Infonavit: nueva destrucción institucional

Un nuevo año no necesariamente implica que todo será miel sobre hojuelas, el riesgo de que se toquen los ahorros de la subcuenta de vivienda de los trabajadores formales de México sigue latente y el tema seguramente formará parte de la agenda legislativa del próximo periodo de ordinario de sesiones.

Desde los años setenta se creó el Infonavit como una institución pública tripartita (trabajadores, patrones y gobierno), cuyo propósito es administrar los recursos de los trabajadores y operar el sistema de financiamiento para la adquisición, construcción, reparación y mejoramiento de vivienda. En otras palabras, este instituto no fue jamás pensado como una constructora, sino como un mecanismo que permita resguardar los recursos propiedad de los trabajadores y canalizarlos para créditos bajo ciertas reglas supervisadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). Por tanto, el primer error de la propuesta presidencial es eliminar el principal objetivo del Infonavit transformándolo de una entidad financiera a desarrollador público de vivienda, asumiendo, contrario a la realidad, que el gobierno es más eficiente en estas tareas que el sector privado.

Dos asuntos relevantes en este punto. Primero, desde 2014 existe normatividad emitida por la CNVB que obliga al Infonavit a sujetarse a reglas que aseguren la solvencia y estabilidad de sus operaciones relativas al otorgamiento de créditos, integración de expedientes de créditos, diversificación y administración de riesgos, calificación de cartera crediticia y requerimientos por pérdidas inesperadas, entre otras. Además, tienen que entregar informes periódicos que permitan a la comisión vigilar que sus operaciones se ajusten a estas normas y a las sanas prácticas. Al eliminar del texto constitucional la vinculación con la CNBV, estas funciones financieras y sus más de 2 billones de pesos en activos no estarían supervisadas por el ente regulador. Demasiada tentación para Octavio Romero y su equipo de colaboradores, ¿no creen?

Segundo, me llama la atención esta nueva tarea del Infonavit cuando es Sedatu la facultada para la planeación de la vivienda en el país. Recuerdo que en la administración de López Obrador también se anunció un gran plan de viviendas, sin embargo, nunca se emitió una Política Nacional o su equivalente para el periodo 2019-2024 en la que estableciera los requerimientos previstos en el artículo 6° de la Ley de Vivienda, y fue hasta el 4 de junio de 2021, ya para la mitad del sexenio, cuando se publicó un programa parcial de vivienda para ese último tramo 2021-2024; por cierto, que tampoco se ejecutó. Así que no tengo elementos que me permitan asegurar que el nuevo plan será exitoso.

La propuesta legislativa que hábilmente paró Ricardo Monreal en la Cámara de Diputados también contempla modificar el número de asientos en la Asamblea General, que es el órgano máximo de decisiones del Infonavit, para que el sector gobierno pueda tomar cualquier decisión sin que importe la opinión de trabajadores y patrones. Dice la presidenta Sheinbaum que es porque abusan de su posición y no permiten que haya auditorías, pero le mal informan.

La propia Secretaría de Hacienda define al Infonavit como un organismo descentralizado no sectorizado, por tanto, son entes fiscalizables por la Auditoría Superior de la Federación, esto se reiteró en una resolución emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en 2020. Tan ha sido auditado, que el caso de corrupción sobre el contrato de TELRA que expuso recientemente Octavio Romero no fue descubierto por él, sino fue informado por la propia Auditoría desde la revisión de la cuenta pública 2018, quien por cierto promovió varios pliegos de responsabilidades administrativas sancionatorias y denuncias ante la fiscalía que trajeron como resultado el reintegro de más de 2,000 millones de pesos al erario público. Todo esto fue producto de la Auditoría de Cumplimiento Forense: 2017-4-00001-15-1717-2018, entonces, ¿por qué tardaron seis años para hacerlo público en una mañanera?

Si hay casos de corrupción que se sancione a los responsables, si hay oportunidades en la governanza de una institución que se implementen mejoras; pero que esto no sea el pretexto de una nueva destrucción institucional que afectará los recursos de millones de mexicanos.

NOTA: Revisen en sus cuentas de Afore cuánto recurso tienen en sus subcuentas de viviendas, eso es lo que van a perder.