Internet, ¿área estratégica?

Habrán sido las prisas, falla en la técnica legislativa ó malicia, pero, en la vorágine parlamentaria, se incluyó al Internet, junto con el litio y las empresas productivas de energía –que ahora volverán a ser empresas públicas– bajo la conceptualización de áreas estratégicas del Estado. 

Es decir, se incluyó a la provisión del servicio de acceso a Internet –así de manera general– como actividad estratégica del Estado.

No se aclaró –pese a la solicitud previa, de Canieti, la organización que agremia a las empresas de la industria electrónica, de telecomunicaciones y tecnologías de la información– que el concepto de área estratégica, es sólo para el servicio de acceso a Internet gratuito prestado en sitios públicos por el Estado (denominado WiFi o “hotspot”).

Los legisladores no atendieron a la industria.

Canieti advirtió que un esquema poco claro crearía condiciones de ventaja artificial para el Estado, en detrimento de la competencia.

El gremio sectorial fue mucho más contundente.

Señaló que al permitir que el Estado disfrute de ventajas competitivas artificiales y opere sin supervisión antimonopolios, se genera un monopolio de facto que perjudica a los competidores, desincentiva la inversión y afecta la innovación y la calidad del servicio.

Destacó que el equilibrio entre los objetivos sociales y la competencia, es esencial para fomentar un mercado saludable y en constante evolución que beneficie a los consumidores y al país en su conjunto.

La Canieti en sus comentarios al dictamen del proyecto de decreto, por el que se reforman los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de áreas y empresas estratégicas, se pronunció al respecto.

Específicamente se manifestó a favor de una reforma que promueva el acceso universal al servicio de Internet en sitios públicos, pero sin comprometer la neutralidad competitiva.

La organización empresarial subrayó que es importante dar claridad a la industria de telecomunicaciones sobre las garantías para continuar participando e invirtiendo en el mercado, sin enfrentar exclusiones o privilegios que puedan afectar, en última instancia, a los consumidores.

Expresó que la reforma requiere de un análisis profundo para lograr los objetivos de conectividad que tiene el Estado, y evitar comprometer principios esenciales de la competencia justa.

Apuntó que la modificación general de naturaleza jurídica de las empresas estatales, amenaza la sostenibilidad de la industria y pone en riesgo las inversiones.

Canieti subrayó 4 puntos:

1.- Competencia en riesgo. La participación del Estado en el mercado es legítima, así como los fines de conectividad que persigue, pero en un marco que promueva la competencia y sea claro en cuanto al servicio que en particular se considera como actividad estratégica y que, a su vez genere garantías para los competidores, sin privilegios, sin subsidios o acceso a recursos.

2.- La generalización del internet como área estratégica, impediría a los actores privados continuar invirtiendo en el despliegue de infraestructura de Internet.

3.- De no aclararse el alcance de la actividad estratégica se podría actualizar una reducción de la competencia que podría afectar la calidad del servicio disponible para los usuarios.

4.- Es primordial que la neutralidad competitiva sea respetada y no otorgar ventajas artificiales a un proveedor estatal en detrimento de la competencia privada.

Básicamente en los mismos términos, ayer la International Chamber of Commerce México (ICC México) se pronunció sobre la modificación de los artículos de la Constitución que incluyen a Internet, en general, como un área estratégica del Estado.

Consultado al respecto, el director general de The Competitive Intelligence Unit (The CIU), Ernesto Piedras, comentó que el cambio (en las leyes) estipula que no constituirán monopolios las funciones que el Estado ejerza.

En este caso, sobre el área estratégica de servicios de internet, no tiene el propósito de amenazar a los privados que ya participan en este mercado, sino para dotar al Estado con la capacidad plena para prestar el servicio.

Si bien CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos (CFE TEIT) ya ofrece servicios al usuario, esta medida está allanando el camino para “formalizar” su participación (y la de cualquier otro organismo público que preste servicios) en el mercado de provisión de internet.

Recalcó que la misma reforma le da a CFE carácter de empresa pública por lo que sus subsidiarias, incluida CFE TEIT, tendrán una función social y, por tanto, no se espera un impacto significativo en el mercado. Hasta ahí el comentario del experto.

La preocupación de Canieti y la ICC México, deja ver que es importante la redacción de las modificación legal. La falta de claridad, podría prestarse a cualquier decisión discrecional. Veremos, si se aclara. Al tiempo.