México rentista

Douglass North, premio nobel de economía en 1973, definió las instituciones como las reglas del juego en una sociedad que determinan el comportamiento e interacción de los individuos y las organizaciones y son cruciales para explicar la evolución económica y política de los países. Hay dos tipos de reglas: las formales conformadas por el marco legal (Constitución, leyes y reglamentos gubernamentales, así como las reglas internas y particulares a cada organización) y las informales como son las reglas de conducta, costumbres y tradiciones. 

La evidencia indica que los países que se han desenvuelto bajo un arreglo en el cual las reglas formales definen eficientemente los derechos privados de propiedad, premian la libertad económica individual y tienen un sistema político democrático son aquellos que han alcanzado elevados niveles de desarrollo económico.

En línea con la importancia de tener un arreglo institucional eficiente como condición para tener un proceso sostenido de desarrollo económico, este año el banco central de Suecia otorgó el Premio Nobel de Economía a Daron Acemoglu, James Robinson y Simon Johnson por los estudios de cómo la formación de instituciones afecta a la prosperidad.

Una de las conclusiones de sus trabajos es que un arreglo institucional incluyente, con mercados competitivos, igualdad de oportunidades y con derechos privados de propiedad eficientemente definidos y protegidos por un Poder Judicial independiente, genera los incentivos para la innovación tecnológica y se traduce en altos niveles de desarrollo. Por el contrario, un arreglo institucional excluyente, es decir, uno que incentiva la búsqueda y apropiación de rentas que le permite apropiarse de una parte del ingreso nacional mayor a su contribución para generarlo, tiende a experimentar bajos niveles de desarrollo económico y una notoria iniquidad en la distribución de la riqueza y del ingreso.

Para México, el arreglo institucional vigente durante los tres siglos del virreinato español, así como el que ha prevalecido durante la mayor parte de los dos siglos de vida independiente, puede caracterizarse por ser uno excluyente; históricamente hemos sido un país de rentistas.

El virreinato en la Nueva España instauró un arreglo institucional de carácter excluyente. No sólo fue la explotación de metales preciosos, sino también la encomienda de indígenas, las restricciones impuestas por la Corona que inhibió la aparición de una industria manufacturera y la prohibición para comerciar con otros países que no fuese España. Este arreglo favoreció la extracción de rentas, la cual benefició a relativamente pocos: la Corona, los peninsulares y los criollos.

El siglo XIX es uno que en términos del progreso económico se perdió. Gobiernos débiles, golpes y asonadas e invasiones extranjeras impidieron que se estableciera un arreglo institucional que proveyera de los incentivos requeridos para la inversión y el crecimiento. El arreglo durante el Porfiriato a finales de ese siglo y la primera década del siglo XX, aunque sí se tradujo en crecimiento económico, fue nuevamente uno excluyente, favoreciendo, entre otros, a los hacendados.

Ya en el siglo XX, el arreglo siguió siendo uno de extracción de rentas. Destacan los años del desarrollo estabilizador cuando se adoptó una política de sustitución de importaciones, cuyos instrumentos fueron la protección comercial a la industria manufacturera nacional con aranceles y permisos previos de importación, así como subsidios fiscales, financieros y en el precio de los energéticos. Esta política, que se tradujo en un crecimiento elevado del sector industrial, generó para las empresas manufactureras un mercado interno cautivo que les permitió apropiarse de rentas monopólicas en detrimento del bienestar de los consumidores. Rentistas también fueron los burócratas que administraban los permisos de importación.

Dado que el modelo se agotó hacia finales de la década de los sesentas y después de la “docena trágica” que se tradujo en la “década perdida” de los ochenta, se inició un cambio hacia un nuevo arreglo institucional, hacia uno incluyente. La apertura comercial unilateral seguida de acuerdos de libre comercio entre los que destaca el TLCAN, la autonomía del Banco de México, la reforma del Poder Judicial de la Federación en 1995 que le otorgó plena independencia, la constitución de órganos autónomos del Estado encargados de procurar la competencia en los mercados (Cofece e IFT), mecanismos de rendición de cuentas (Inai) y la construcción de un sistema político democrático cambiaron significativamente las reglas del juego. Se avanzó en la construcción de un arreglo institucional en las dos caras de la moneda de la libertad: la económica y la política.

Los ganadores de la apertura comercial, la mayor competencia en los mercados y la estabilidad macroeconómica han sido los consumidores a quienes se les dejó de extraer rentas. Además, estas nueva reglas permitieron que una parte significativa de la economía, la que está ligada a los mercados internacionales a través del comercio y la inversión y opera bajo las reglas de los tratados internacionales de comercio, se modernizará y haya sido la que ha experimentado crecimiento acelerado. Prevalecen, sin embargo, amplios sectores que siguen caracterizándose por ser extractores de rentas, como los sindicatos de la educación y de empresas gubernamentales, empresas protegidas por burócratas que administran una regulación ineficiente que impone barreras regulatorias de entrada a los mercados, esos mismos burócratas y el crimen organizado y no organizado. Rentistas que le imponen elevados costos a la sociedad.

La destrucción durante el gobierno de López proseguida por el actual que incluye a la democracia liberal, al Poder Judicial y a los órganos autónomos del Estado y el abandono de reglas transparentes y su sustitución por decisiones discrecionales por parte del gobierno conlleva un significativo retroceso que, además de poner en riesgo a la principal fuente de crecimiento económico por debilitar el Estado de derecho así como por las violaciones a los tratados internacionales, implica regresar a una economía rentista y estancada, una en donde la generalidad de la población pierde mientras unos cuantos, los amparados por el poder político, se benefician.