La Ley Anónima telecom

Circula una propuesta anónima que modifica sustancialmente la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión vigente. La reforma constitucional que extinguió el Instituto Federal de Telecomunicaciones instruye que el Congreso tendrá 90 días a partir de la entrada en vigor del decreto para realizar adecuaciones a las leyes secundarias. Pero el debate debe ser público. 

La creación de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT) deja en claro que las leyes secundarias deben ajustarse. La forma como se impulsan estos cambios genera las primeras señales de alarma. En una tarjeta informativa, la ATDT no avala la propuesta anónima, pero reconoce que trabaja en una iniciativa de reforma en conjunto con la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal.

La Ley Anónima, que circula como “Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión”, propone cambios significativos en el marco jurídico que rige el uso del espectro radioeléctrico, la prestación de servicios de telecomunicaciones y radiodifusión e incorpora la regulación de las plataformas digitales en un marco jurídico reservado a las telecomunicaciones, lo cual puede dar lugar a regulaciones tradicionales, excesivas o a la imposición de estándares que limiten la innovación.

Una de las modificaciones más destacadas es la reconfiguración de la autoridad regulatoria, ahora en manos de la ATDT, dependencia del Ejecutivo Federal. El artículo 1 de la Ley Anónima “establece las bases de las políticas en materia de telecomunicaciones y radiodifusión” y las “plataformas digitales”.

Incorpora las definiciones de “plataforma digital” y “proveedor de plataformas digitales”, para más adelante dejarles caer la regulación, porque le atribuye a la ATDT las “políticas y lineamientos para las plataformas digitales”, así como la facultad de bloquearlas. Por ejemplo, la Ley Anónima dice que la ATDT “podrá constituir y administrar un fondo solidario con las aportaciones de las plataformas digitales, con el objetivo de promover el desarrollo del sector de las telecomunicaciones y cumplir con los objetivos de cobertura social y universal del Estado mexicano”. Lo anterior ya fue rechazado por la ATDT.

El artículo 3 modifica definiciones. Introduce términos como “Agente económico preponderante” (cuando la modernización de la ley debería de desaparecer esa figura que restringe las inversiones y castiga la inclusión digital universal). La Ley Anónima dice que la ATDT “será la dependencia responsable de definir las medidas y obligaciones específicas que serán impuestas por la autoridad en materia de libre competencia y concurrencia a los agentes económicos que declare como preponderantes en los sectores de radiodifusión y de telecomunicaciones, mediante opiniones vinculantes”.

La Ley Anónima dice que la ATDT “será la autoridad encargada de emitir el dictamen técnico que contenga las medidas de regulación asimétrica que garanticen el desarrollo eficiente de la radiodifusión y las telecomunicaciones, que fijará la autoridad en materia de libre competencia y concurrencia; así como de llevar a cabo, cuando corresponda, la verificación de su ejecución”. Un galimatías regulatorio, porque la ATDT podrá “emitir opiniones vinculantes en materia de regulación asimétrica y agentes preponderantes”, concentración de frecuencias, propiedad cruzada y desagregación de la red.

También redefine la “neutralidad de la competencia”, la obligación del Estado de no generar distorsiones en los mercados como consecuencia de la propiedad pública, “con excepción de las acciones, y sus resultados, que realice el Estado para garantizar la prestación de los servicios de telecomunicaciones”. O sea, mata la neutralidad competitiva.

Más adelante, la Ley Anónima crea un capítulo donde “la Agencia, mediante asignación directa, podrá otorgar a entes públicos concesiones para uso comercial, a efecto de habilitarlos para proveer servicios de telecomunicaciones”, cuando las concesiones públicas tienen fines distintos a los comerciales.

La Ley Anónima deroga la atribución que la ATDT ya tiene en su Reglamento Interior de “administrar y vigilar el uso eficiente de la capacidad satelital propia, ya sea concesionada o adquirida o aquella establecida como reserva del Estado”. En la Ley Anónima se aprecia la mano de la industria satelital. También deroga “adquirir, establecer y operar infraestructura, redes de telecomunicaciones y sistemas satelitales para la prestación de servicios de telecomunicaciones y radiodifusión”, cuando el gobierno tiene previsto lanzar un nuevo satélite.

La Ley Anónima le otorga a la ATDT la facultad para expedir lineamientos para el reordenamiento, retiro o soterramiento de infraestructura telecom, atribución de estados y municipios. Deroga “participar en foros y eventos internacionales en materia de telecom y radiodifusión”, una locura. Le atribuye desarrollar y administrar una polémica Plataforma de Identificación de Usuarios de Telefonía Móvil.

Increíblemente, la Ley Anónima crea nuevos artículos para que la ATDT apruebe a “los integrantes que participen directa o indirectamente en la conformación de la concesionaria, sus socios o asociados”. “En caso de no aprobar la conformación de la concesionaria, la Agencia ordenará la separación de socios.”

En radiodifusión, la propuesta también introduce cambios alarmantes. Deroga los requisitos constitucionales de los medios públicos al solicitar una concesión: “los mecanismos para asegurar la independencia editorial; autonomía de gestión financiera; garantías de participación ciudadana; reglas claras para la transparencia y rendición de cuentas; defensa de sus contenidos; opciones de financiamiento; pleno acceso a tecnologías y reglas para la expresión de diversidades ideológicas, étnicas y culturales”.

También elimina el derecho de las audiencias de “recibir programación oportuna que incluya diferentes géneros que respondan a la expresión de la diversidad y pluralidad de ideas y opiniones que fortalezcan la vida democrática de la sociedad”, así como la obligaciones de los concesionarios de TV de paga de tener un código de ética y que la actuación de los defensores de audiencia se sujete a dichos códigos

La discusión sobre las reformas a las leyes secundarias de telecomunicaciones y competencia económica debe ser un debate abierto, público y participativo, en el cual se evite la imposición de medidas unilaterales y/o descabelladas como muchas de las contenidas en la Ley Anónima.