Lectura 6:00 min
La Cultura de la Paz, Terrorismo Hecho en México
Para el pueblo de Ucrania, a tres años de la invasión rusa.
Uno de los más graves flagelos que sufren tejidos sociales de miles de comunidades en el mundo es el terrorismo que, según la definición de la ONU, implica la intimidación o coerción de poblaciones o gobiernos mediante la amenaza o el uso de la violencia, resultando a menudo en la muerte, lesiones graves o el secuestro de personas.
El terrorismo violento constituye una violación flagrante de los derechos humanos y de las libertades fundamentales de individuos y grupos. Sin embargo, la definición de terrorismo varía entre los Estados, a menudo con un alto grado de ambigüedad. Esta falta de consenso dificulta la cooperación internacional y la aplicación efectiva de medidas antiterroristas.
México no ha sido ajeno a ese azote que aumentó de forma muy peligrosa a partir de 2019 debido a la política gubernamental de seguridad pública que se caracterizó por la inacción, una muy probable complicidad y protección a criminales en perjuicio de cientos de miles de mexicanos y del tejido social, que incluyó la distracción de los militares en actividades civiles.
Durante los últimos seis años cada vez más localidades han sufrido del abandono gubernamental y han quedado sometidas al libre albedrío de criminales y cárteles que hoy dominan amplias zonas del territorio nacional. Zonas transformadas en campos de batalla en las que también se realizan acciones terroristas contra los habitantes, entre otras: masacres, asesinatos y secuestros; desplazamientos violentos de sus localidades; bloqueos de carreteras; segregación, y aplicación generalizada de extorsiones. Para actuar utilizan todo tipo de armas, incluidos drones, granadas y minas.
Aunque según la mandataria "no negociamos nuestra soberanía" las organizaciones criminales la ejercen a sus anchas en cada vez más amplias regiones, además de distorsionar la vida democrática nacional.
Algunas de las acciones que ejecuta el crimen organizado y cárteles de la droga en México están tipificadas en el Código Penal Federal, en su artículo 139, que forma parte del Capítulo Terrorismo, se enlistan las conductas consideradas delitos terroristas, por ejemplo la utilización de explosivos, de armas de fuego y aeronaves; la ejecución de medios violentos; la realización de actos intencionales en contra de bienes o servicios, ya sean públicos o privados y en contra de la integridad física, emocional, o la vida de personas, que produzcan alarma, temor o terror en la población o en un grupo o sector de ella y utilicen sustancias tóxicas para producir narcóticos.
Con estas definiciones legales resulta curioso que el oficialismo se rasgue las vestiduras ante la declaratoria de Estados Unidos de organizaciones terroristas a seis de los cárteles mexicanos. En esa línea aparecen las más recientes iniciativas de reforma a la Constitución enviadas al Legislativo, así como declaraciones del oficialismo mexicano en torno a una supuesta defensa de la soberanía y una presunta unidad nacional que parecen estar dirigidas a proteger a las organizaciones terroristas mexicanas.
Esas organizaciones criminales no sólo son una amenaza nacional, también afectan tejidos sociales de otros países, entre ellos Estados Unidos y Canadá.
El Departamento de Estado formalizó la orden ejecutiva del presidente estadounidense para incluir en la lista de organizaciones terroristas a ocho grupos criminales latinoamericanos, entre los cuales destacan sólo seis mexicanos, ya que representan "un riesgo para la seguridad nacional" y la integridad de la sociedad estadounidense.
El presidente de Estados Unidos, quien recién declaró que “México, desde hace años, pero ahora, especialmente, está dirigido por los cárteles” impulsa acciones de diversas agencias de su país para perseguir y acabar a los cárteles de las drogas que también impulsan la migración ilegal.
Con un panorama complejo en varios frentes y ante las amenazas y presión que ejerce el gobierno norteamericano, conviene no perder de vista que toda crisis ofrece oportunidades, en esta situación es indispensable que el gobierno mexicano haga sinergia con las agencias norteamericanas, pues la participación de los Estados Unidos puede significar el rescate y liberación de comunidades y actividades productivas que son gravemente afectadas por el crimen organizado. El mandatario estadounidense ha señalado que “si (su homóloga) quisiera ayuda al respecto se la podríamos dar.” La suma de los esfuerzos de ambos países para colaborar y coordinar acciones contra las organizaciones terroristas de nuestro país, al potenciarse, podrá evitar mayores daños colaterales que afecten a México. Esta sinergia podrá restaurar el tejido social y la cultura de la paz.
La mandataria aspira al diálogo y comprensión, lo está logrando con funcionarios de Estados Unidos, algunas respuestas de su gobierno están a la vista como el envío de 10 mil efectivos de la Guardia Nacional a la frontera norte para contener el flujo de migrantes y de drogas como el fentanilo; la detención de capos, sicarios y otros integrantes de grupos delincuenciales y decomisos de drogas. Acciones positivas que muestran un cambio en la política nacional de seguridad.
El 4 de marzo el gobierno estadounidense evaluará las respuestas del gobierno mexicano ante las presiones de su presidente para determinar la imposición de aranceles.
La presión norteamericana fue indispensable para que el gobierno mexicano reaccionara y empezara a actuar contra el crimen organizado. Lo que también propició que la mandataria reconociera que el diálogo es indispensable, aunque todavía parece creer que sólo lo necesitará hacia el exterior.
Como hemos sostenido en varias oportunidades el diálogo resulta indispensable en todos los ámbitos de interacción social, así como la participación, la inclusión, el respeto y el consenso.
Deseamos a la presidenta y a sus interlocutores éxito en las negociaciones con nuestros socios de América del Norte y en las medidas que se apliquen en beneficio de México.
*El autor es abogado, negociador y mediador.
