Licitación IFT-12 para 5G

El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) debió pausar la licitación 5G IFT-12 y no aprobar su convocatoria y bases, en lugar de provocar la molestia del gobierno del segundo piso de la Cuarta Transformación que decidió cancelarla.

El IFT fue el último en enterarse que lo iban a desaparecer. Desde la primera ocasión que el expresidente López Obrador mencionó que quería eliminar el IFT, el 7 de enero de 2021, hasta la publicación del decreto de simplificación orgánica (20 de diciembre de 2024), transcurrieron 1,084 días o casi tres años, y el IFT nunca lo tomó en serio, demostrable por la tibieza de sus comunicados.

El 21 de noviembre de 2024 la Cámara de Diputados aprobó la extinción de siete organismos autónomos, incluido el IFT. Una semana después, el 28 de noviembre, hizo lo propio el Senado. El IFT estaba oficial y políticamente liquidado.

Todavía el 12 de diciembre el IFT recibió otra demostración de desprecio de los diputados, al reducir su presupuesto 70% respecto de lo solicitado para 2025 y quedar en sólo 500 millones de pesos, suficientes para un último tanque de oxígeno para que –como dice la Biblia– todo se cumpliera.

A pesar de todas esas señales que significan “ya no te queremos para nada”, el 19 de diciembre (un día antes de que se publicara el decreto de extinción), torpe e ingenuamente el IFT comunicó que su Pleno había aprobado la convocatoria y las bases de licitación de espectro 5G, confiado en que la reforma constitucional decía que el exangüe corazón del IFT seguiría palpitando en tanto transcurrieran los 180 días contados a partir de la entrada en vigor de la legislación secundaria.

Pero una cosa es lo que diga el decreto aprobado por la mayoría de Morena en el Congreso, en el sentido de que los actos del IFT tendrían plena vigencia legal, y otra muy distinta es que el gobierno de la 4T lo cumpla. Porque la cancelación de la licitación IFT-12 confirma lo dicho y repetido tantas veces en este espacio: que la desaparición del IFT y su autonomía politizaría las decisiones en los sectores de telecomunicaciones y radiodifusión. La cancelación de la licitación IFT-12 es la primera demostración.

Aun cuando el IFT conserve su bendita, pero sobre todo pisoteada autonomía técnica y especializada (aunque opino que la perdió cuando el Congreso aprobó su extinción), es evidente que carece de toda legitimidad política para tomar decisiones relevantes como una licitación de espectro.

El 27 de diciembre, en conferencia de prensa, la presidenta Claudia Sheinbaum sorprendió al asegurar que su gobierno cancelará la licitación de espectro 5G, programada para iniciar el 27 de enero de 2025. Sheinbaum dijo algo tan terrible como inexacto, que en el IFT “quisieron dar un albazo licitando todo lo que queda del espectro. No se puede permitir eso. La decisión es del Estado mexicano, no de unas cuantas personas [los cuatro comisionados] que son parte hoy del IFT, que molestas, supongo, quisieron dar este albazo”.

La licitación IFT-12 prevé asignar 2,223 bloques de espectro radioeléctrico para servicios móviles en la banda de 600 MHz (México sería el primer país en licitarla en América Latina) y otros fragmentos en las bandas de 800 MHz, AWS, PCS, 2.5 GHz y L, bloques que previamente no se colocaron en el mercado o fueron devueltos por los operadores Telefónica y AT&T por el altísimo costo del espectro en México. Esos 2,223 pedazos son “todo lo que queda del espectro”, según Sheinbaum.

En descargo del IFT, el proceso de licitación de ese espectro para aumentar la cobertura y mejorar los servicios 4G y 5G nunca fue un “albazo”, pero sí una torpeza política continuarlo. El Pleno del IFT aprobó los planes anuales de Uso y Aprovechamiento de Bandas de Frecuencias hasta 2024 y del 7 de mayo hasta el 1 de julio se realizó la consulta pública con las bases, requisitos, procedimientos y toda la documentación necesaria para llevarla a cabo.

Para conocimiento de la nueva Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones y para las nuevas autoridades responsables de las políticas telecom, de radiodifusión y de competencia económica, México es uno de los países que no ha licitado frecuencias 5G como ya lo hicieron Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Guatemala, República Dominicana o Uruguay, por lo que ya vamos atrasados.

El plazo de manifestación de interés para la licitación iniciaría el 27 de enero de 2025. En cuanto al apetito para adquirir esos bloques y frecuencias, no hay mucha hambre en el sector. La Red Compartida de Altán Redes mostró su inapetencia al señalar durante la consulta pública que el IFT “debe justificar mediante un estudio de demanda y disponibilidad de espectro los requerimientos actuales para poner a disposición bandas de frecuencias en una licitación”.

Quien de plano no quiere sentarse a la mesa a comer (comprar) espectro es AT&T, que en su primer párrafo de “comentarios generales” advierte “que no es el momento idóneo para poner en el mercado una mayor oferta de espectro radioeléctrico”. Más adelante reitera “que actualmente no existen condiciones favorables para llevar a cabo una licitación de espectro debido al alto costo del espectro, que ha llevado a la devolución de espectro por dos operadores aunado a la falta evidente de demanda por espectro en licitaciones previas”.

Por los mensajes, por el rediseño institucional y por la llegada de nuevas autoridades a los sectores TIC y telecom, el equipo de Sheinbaum tiene la potestad de revisar el proceso, bases y convocatoria de la licitación para alinearla a la nueva política de telecomunicaciones e inclusión digital. Es correcto que haga ajustes, pero el gobierno no debe demorar la licitación 5G, sino acelerarla y poner a disposición y operación en el menor tiempo posible las frecuencias de espectro para que México se coloque a la vanguardia en infraestructura digital, servicios telecom e Internet de alta velocidad.

La licitación IFT-12 es necesaria y urgente para tener servicios 5G avanzados y para que el gobierno cumpla sus metas de conectividad y transformación digital. Si Morena y la 4T ya extinguieron al regulador, ahora tienen la responsabilidad de demostrar que lo pueden hacer mejor y más eficiente, sin limitar la capacidad de prosperidad digital compartida que tiene el espectro radioeléctrico, que sí es de la nación, pero para el servicio y el bienestar de sus habitantes.

X: @beltmondi