Innovación, consumidores e impuestos: el reto de regular las plataformas digitales

La Resolución Miscelánea Fiscal 2025 de México introduce nuevas regulaciones, a partir del 1° de enero de 2025, para plataformas digitales y el comercio electrónico. Empresas extranjeras como Amazon, Shein y Temu deben registrarse en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC), retener y pagar el Impuesto al Valor Agregado (IVA) del 16% por ventas realizadas en el país,inclusive si sus ingresos se depositan en cuentas bancarias o de depósito en el extranjero. Además, se han establecido aranceles del 19% para productos importados de países sin tratados comerciales con México, afectando a plataformas que operan desde naciones como China. ¿Se logrará el objetivo de que estas medidas equilibren la competencia entre empresas nacionales y extranjeras, fortalezcan la recaudación fiscal y protejan la economía local?

El comercio electrónico, una de las áreas de mayor expansión en la economía global, enfrenta un punto de inflexión. Desde sus inicios, las plataformas digitales se beneficiaron de incentivos fiscales que promovieron su rápido crecimiento. Sin embargo, esta exención de cargas tributarias que alguna vez buscó impulsar la adopción del comercio electrónico, ha quedado obsoleta ante la consolidación de empresas de comercio digital en mercados clave como el mexicano.

Empresas estadounidenses que se benefician del T-MEC, pagarán impuestos hasta del 17% para compras de hasta 117 dólares, aproximadamente 2 mil pesos. Adicionalmente, plataformas digitales como Uber, Airbnb y otros servicios similares también deben registrarse en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC), tramitar firmas electrónicas y cumplir con obligaciones fiscales como el pago de IVA e ISR.

Las autoridades han destacado que la medida busca cerrar vacíos legales y fortalecer la lucha contra prácticas fiscales indebidas. Por ejemplo, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) detectó que algunas plataformas fragmentaban envíos para evadir impuestos al declarar valores inferiores a los reales o utilizando procedimientos simplificados para evitar cargas fiscales.

Es innegable que la regulación fiscal en el comercio electrónico responde a una necesidad. Durante años, las plataformas aprovecharon un ecosistema que les permitió crecer y consolidarse. Con la entrada de aranceles la autoridad busca equilibrar las condiciones competitivas, proteger a la industria nacional y aumentar la recaudación fiscal. En este sentido, el arancel del 35% impuesto en diciembre 2024 a textiles también apunta a proteger a la industria textil mexicana de competidores internacionales con bajos costos de producción.

Sin embargo, existe un delicado equilibrio. Imponer impuestos excesivos podría desincentivar el comercio electrónico y frenar el desarrollo de las empresas de logística vinculadas a este mercado. Según datos de la OCDE, México ya enfrenta un bajo índice de recaudación fiscal en comparación con otros países, y el reto reside en lograr que las plataformas contribuyan sin asfixiar a consumidores y pequeños comerciantes que dependen del ecosistema digital.

El caso de México no es aislado. A nivel mundial, el comercio electrónico ha generado debates sobre cómo regularlo y recaudar impuestos de manera justa. Modelos como el Mercado Único Digital de la Unión Europea ofrecen lecciones valiosas, ya que buscan un equilibrio entre la apertura comercial y la regulación de los efectos disruptivos de la digitalización. Mientras que Estados Unidos prioriza la innovación y la protección de datos empresariales, la UE adopta un enfoque que combina eficiencia fiscal con protección al consumidor y regulación de monopolios.

América Latina, con su heterogeneidad normativa, podría beneficiarse de adoptar una visión regional como la propuesta de la CEPAL, que busca avanzar hacia un mercado digital integrado. Para México, la alineación con países de la Alianza del Pacífico y el Mercosur podría ser crucial para definir un marco que permita fortalecer el comercio electrónico sin comprometer la soberanía fiscal.

No obstante, es innegable que las nuevas disposiciones en México también podrían tener implicaciones geopolíticas. Al imponer aranceles a productos provenientes de China y favorecer a socios del T-MEC, México marca distancia con el gigante asiático y refuerza su alianza con Estados Unidos.

No obstante, a nivel interno, estas medidas podrían generar resistencias de consumidores acostumbrados a precios bajos y entregas rápidas. En un contexto de inflación y desaceleración económica, el gobierno mexicano enfrenta el desafío de justificar el costo adicional para los consumidores finales que hoy disfrutan de este tipo de consumo. Además, la inclusión de nuevas obligaciones para plataformas como Uber y Airbnb pone sobre la mesa la discusión sobre cómo equilibrar el avance tecnológico, el bienestar del consumidor y la equidad fiscal.

El camino hacia una regulación equilibrada del comercio electrónico es complejo. Por un lado, es hora de discutir los incentivos fiscales otorgados a estas empresas que ya se han posicionado firmemente en el mercado. Por otro lado, es fundamental evitar medidas que inhiban la innovación, el desarrollo de la economía digital y el crecimiento de las empresas logísticas.

Para lograrlo, México necesita articular una política fiscal que proteja a las industrias locales sin desincentivar la participación de las plataformas internacionales. Además, debe integrarse a debates globales, como los liderados por la Organización Mundial del Comercio (OMC), para definir un marco común que contemple la diversidad de intereses entre economías desarrolladas y emergentes. La OMC busca establecer directrices para el comercio electrónico que equilibren el crecimiento del sector con la equidad fiscal y el bienestar del consumidor. Su objetivo es garantizar precios justos, transparencia, protección de datos y medidas contra fraudes en las transacciones digitales. Además, promueve un sistema en el que las plataformas internacionales paguen impuestos justos, evitando prácticas desleales que perjudiquen a negocios locales, e impulsen normas que faciliten el comercio global e integren a los países en desarrollo.

La clave estará en diseñar una estrategia que coloque a México como un líder regional en la regulación del comercio digital, equilibrando el avance tecnológico con un sistema fiscal justo y sostenible. En este desafío, el país no solo debe mirar hacia afuera, sino también fortalecer su capacidad de monitoreo y ejecución para garantizar que las reglas se cumplan, consolidando así un comercio electrónico ágil, justo y responsable.

*La autora es Directora de Inteligencia Más y maestra en Gobierno y Políticas Públicas en la Universidad Panamericana.