Menos libres

En su columna publicada ayer en el periódico Reforma titulada “El fruto de la discordia”, Enrique Krauze escribió refiriéndose a Morena: “La discordia nunca fue un rasgo constitutivo nuestro, pero desde hace años ha sido el emblema mismo –casi la razón de ser– del movimiento que degradó la vida política a una lucha mortal entre ‘amigos y enemigos’. Desde su llegada al poder, convirtió la discordia en política pública, inventó una realidad alterna y comenzó a llamar ‘transformación’ o ‘reforma’ al bárbaro impulso de destruirlo todo: seguridad, educación y salud, riqueza y patrimonio, capital humano y experiencia histórica, leyes e instituciones, medio ambiente”. Y más adelante apuntó: “El fruto de la discordia ha sido la destrucción del orden republicano”.

Han sido más de seis años, desde septiembre de 2018, de una continua ola de destrucción del arreglo institucional, un tsunami que alcanzó su cúspide (hasta el momento) con varias de las reformas constitucionales que se han aprobado en los últimos tres meses por parte de un Congreso servil, con la venia de la presidenta Sheinbaum, para darle gusto a López, el populista “mesías tropical”. La destrucción del orden republicano que señala Krauze es, asimismo, la destrucción del Estado de derecho. Como resultado, México es hoy un país significativamente menos libre en sus dos dimensiones: la libertad política y la libertad económica.

En lo político, el debilitamiento y la posterior captura del INE por parte del gobierno con un grupo de consejeros electorales afines a Morena, además del también capturado Trife, no garantizan que en los futuros procesos electorales el árbitro sea realmente imparcial; todo lo contrario tal como quedó demostrado cuando le otorgaron ilegítimamente a Morena y sus rémoras la mayoría calificada en la Cámara de Diputados. López siempre tuvo como propósito la destrucción de la democracia liberal y la construcción de un régimen autoritario; finalmente, lo logró, para desgracia de los mexicanos.

La libertad política se degrada todavía más con la destrucción del Poder Judicial de la Federación. La elección “popular” de todos los jueces federales en un proceso de selección dominado por Morena, tanto en el Poder Ejecutivo como en el Legislativo, tendrán un solo resultado posible: un Poder Judicial capturado y al servicio del gobierno. La reforma judicial, con un “robespierriano” Tribunal de Disciplina Judicial, garantiza que los ciudadanos ya no estaremos protegidos por un Poder Judicial independiente e imparcial. Con la guillotina siempre sobre sus cuellos, ningún juez que quiera mantener su puesto se levantará en contra de un arbitrario acto de gobierno que violente las libertades individuales, incluidas la de asociación, la de expresión y manifestación de ideas habladas o escritas, la de trabajo, así como el derecho a la propiedad.

A lo anterior, como el último clavo al ataúd en el cual está enterrada la libertad política de los mexicanos, hay que agregarle la llamada “supremacía constitucional” que implica que ninguna reforma constitucional podrá ser impugnada vía acciones y controversias constitucionales, no importa que violente las libertades individuales. Y más aún, con la reforma en materia de amparo que impide que el Poder Judicial emita declaratorias de aplicación general ante un acto o disposición legal impugnada, así como la prácticamente nula posibilidad de que todos los afectados busquen el amparo, implica que el gobierno podrá gobernar con leyes, aunque sean inconstitucionales.

La destrucción de la libertad política y la consolidación de un régimen autoritario vienen acompañadas, en paralelo, con la merma de la libertad económica. Un gobierno que sigue creyendo que es su función producir bienes privados con empresas gubernamentales, como son gasolina, electricidad, minerales, internet, correo y telégrafos, transporte aéreo y ferroviario de pasajeros, aeropuertos, hoteles, casas y un largo etcétera, tiene como resultado socavar la libertad económica por dos razones fundamentales.

La primera es que toda empresa gubernamental a la cual se le asigna una “función social” en lugar de maximizar ganancias operará de manera notoriamente ineficiente y será una fuente de pérdidas permanentes y de déficit fiscal. Además de que deuda hoy es equivalente a impuestos futuros, el endeudamiento en el que incurre el gobierno para financiar su déficit desplaza a la inversión privada al restarle recursos para su financiamiento.

La segunda es que la regulación se diseñará para favorecer a las empresas gubernamentales, un trato asimétrico para las empresas privadas. En el extremo, cuando a la empresa gubernamental se le da un carácter monopólico, solo por eso los demandantes pierden toda su libertad de elección. Ahora, añada la virtual desaparición del IFT y de la Cofece, dejando en manos del gobierno a cuáles empresas se les premia otorgándoles poder de mercado y a cuáles se les discrimina con lo cual el seguro perdedor es el consumidor que pierde libertad para elegir. Súmele, además, la posibilidad de que el gobierno decrete reformas constitucionales, leyes o disposiciones violatorias de los derechos económicos (propiedad, uso y transferencia de recursos) contra las cuales no hay defensa judicial posible.

México es hoy menos libre y en el futuro será menos próspero, para desgracia de las generaciones venideras.

X: @econoclasta