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Migración, T-MEC y política industrial
La migración mexicana beneficia la economía de EU mediante consumo, aportes al seguro social y trabajo esencial. Deportaciones masivas impactarían negativamente en ambos países, exigiendo colaboración bilateral y reformas internas en México para aprovechar oportunidades.
El hecho de que la población mexicana que emigró y que ahora trabaja en Estados Unidos contribuya positivamente a la economía de ese país supondría que la política migratoria definida en Estados Unidos considere esa situación en vez de estigmatizarla como un problema. La importancia de esa migración puede resumirse en lo siguiente:
1. El 80% de los ingresos de los migrantes se convierte en consumo en Estados Unidos.
2. Los migrantes que llegan sin documentos contribuyen con 13,000 millones de dólares al año al seguro social de Estados Unidos. Y esa población, en su mayoría, no reclama beneficios por temor a que los deporten, lo que significa que el 90% de ese dinero termina beneficiando a la población estadounidense.
3. De las frutas y legumbres que se consumen en EU, el 75% proviene del norte de California y es la mano de obra mexicana la que labora en esa actividad.
4. Si se prohíbe la contratación de 1 millón de trabajadores indocumentados en la industria de la construcción en el estado de Texas, se tendría una crisis.
5. El Instituto Petersen de Economía Internacional, con sede en Washington, considera muy dañina la posibilidad de deportar a 10 millones de inmigrantes porque se afectaría el crecimiento económico de EU.
Para México, si se realizan las deportaciones en las magnitudes de que se habla, afectaría su economía porque significaría el regreso de población que no encontraría trabajo. En el país una parte importante de la población vive alrededor de la línea de pobreza sin posibilidades de mejorar. También la población que regresa podría caer en manos del narcotráfico y del crimen organizado. Asimismo, significaría una fuerte disminución de las remesas en dólares que envían los trabajadores mexicanos a sus familias. Estas remesas representan anualmente tres veces más el presupuesto social del gobierno mexicano y las reciben con avidez el 40% de los hogares en pobreza extrema.
Ante este conjunto de hechos y circunstancias, el gobierno mexicano tiene la posibilidad de realizar, por medio de su política exterior, una acción de colaboración con el gobierno de Estados Unidos. La embajadora en retiro Roberta Lajous lo reconoce en las siguientes palabras: “México tiene que demostrar su deseo de llegar a un acuerdo más amplio; no nada más a una revisión del T-MEC, sino a un entendimiento sobre temas que les preocupan a nuestros vecinos... Estoy convencida de que Estados Unidos es más fuerte con el frente unido de América del Norte”.
México tiene, además de una embajada, 50 consulados en Estados Unidos, lo que le permite tener un diagnóstico preciso y propuestas de lo que puede hacerse en materia migratoria.
Además del problema migratorio y del T-MEC, está la política industrial de Estados Unidos, que privilegia a la infraestructura, a la industria automotriz, al desarrollo de energías renovables, a la innovación tecnológica, al impulso a la producción de semiconductores, baterías y minerales. Esto no puede mantener indiferente a la política industrial de nuestro país. Para absorber inversiones de Estados Unidos en el contexto de la relocalización industrial necesitamos resolver problemas internos que constituyen la base del desarrollo, como son el Estado de derecho, la infraestructura, la energía limpia y la seguridad. Esto, que se dice fácil, significa una gran tarea del Estado: definiciones políticas, planeación y concurrencia con las empresas privadas nacionales y extranjeras.
