Las finanzas públicas implican graves dilemas

E s muy probable que el PIB crezca a menor tasa que la utilizada en el presupuesto federal (PEF 2025) de 2.3%. Así, los ingresos públicos serán menores a lo presupuestado. Ante ello, puede ser que: 1) la meta de déficit del PEF se cumpla, reduciendo todo el gasto público, o 2) se cumpla con una fuerte reducción del gasto exceptuando las prioridades políticas del gobierno, o 3) que se incumpla la meta fiscal, o 4) una combinación de las anteriores.

En todo caso, el ajuste será considerablemente traumático y pondrá en riesgo al país y a la economía.

La debilidad de las finanzas públicas es evidente. En 2024 su déficit fue el más elevado de los últimos 35 años; insostenible, aún sin considerar los problemas prospectivos de Pemex. El PEF plantea bajar el déficit de 5.7% del PIB a 3.9% en 2025; difícil de origen, pero más aún ante ingresos públicos menores a los planeados.

El Banco de México estima que el PIB crecerá alrededor de 0.6% en 2025, en vez del 2.3% implícito en el PEF. Los ingresos públicos podrían subir en 0.9% en vez del 3% previsto, 74 mil millones de pesos menos que lo presupuestado. Para cumplir con la meta fiscal, el gasto programable tendría que compensar la caída de ingresos, reduciéndose 7.5% en vez de 6.5% presupuestado. Las opciones 1 a 3 señaladas implican lo siguiente:

1.- Un recorte parejo de gasto es la más razonable, pero quizá resultaría demasiado inconveniente para el gobierno, ya que la función Protección Social, que aloja a la mayoría de los programas sociales y es la única función de gasto que crece en el PEF aprobado, pasaría de un incremento real de 6.7% a una reducción de 1.3% respecto a 2024; la caída en Seguridad Nacional (función más exigida actualmente) sería pronunciada, -47%. Las reducciones en todas las demás funciones se ampliarían sensiblemente, como en Salud de -8% a -15%, Educación de -1% a -9% y Seguridad Pública de -10% a -17%.

2.- Si el gobierno protege el gasto de sus programas sociales y de Seguridad Nacional (34% y 2% del gasto), las consecuencias para el resto de las funciones serían devastadoras, especialmente en funciones con importantes y evidentes necesidades. Respecto a 2024, el cambio en el resto del gasto sería -41%, en Salud -42%, Educación -37% y Seguridad Pública -43%.

3.- Si se incumple la meta de disminuir el déficit a 3.9% del PIB, el riesgo sería un deterioro en la confianza en la sostenibilidad fiscal, que añadiría a la ya elevada incertidumbre. Los déficits de 2024 y el planeado para 2025 son los más altos de los últimos 25 años. Y a ese problema se añaden las pérdidas y endeudamiento de Pemex y la fragilidad del sector energético.

4.- Obviamente, una combinación de las opciones anteriores resultaría políticamente inconveniente para la popularidad del gobierno, y disruptiva y riesgosa para el país.

En términos de política pública, lo más responsable sería evitar un mayor deterioro del que ya se ha dado en el gasto público y la calidad de los servicios principalmente, pero no exclusivamente, en Salud, Educación y Seguridad Pública, así como un debilitamiento fiscal adicional. Ello requeriría realismo, temple y valor para cambiar el rumbo de la política pública en diversos sentidos.