La ilusión de los mexicanos con las pensiones

Esta semana, la CNTE logró tirar otra reforma presidencial que buscaba hacer cambios a la Ley del ISSSTE de 2007. Aunque los cambios no tenían nada que ver con pensiones, una de las principales exigencias del magisterio, que llevó a protestas en la CDMX, es volver al régimen de beneficio definido que tenían los servidores públicos antes de 2007 y los empleados formales del sector privado antes de 1997. Al mismo tiempo, la ENIF 2024 señala que 68% de los mexicanos cuenta con los apoyos del gobierno para cubrir sus gastos en la vejez, un incremento de 11 puntos porcentuales respecto a la última medición realizada en 2021, pero solo 50.3% considera su pensión como fuente de ingresos.

¿Están equivocados los mexicanos?

El sistema de pensiones inició en 1943 con la creación del IMSS y se consolidó en 1973 con un esquema de beneficio definido, financiado por aportaciones de trabajadores activos. Con 500 semanas cotizadas se obtenía una pensión vitalicia, calculada con el salario promedio de los últimos cinco años laborales. Pero en los noventa, este modelo mostró ser insostenible debido al envejecimiento poblacional, aportaciones bajas y prácticas para inflar las pensiones.

En respuesta, en 1997 se adoptó un modelo de contribución definida con cuentas individuales administradas por afores. Quienes cotizaban antes pudieron conservar el esquema anterior, opción que la mayoría eligió por sus beneficios superiores.

En 2007, se hizo una reforma similar en el ISSSTE, introduciendo cuentas individuales para nuevos empleados públicos (PensionISSSTE) y ofreciendo a los anteriores permanecer o migrar voluntariamente con un bono. Otra vez, la mayoría eligió el sistema previo, reduciendo el ahorro fiscal esperado.

El régimen pensionario anterior (Ley 73) consume más del 22% del gasto público federal, 5.8% del PIB, con cobertura insuficiente. Beneficia principalmente a generaciones anteriores, mientras la mayoría de los trabajadores actuales dependen de las afores.

Las afores enfrentan retos críticos: informalidad laboral elevada, aportaciones bajas y tasas de reemplazo insuficientes, lo que resultará en pensiones inferiores a las esperadas. La reforma de 2021 aumentó la contribución obligatoria y redujo semanas cotizadas, pero no resolvió el problema estructural de informalidad y bajos salarios.

Por otro lado, las pensiones universales o "pensiones del bienestar" representan casi un cuarto del gasto pensionario, beneficiando a adultos mayores sin importar su historial laboral. Aunque reducen la pobreza, su rápido crecimiento plantea serios desafíos fiscales.

En resumen, el sistema de pensiones está fragmentado y con problemas en todos los ámbitos. Las pensiones de la Ley 73 son una carga fiscal creciente que seguirá en aumento hasta finales de la década. Las pensiones de la Ley 97 (Afores) han beneficiado a la economía, pero a pesar de la reforma del 2021, su tasa de reemplazo será insuficiente. Las pensiones no contributivas son un alivio para millones de mexicanos, pero son un gasto creciente. Según el CIEP, podrían llegar a 2.2% del PIB con la propuesta de aumento anual. La combinación de las pensiones del régimen 73 y las no contributivas serán una carga fiscal insostenible si no incrementan los ingresos del gobierno. Y si además se necesita complementar las pensiones individuales, el pronóstico es aún más preocupante.

Entonces, sí, los mexicanos tienen razón al pensar que el gobierno cubrirá sus gastos en la vejez. El problema es que no tiene con qué.