Inclusión Financiera en México

“La inclusión financiera no es sólo un acto de caridad, sino una inversión inteligente en el potencial humano”. Muhammad Yunus, Premio Nobel de la Paz y fundador del Grameen Bank

Recientemente, el Inegi publicó los resultados de la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera (ENIF) 2024. Dicha encuesta permite tener un diagnóstico de la inclusión, entendida, de acuerdo con el Banco Mundial, como “el acceso que tienen las personas y las empresas a diversos productos y servicios financieros útiles y asequibles que atienden sus necesidades –transacciones, pagos, ahorro, crédito y seguros– y que se prestan de manera responsable y sostenible”.

Si bien el país registra avances en acceso a servicios financieros, persisten brechas significativas que afectan el bienestar financiero de las familias, particularmente de las de menos ingresos.

La inclusión financiera formal alcanzó a 80% de la población entre 18 y 70 años en el 2024, un incremento de casi 9 puntos porcentuales desde el 2021. Este crecimiento, sin embargo, no es homogéneo. Los hombres superan a las mujeres en tenencia de productos financieros (80.9 vs. 72.8 por ciento). La zona centro-sur y oriente lideran el avance, aunque el rezago en el sureste sigue siendo palpable.

Existe, además, una clara situación diferenciada entre ciertas minorías y grupos vulnerables: únicamente 58.2% de la población indígena accede a servicios financieros formales.

Un factor clave en la actualidad es la digitalización creciente en la operación y contratación de servicios financieros. Siete de cada 10 mexicanos utilizan apps móviles para gestionar cuentas, lo que representa un incremento de 15% respecto del 2021.

El uso de efectivo pierde terreno frente a tarjetas y transferencias electrónicas, que ganan participación, pero su adopción aún depende de factores como edad y ubicación geográfica, siendo aún el factor de informalidad laboral un lastre para una mayor adopción digital.

El ahorro formal (63%) alcanza un máximo histórico, pero el uso del seguro (22.9%) retrocede frente al 2021. El acceso a créditos formales alcanza 37.3% de la población encuestada, pero la cartera vencida sigue siendo elevada en proporción y, por otro lado, el nivel de las tasas de interés, respecto de las tasas imperantes en la economía, sigue siendo excesivo y afecta a la población. Las empresas financieras argumentan que esto se debe a la baja exigibilidad real de los créditos en incumplimiento.

Las Afores (42.2%) mantienen una penetración estancada, derivada de la alta participación del empleo informal en nuestro país, mientras que el grueso de la población confía más en apoyos gubernamentales (68.2%) que en su propio ahorro para el retiro.

Las herramientas digitales que ha puesto a disposición el Banco de México para favorecer la inclusión financiera digital aún tienen un bajo nivel de penetración. El CoDi es conocido sólo por 38% de la población, y únicamente 12.8% de ellos lo usa activamente. El DiMo es menos popular (18.5%) y presenta brechas significativas entre hombres y mujeres. Estas plataformas son relevantes porque, a través de su generalización, podrían apoyar la bancarización en las regiones más marginadas.

La inclusión financiera es un elemento que puede contribuir al crecimiento, pues podría dinamizar el consumo interno y generar un incremento del PIB ante un escenario de muy bajo crecimiento económico, al menos este año y el siguiente.

La trazabilidad de las transacciones digitales ayudaría también a combatir la economía informal, incrementando la recaudación fiscal, que históricamente se apoya principalmente en los contribuyentes cautivos de siempre, sin ampliar la base.

Existen programas que han mostrado éxito a nivel internacional y que podrían tener un efecto positivo en nuestro país. Créditos blandos para mujeres emprendedoras o campañas de inclusión en lenguas indígenas podrían apoyar las acciones de inclusión, al igual que ciertos incentivos fiscales para que las empresas promuevan las aportaciones voluntarias a las Afores entre sus trabajadores.

La inclusión financiera debe ser una prioridad, porque claramente es un factor crítico para atacar la inequidad y favorecer el crecimiento económico en entornos cada vez más complejos.