúen los ciclos de violencia. Una de las causas es la falta de coordinación entre las instituciones encargadas de la seguridad pública, de garantizar los derechos humanos, combatir la corrupción y la impunidad, lo que debilita el Estado de Derecho, o bien la simulación en su actuar. Para completar el escenario, en el proyecto de presupuesto 2025 es evidente que la seguridad pública, entre otros renglones básicos como el medio ambiente y la salud, no es prioritaria para el gobierno.

Para superar esos desafíos es necesario garantizar la independencia judicial y mejorar las capacidades para investigar y sancionar las violaciones a los derechos humanos, lo que será más difícil con el nuevo marco constitucional.

Un preocupante aspecto en materia de derechos humanos es la amenaza de quedar desprotegidos. Tal es el caso de la reciente y forzada designación de la peor calificada candidata a ocupar la presidencia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) que el oficialismo reeligió, a pesar de que durante su gestión demostró un servilismo hacia el gobierno y omisión en el cumplimiento de sus obligaciones. Todo indica que los defensores de derechos humanos, los ambientalistas, los activistas contrarios al régimen y los periodistas, entre otros, estarán más desprotegidos sin que se garanticen las condiciones para que puedan ejercer su labor de manera libre y segura.

Era lógico prever que el expresidente daría instrucciones a sus leales legisladores, gobernadores y aún a la mandataria tal y como se evidencia en los alcances de las reformas y la reelección de la presidenta de la CNDH.

La situación de los derechos humanos en México es compleja y requiere de esfuerzos coordinados de todos los actores de la sociedad para lograr avances significativos.

Afortunadamente México es parte de numerosos tratados internacionales que protegen las garantías individuales, también conocidos como derechos humanos. Estos tratados establecen un marco normativo a nivel global para garantizar la dignidad y los derechos fundamentales de todas las personas; complementan las garantías individuales establecidas en la Constitución; amplían su alcance al proporcionar estándares internacionales, y ofrecen una protección adicional a los ciudadanos mexicanos, especialmente en aquellos casos donde la legislación nacional pueda ser insuficiente o estar siendo violada o aún trastocada para diluir la protección.

Algunos de los principales tratados internacionales de los que México forma parte son: la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José); el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; la Convención sobre los Derechos del Niño y la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, entre otros.

Formar parte de estos tratados implica que los ciudadanos mexicanos tienen derechos adicionales a los establecidos en la Constitución, derechos en una decadencia impulsada por el oficialismo, y que pueden acudir a instancias internacionales para hacer valer estos derechos en caso de ser necesario. El Estado mexicano debe cumplir estos tratados y garantizar el pleno ejercicio de los derechos humanos.

Urge distender la polarización, que el gobierno incluya a todos y recuerde que el Estado ha de utilizar todos los medios a su alcance para cumplir con su principal propósito, el de proteger las vidas, los derechos y los bienes de las personas.

*El autor es abogado, negociador y mediador

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