Mirando al futuro: la protección de datos personales en México

En una era marcada por la revolución digital, donde la inteligencia artificial, la computación cuántica y otras tecnologías disruptivas redefinen nuestras interacciones y decisiones, el control sobre nuestros datos personales se ha convertido en un pilar del libre desarrollo de nuestra personalidad. Es más que un tema técnico o legal, la protección de datos personales es y debe ser visto como un derecho humano que garantiza nuestra capacidad de decidir quién accede a nuestra información y cómo se utiliza. Sin embargo, en México, este derecho atraviesa un momento crítico que podría desvincularnos de los estándares internacionales y dejarnos vulnerables en un mundo digital donde la privacidad es la base para proteger no solo nuestra dignidad, sino también nuestras libertades esenciales en un entorno cada vez más interconectado.

La reciente aprobación de la iniciativa de simplificación administrativa que extingue al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) dejará a México sin una autoridad especializada en la materia. Esta decisión, que ha generado un profundo debate, no solo implica un vacío institucional, sino que pone en riesgo nuestra capacidad como país para cumplir con los estándares internacionales en protección de datos. México, que ha sido un referente a nivel regional por sus innovadoras legislaciones y buenas prácticas implementadas tanto en el sector público como privado, se encuentra ahora en un terreno incierto, con una ciudadanía que estará menos protegida.

El impacto de esta decisión no solo se limita a la esfera de los derechos humanos; también tiene profundas implicaciones económicas. En un mundo donde la economía digital es una realidad creciente, garantizar la protección de los datos personales es fundamental para mantener la competitividad y la confianza en los mercados.

Además, México es uno de los pocos países fuera de Europa que forma parte del Convenio 108 del Consejo de Europa, el único instrumento internacional vinculante en la materia. Este convenio ofrece beneficios económicos y diplomáticos al permitir que los datos fluyan con seguridad entre los países miembros, facilitando el comercio, la inversión y la cooperación internacional. Sin una autoridad garante independiente, nuestra adhesión al Convenio 108 se pone en entredicho, y con ello, los beneficios que trae consigo: desde la atracción de empresas tecnológicas hasta la consolidación de México como un socio confiable en el ecosistema digital global. En un momento donde el comercio electrónico ya no es una opción, sino el futuro de las transacciones económicas, no podemos darnos el lujo de ignorar la importancia de este derecho.

En palabras de Alessandro Mantelero, experto independiente en inteligencia artificial y derechos humanos, “la devolución de las funciones del INAI prevista en la propuesta de reforma constitucional podría reducir el nivel de protección de los datos personales de manera significativa, debido a una fragmentación excesiva de la competencia de las autoridades de control, a la falta de independencia plena y de una competencia especifica de estas autoridades de control. Además, la colaboración internacional y su papel central en el flujo transfronterizo de datos se ven afectadas de manera tan significativa que puede impedir la libre circulación de datos a nivel transfronterizo en el marco del Convenio 108 entre México y otros países que son Partes del Convenio”.

Mientras otros países de la región como Brasil, Perú, Chile y El Salvador avanzan con legislaciones modernas y autoridades de control sólidas, México corre el riesgo de quedarse rezagado. Brasil, por ejemplo, no solo ha fortalecido su Autoridad Nacional de Protección de Datos (ANPD) con la incorporación de más de 200 nuevas posiciones en su estructura, sino que también se ha posicionado como un referente en América Latina, atrayendo inversiones y consolidando su economía digital. En Perú se aprobó una nueva ley convergente a los principios consagrados en el Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea y, tanto Chile como El Salvador han dado pasos importantes al promulgar leyes que no solo protegen los datos personales, sino que también promueven la confianza y el crecimiento económico a través de la seguridad jurídica.

El contraste con estos avances en el orbe internacional es alarmante. México podría quedarse atrás no solo en términos normativos, sino también en el ámbito de la cooperación internacional. Sin una autoridad de control, será difícil participar activamente en foros globales o intercambiar información de manera segura con otros países, lo que afectará sectores tan diversos como el comercio, la tecnología y la seguridad. Más preocupante aún es el impacto en las personas ya que la falta de supervisión abre la puerta a abusos, desde el mal uso de nuestra información personal hasta el incremento de fraudes y vulneraciones a nuestra privacidad.

El panorama es sombrío, pero no irreversible. Este momento de crisis debe convertirse en una oportunidad para reflexionar sobre lo que está en juego y actuar desde nuestras trincheras para garantizar que la protección de datos siga siendo una prioridad en México. Aunque no contemos con una autoridad de control especializada, las empresas, organizaciones civiles, universidades y ciudadanos podemos y debemos mantener vivo el compromiso con este derecho. El sector privado debe seguir implementando políticas internas que protejan los datos de sus usuarios, mientras que la sociedad civil y la academia deben exigir que este tema regrese a la agenda pública.

Asimismo, el futuro de la protección de datos personales no solo depende de las instituciones, sino también de las personas que impulsan su desarrollo. En México y en la región latinoamericana, existe un déficit significativo de profesionales especializados en esta materia, y este problema no es exclusivo de nuestra región: a nivel global, la demanda de expertos en protección de datos, ciberseguridad, ética digital y tecnologías disruptivas supera con creces la oferta disponible. Para que este derecho humano siga vivo y presente en nuestro país, es imprescindible apostar por la profesionalización.

México necesita más expertos que combinen conocimiento técnico, jurídico y ético para enfrentar los retos actuales y futuros. Invertir en la formación de profesionales es una necesidad urgente, ya que ellos son quienes garantizarán que, pase lo que pase, la protección de datos personales no sea una idea olvidada, sino un derecho fortalecido y adaptado a los desafíos actuales.

El futuro plantea muchas preguntas que aún no tienen respuesta, por lo que a todas aquellas voces que consideren que la desaparición del INAI es justa, los invito a reflexionar en torno a las siguientes cuestiones aún sin resolver: ¿En manos de quién quedará la tutela de los principios, derechos y obligaciones en el sector privado? ¿Cómo se impondrán las multas? ¿Cuáles serán los canales de interlocución con la nueva autoridad? Y, finalmente, ¿cómo garantizarán certeza y seguridad jurídica a los clientes? Ante este escenario, la profesionalización se vuelve más importante que nunca. Iniciativas como las certificaciones en protección de datos personales son esenciales para formar especialistas capaces de enfrentar estos retos y asegurar que, más allá de los cambios institucionales, la protección de datos personales siga siendo un derecho efectivo.

Por lo anterior, queda claro que la protección de datos personales no es un lujo ni una cuestión secundaria; es un pilar de nuestra democracia y un requisito indispensable para nuestra soberanía digital. A nivel global, las tendencias son claras: los países que no protegen la privacidad de sus ciudadanos no solo quedan expuestos a riesgos internos, sino que también pierden credibilidad y competitividad en un mundo donde la economía y la sociedad dependen cada vez más de la confianza digital.

El desafío para México es enorme, pero no podemos permitir que este retroceso se convierta en una derrota definitiva. Mirando al futuro, es nuestra responsabilidad como sociedad garantizar que los derechos humanos no formen parte de decisiones políticas o económicas. A pesar de la incertidumbre, debemos seguir avanzando y manteniendo la esperanza para que México recupere algún día su lugar como líder latinoamericano en materia de datos personales.

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