¿Jueces del bienestar?

Aun sin que haya un listado de aspirantes admitidos, los candidatos a una de las vacantes en el Poder Judicial de la Federación que serán electos el próximo 1 de junio del 2025 ya están en plena campaña. 

Las ministras que buscarán repetir en el cargo han tomado ventaja, en busca de llegar a la presidencia del Pleno del Tribunal Supremo. Yasmín Esquivel ha desplegado una intensa agenda mediática; mientras que Lenia Batres ha recurrido a los foros estudiantiles para difundir sus propuestas y Loretta Ortiz Alfh, a una gira de promoción —que la llevará a recorrer las 31 entidades federativas— tras de la que ha dejado una estela de representantes y contactos de primer nivel.

La ministra honesta —el énfasis es de sus colaboradores— contra la ministra del pueblo… ¿y un aspirante a ministro del pueblo? El abogado César Gutiérrez Prieto, quien acumula tres lustros de experiencia en juzgados federales y militares. “El litigio de mi vida ha sido la defensa de mi padre”, ha explicado en las redes sociales: el exzar antidrogas y general Jesús Gutiérrez Rebollo, perseguido en el sexenio zedillista.

Incluido en un primer listado de aspirante de renombre a la SCJN, junto con el exsenador Roberto Gil Zuarth o Gilberto Higuera Bernal, exsubprocurador federal y el exfiscal de Puebla, Gutiérrez Priego ha denunciado una “campaña de linchamiento” en su contra y también, para “sabotear” a los “abogados del pueblo”.

Sin regulación –por ahora— la contienda por las vacantes en la Judicatura ocurre en la escena mediática. Por otras rutas transitan los aspirantes con experiencia previa en el poder judicial. Allí destaca Ana María Ibarra Olguín, quien durante una década fue secretaria proyectista en la SCJN y participó en ponencias relevantes, por ejemplo, sobre el uso recreativo de la marihuana, el derecho al aborto y el primer caso de derecho de responsabilidad civil donde se otorgó una sentencia millonaria a las víctimas.

Otros aspirantes decidieron inscribirse sin mayor cobijo que su trabajo desde la sociedad civil. Como el abogado postulante Julio Mora, quien pretender ser electo como magistrado y sostiene que para dignificar la lucha de miles de mujeres que buscan respeto y dignidad, es indispensable que la impartición de justicia se realice con estricto sentido humano.

Para ser elegible, según la convocatoria, los aspirantes deben ser mayores de 30 años, con título universitario y al menos cinco años de experiencia profesional. Entre los jóvenes aspirantes que han difundido su perfil en las redes sociales está América Esmeralda López Pelcastre, exdirigente estudiantil graduada del plantel Cuauhtémoc de las Universidades del Bienestar Benito Juárez y actual integrante de la ponencia de la ministra Batres, quien buscará una posición como juez en materia administrativa, en el primer circuito.

EFECTOS SECUNDARIOS

BÚSQUEDAS. Poco antes de su octava gira internacional del año, Josefina Román Vergara había propuesto a sus homólogos en el Pleno del Inai, dar un paso lateral y contribuir con sus renuncias a la “simplificación orgánica” contenida en la reforma constitucional que se debatía en San Lázaro. La abogada mexiquense, cercana al exgobernador Eruviel Ávila Villegas, quería liberarse de sus ataduras y emprender una nueva aventura. Su próximos excompañeros han sido enterados de las dos opciones por las que se decantará: un cargo en el Poder Judicial —sujeto a los vaivenes de una tómbola— o regresar a su terruño, como titular del Órgano Superior de Fiscalización instancia adscrita al Congreso local, dominado por Morena. Una tercera opción —integrarse al gobierno federal— ha quedado descartada. La única certeza es que el futuro laboral de los próximos excomisionados del Inai depende de la revisión de la Cuenta Pública 2023 y particularmente del desahogo del expediente 226 en la Auditoría Superior de la Federación.