Dilemas chilangos

Brilla Cuauhtémoc se denomina el programa de sustitución de luminarias lanzado por la alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega recién inició su trienio. La principal demanda de los habitantes de la CDMX es la seguridad y ante la paradoja resultante de la ausencia de una policía de proximidad en la megaurbe, la solución local debe ser tan ingeniosa como efectiva. Con apenas 300 uniformados para atender los ocho sectores de la demarcación, la coordinación con el gobierno de Clara Brugada resulta necesaria, pero también reorientar los recursos disponibles para prevenir el delito, competencia ineludible de los gobiernos municipales.

La seguridad y el combate a la corrupción son los problemas que más aquejan a los chilangos. Los baches, las calles sin iluminación y el desabasto de agua, los reclamos más sentidos que han tenido que atender los alcaldes en funciones desde hace dos meses.

Entre los morenistas, Javier López Casarín, alcalde de Álvaro Obregón, implementará un sistema de “seguridad integral 360” con asesoría del equipo que acompañó a Rudy Giuliani cuando fue alcalde de Nueva York. La teoría de las “ventanas rotas” sustentó las estrategias de seguridad en aquella urbe cosmopolita y en Los Ángeles, pero sus autores —contratados hace dos décadas por Marcelo Ebrard— han modernizado sus propuestas.

Cero tolerancia contra las chelerías es distintivo de los gobiernos aliancistas en este trienio. El perímetro A del Centro Histórico —allí están las sedes de los tres poderes de la Unión y circulan diariamente más de cinco millones de personas— cuenta con una robusta red de video vigilancia pero la alcaldesa no tiene acceso directo al C5 y su antecesora, la exaliancista Sandra Cuevas, le heredó un sistema literalmente desconfigurado.

Con un presupuesto de casi 3,800 millones de pesos, pero un gasto corriente que apenas le deja disponible una tercera parte de esos recursos, Rojo de la Vega ha tenido que construir alianzas con el equipo de Brugada y con el empresariado de la Cuauhtémoc, pero muchos han condicionado su respaldo a los programas de la alcaldesa al cumplimiento de una demanda casi unánime: erradicar la extorsión.

Para atender tales reclamos e inhibir conductas al margen de la ley, más de 200 funcionarios de la alcaldía —incluida la jefa—recibirán una capacitación.

La era de los funcionarios inaccesibles y los trámites eternos parece no tener fin, lo mismo que el enojo y la frustración de los ciudadanos. En la Cuauhtémoc, además, la nueva alcaldesa se ha propuesto erradicar a los caciques que durante dos décadas han manipulado a la burocracia municipal. Y —aseguran sus colaboradores— también han creado una estructura paralela de inspectores y verificadores “clonados” que amagan a pequeños comerciantes, ambulantes, desarrolladores inmobiliarios y migrantes irregulares.

Hace una década, Rojo de la Vega se convirtió en una figura pública por su trabajo filantrópico y poco después, por sus apariciones en la primera fila de las luchas feministas. El activismo le abrió las puertas de la política, pero ha tenido que pagar un alto costo, tanto en lo personal como en lo profesional.

Al arranque de su mandato, no quiere hablar del largo plazo. Y muy forzada, acepta imaginar un epígrafe para una feminista en el ejercicio del poder que ha decidido enfrentar la corrupción. “Por encima de mis convicciones, nada”, rubrica.