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El implacable fraude de Trump sobre el fraude electoral
Cada vez que los críticos ponen de relieve los esfuerzos de Donald Trump por anular las elecciones presidenciales estadounidenses de 2020, el expresidente y sus seguidores repiten sus acusaciones de fraude. Pero ninguno de ellos ofrece jamás pruebas de que a Trump se le haya robado la victoria en 2020, por la sencilla razón de que no existe ninguna.
CHICAGO. El 3 de octubre, durante un mitin en Michigan, el expresidente estadounidense Donald Trump insistió, como lo ha hecho innumerables veces desde que perdió las elecciones de 2020, en que “ganamos, ganamos. Fueron unas elecciones amañadas”. Y, como siempre, Trump no ofreció ninguna prueba.
Unos días antes, el compañero de fórmula de Trump, J. D. Vance, se negó en el debate vicepresidencial a decir si pensaba que Trump había perdido, y luego declinó cinco oportunidades de hacerlo en una entrevista con el New York Times. Sin embargo, poco después, Vance se puso de su parte y declaró inequívocamente que Trump no perdió en 2020. Él tampoco proporcionó ninguna prueba.
Lo que precipitó este último ciclo de negación fue la publicación de un informe del fiscal especial Jack Smith que revela evidencia condenatoria de los esfuerzos de Trump por anular las elecciones presidenciales de 2020 en las semanas y meses siguientes. Pero cada vez que los críticos sacan a la luz estas fechorías, Trump y sus leales repiten sus afirmaciones de fraude y omiten los hechos, y los medios de comunicación y el público estadounidenses pasan a la siguiente controversia.
Trump no ofrece ninguna prueba de que le hayan privado de la victoria en 2020 por la sencilla razón de que no tiene ninguna. De hecho, hay abundantes pruebas de que no hubo fraude electoral ese año.
En 2022, ocho abogados y juristas republicanos, incluido Theodore Olson, el exprocurador de Estados Unidos que representó a George W. Bush en Bush v. Gore en 2000, revisaron los 64 casos que los abogados de Trump presentaron en tribunales estatales y federales alegando violaciones de las leyes electorales. Catorce fueron retirados, mientras que los tribunales estatales y federales inferiores desestimaron 18 más. De los 30 casos decididos sobre el fondo, el equipo legal de Trump prevaleció solo en uno, sobre un asunto menor. La Corte Suprema de Estados Unidos se negó a escuchar dos de las apelaciones de Trump.
“No hay absolutamente ninguna evidencia de fraude en las elecciones presidenciales de 2020 de la magnitud necesaria para cambiar el resultado en ningún estado, y mucho menos en la nación en su conjunto”, concluyó el análisis. “De hecho, no hubo fraude que cambiara el resultado ni siquiera en un solo distrito electoral”. Es revelador que al menos cuatro de los abogados de la campaña de Trump, incluido el exalcalde de la ciudad de Nueva York, Rudy Giuliani, hayan sido inhabilitados o sancionados por presentar deliberadamente afirmaciones falsas en un tribunal de justicia.
En Georgia, el secretario de estado republicano, Brad Raffensperger, se negó valientemente a la exigencia de Trump de que “encontrara 11,780 votos” para revertir el resultado, incluso después de que un recuento manual de las papeletas presidenciales del estado confirmara la victoria de Joe Biden. En otros cinco estados en disputa –Arizona, Michigan, Nevada, Pensilvania y Wisconsin–, funcionarios legislativos y ejecutivos realizaron revisiones y auditorías de las votaciones de 2020, y no encontraron pruebas de fraude o manipulación. En Arizona, el Senado estatal entregó las papeletas del condado de Maricopa a Cyber Ninjas, una empresa recomendada por la campaña de Trump, para su revisión. Estos “ninjas” tampoco lograron demostrar que se había robado una elección, y en su lugar encontraron 99 votos adicionales para Biden y 261 votos menos para Trump.
En los años transcurridos desde que Biden asumió la Presidencia (a pesar del violento intento de los partidarios de Trump de descarrilar la transición de poder), organismos de control privados y fiscales estatales y locales, muchos de ellos republicanos, han investigado las denuncias de fraude electoral y han encontrado sólo unos pocos casos de irregularidades a pequeña escala. En Arizona, sólo seis personas (de los casi 3,4 millones que votaron en las elecciones de 2020) fueron condenadas por emitir votos ilegales, dos de las cuales presentaron votos en ausencia para familiares que habían fallecido antes del día de las elecciones. En Pensilvania, un hombre confesó haber solicitado un voto en ausencia en nombre de su madre fallecida y haber emitido “su” voto para Trump.
Al día siguiente de las elecciones presidenciales de 2020, expliqué por qué era casi imposible que un fraude a gran escala cambiara el resultado de la contienda, sobre todo por el nivel poco realista de planificación, coordinación y secreto que requeriría. En los casi cuatro años transcurridos desde entonces, los funcionarios electorales y los fiscales republicanos no han descubierto ninguna prueba de ese fraude, aunque hacerlo los convertiría en héroes en el mundo de Trump.
Tampoco hay ninguna prueba –ni perspectiva alguna– de que el fraude impida que Trump prevalezca en las elecciones presidenciales de este año. Las afirmaciones de Trump en sentido contrario tienen como objetivo intimidar a sus oponentes amenazándolos con procesarlos por actividades tanto legales como necesarias –debido a sus acciones anteriores– para garantizar una elección libre y justa.
También pueden ser un intento de sobornar a sus partidarios que ocupan puestos en la administración electoral para que cometan fraude, con el entendimiento tácito de que, al igual que los aspirantes a insurrectos que irrumpieron en el Capitolio el 6 de enero de 2021, serán protegidos y recompensados si gana. El 3 de octubre, el mismo día en que Trump repitió su acusación sin fundamentos de fraude electoral, un juez de Colorado condenó al exsecretario del condado de Mesa a nueve años de prisión por dar un discurso asociado. El acceso del aliado de Trump, Mike Lindell, a las máquinas de votación del condado.
Trump ha revivido sus denuncias de fraude electoral masivo por una sencilla razón: ocultar su propia mala conducta después de perder las elecciones de 2020, cuyo alcance ahora está saliendo a la luz.
El autor
John Mark Hansen, profesor de Ciencias Políticas en la Universidad de Chicago, es ex coordinador del grupo de trabajo de investigación sobre el sistema electoral federal de la Comisión Nacional de Reforma Electoral Federal, una comisión independiente y bipartidista que fue copresidida por los expresidentes estadounidenses Jimmy Carter y Gerald Ford.
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