El futuro del comercio electrónico y su regulación

El comercio electrónico ha experimentado un crecimiento exponencial en los últimos años, alcanzando casi 7 billones de dólares en ventas globales en 2024, con un crecimiento anual promedio del 14%. Representa 4.5% del PIB global y 25% de las ventas minoristas mundiales. El número de compradores en línea se estima en 3 mil millones, mientras el tráfico web global superó los 5 billones de visitas.

En México, el comercio electrónico se consolidó como un sector clave en la economía digital del país. En 2024, México se posicionó como líder mundial en crecimiento del comercio electrónico al minorista, con un valor de mercado de 658 mil millones de pesos. Más de 65 millones de personas realizaron compras en línea en México. Estas cifras reflejan la consolidación y expansión del comercio electrónico a nivel global y en México en los años recientes.

Debido a la creciente influencia de este segmento de la economía, diversas autoridades de competencia iniciaron investigaciones para determinar la mejor manera de regular estos mercados. Entre estas autoridades se encuentran las de Estados Unidos, la Unión Europea, Reino Unido, Alemania, Francia, Japón y Australia.

Similarmente, en febrero de 2024 la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) de México emitió un dictamen preliminar por la probable existencia de barreras a la competencia en tres mercados del comercio electrónico. En el dictamen preliminar, que puede ser consultado públicamente, se identifican presuntas barreras a la competencia en: programas de lealtad de las plataformas, asimetría de la información en las reglas para la selección y difusión de promociones, y servicios logísticos relacionados. Al respecto, se emitieron nueve medidas con las cuales se propone eliminar las barreras identificadas y asegurar condiciones de competencia efectiva en el mercado.

Sin embargo, hasta ahora la discusión para regular y promover la competencia en el comercio electrónico no es clara ni indiscutible, ya que se da en un entorno que carece de consensos y donde predomina la incertidumbre, lo que podría crear precedentes jurídicos perniciosos para la competencia y el bienestar de la población. Aquí describo cinco elementos clave:

1. Las investigaciones en otras jurisdicciones carecen de consenso sobre las conductas investigadas. Los enfoques son tan diversos como exclusividades, depredación de precios, barreras a la entrada, insumos esenciales y abuso de información asimétrica; por lo que aún no existen estándares mínimos que garanticen una regulación eficiente.

2. La discusión en México ha dedicado mucho tiempo a la resolución de conflictos competenciales ante el Poder Judicial relacionadas con atribuciones institucionales, lo cual ha rezagado la construcción de precedentes jurídicos y técnicos válidos para el análisis, la investigación y la regulación de los mercados digitales.

3. En los próximos meses habrá una nueva ley de competencia, una nueva autoridad antimonopolios, y nuevos jueces y magistrados especializados en la materia. Por lo que se espera que este nuevo régimen inicie desde cero en diversos aspectos básicos de política pública.

4. Como parte de la reforma constitucional en competencia económica aprobada en 2024 no se han discutido suficientemente el desarrollo de las capacidades técnicas ni las herramientas de análisis e investigación, lo cual es particularmente importante en los mercados digitales que suelen ser más dinámicos y sofisticados que los tradicionales.

5. El nuevo régimen de competencia debe ser armónico con la nueva estrategia federal en materia de mercados digitales de la cual, hasta ahora, únicamente se conocen documentos generales. En esta lógica, ninguna investigación debe ir en sentido contrario al de la estrategia nacional ni de sus objetivos prioritarios.

En este contexto, el análisis de los mercados digitales y del comercio electrónico debe considerar al menos estos elementos para generar regulaciones eficientes. En caso contrario, un análisis apresurado propiciará consecuencias no intencionadas que derivarán en regulaciones dañinas a los consumidores, en ineficiencia de los mercados y en señales contradictorias que desalienten la inversión, en detrimento del crecimiento económico y del bienestar social.