La negligencia presupuestaria en vacunación

México, estimados lectores, había sido líder en Latinoamérica en materia de vacunación, logrando una reducción significativa de enfermedades y muertes prevenibles. Esto benefició especialmente a niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas como diabetes, cáncer y padecimientos reumáticos.

La vacunación es un derecho universal y un bien público que requiere la corresponsabilidad de la población para alcanzar coberturas superiores al 95% por biológico y al menos un 90% de esquemas completos en cada grupo de edad. No cumplir con estos estándares pone en riesgo la erradicación de la poliomielitis, el control epidemiológico de la difteria, la eliminación del tétanos neonatal y no neonatal, el sarampión, la rubéola y el síndrome de rubéola congénita. Además, se compromete la prevención de infecciones graves como la tuberculosis, el Haemophilus influenzae tipo B y la tosferina, así como la reducción de la incidencia del Virus del Papiloma Humano y la influenza.

Desde el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2019, el gobierno de Morena evidenció su negligencia presupuestaria al reducir el presupuesto de vacunación a 2,130.9 millones de pesos, 512 millones menos que en 2018. En ese momento, alerté sobre el riesgo que esto representaba, agravado por fallas en la rectoría del Sistema Nacional de Salud y la ausencia de un sistema nominal sectorial que permitiera monitorear el estado de vacunación infantil.

Se sospechaba, con base en evidencia, que las coberturas reales no superaban el 80%. Como muestra, el Instituto Nacional de Pediatría advertía que la mitad de los casos de tosferina en menores de un año se daban en niños sin esquema completo de vacunación. Esto solo podía explicarse por dos razones: falta de disponibilidad del biológico o incapacidad del sistema de salud para convocar y persuadir a los familiares sobre la importancia de la vacunación.

Siete años después, como legislador y Secretario de la Comisión de Salud en la Cámara de Diputados, he denunciado de manera sistemática el subejercicio recurrente en los programas de vacunación y su impacto directo en el resurgimiento de enfermedades prevenibles. Hoy, los brotes de sarampión y tosferina que azotan al país confirman lo peor: México enfrenta una crisis de salud pública anunciada, producto de la miopía administrativa y la opacidad en el manejo de recursos.

Los datos son contundentes. En 2023, se dejaron de ejercer 58,127 millones de pesos asignados a la función salud, lo que equivale al 14.5% del presupuesto autorizado. Entre los programas más afectados. Vacunación: -79% de ejecución (5,900 millones de pesos no aplicados). Vigilancia epidemiológica: -40.5%. Prevención de enfermedades: -35.1%.

Este desfalco explica por qué, en lo que va de 2025, se han reportado 120 casos de tosferina, ocho veces más que en 2024, y por qué el sarampión, eliminado oficialmente en 1996, ha reaparecido con brotes focalizados. La relación es directa: menos recursos ejercidos equivalen a menor capacidad de respuesta sanitaria.