¿Hacia el ocaso de los derechos humanos?

A casi ochenta años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948), éstos parecen en vías de extinción. Los derechos fundamentales de todas las personas a la vida, la seguridad, la nacionalidad, la libertad… están siendo negados, pisoteados, por gobiernos autoritarios y “democráticos”. Aunque el desprecio por estos derechos no es nuevo, en este 2025 las prácticas que vacían de sentido “el derecho a tener derechos” de personas y grupos son más amplias y patentes. Sin una resistencia social organizada, esta tendencia totalitaria continuará, hasta desembocar en un mundo aún más deshumanizado y violento. 

Bajo el nuevo gobierno, se ha precipitado la imposición de un proyecto autoritario que reactualiza en Estados Unidos. fanatismos religiosos, corrientes racistas y xenófobas, delirios de supremacía. Lejos de promover el bien común, se fomenta el individualismo; en nombre de la libertad o la seguridad de unos, se coartan las libertades y amenazan la seguridad de muchos. Las violaciones a la ley y la negación de derechos humanos se acumulan día a día: EE.UU. deporta a personas indocumentadas que no han cometido ningún delito, sin juicio alguno, a la infame prisión de Guantánamo, a su país de origen aunque ahí su vida peligre, a terceros países cuyos gobiernos a su vez violan sus derechos humanos, entre ellos El Salvador y Costa Rica.

Si la deportación de supuestos “pandilleros” a las inhumanas cárceles salvadoreñas es un acto de terror de Estado, el envío de un grupo de venezolanos, acusados de “terrorismo” por su presunta pertenencia al Tren de Aragua (solo por tener tatuajes), sin pruebas ni juicio y pese a la suspensión de un juez federal, explicita el desprecio de ambos gobiernos por cualquier protección legal. En este contexto, es preocupante que un país democrático como Costa Rica haya aceptado recibir a migrantes deportados que buscaban asilo en EE.UU. porque en su país (Irán, Afganistán) su vida corría peligro. Peor, que mantenga encerradas en un campamento, y no haya ofrecido asilo, a 150 personas que no han violado la ley ni tienen a dónde ir. ¿Acaso cualquier país estará dispuesto a violar los derechos humanos de extranjeros para evitar aranceles o sanciones de EE.UU.?

En México, la crisis de derechos humanos en la migración se hizo más patente desde la masacre de San Fernando (2010) y luego en el incendio del centro de detención en Ciudad Juárez (2023), ambos impunes. Persiste en secuestros, expolio, violaciones de criminales, en ataques de la Guardia Nacional en las fronteras; incluye también a nacionales retornados que no han recibido el apoyo necesario para rehacer su vida en México. Quienes transitan hacia el norte o son “devueltas” aquí, sufren los efectos de vivir en un país de impunidad, con grandes zonas controladas por el crimen organizado o bajo gobiernos corrompidos.

Esta crisis lacera de hecho a cualquiera que viva aquí: el gobierno tolera que pueblos enteros sean expulsados por criminales, que miles de ciudadanos/as sean desaparecidos/as, que cientos o miles de personas sean torturadas, masacradas, degradadas en cuerpo y alma en campos de muerte. Ante el ascenso de desapariciones, homicidios dolosos, feminicidios, los gobiernos han jugado con las cifras, con las vidas. El gobierno actual, como el anterior, minimiza los hallazgos de las madres buscadoras, las descalifica, ataca a periodistas críticos, expide nuevas leyes cuando las existentes bastarían si se cumplieran. Ni siquiera ante el horror en Teuchitlán y otros sitios, reconoce esta crisis humanitaria y legal, se compromete con la justicia.

La presidenta ha dicho que Teuchitlán no será su “talón de Aquiles”. Tiene razón. Su falla esencial es su desconexión de la sociedad. Si le importara, ya no el dolor de los demás, la supervivencia de la democracia, la viabilidad del país, o el sentido de su presidencia, se comprometería con la sociedad, la verdad y los derechos humanos, no (como ayer) con palabras y promesas gastadas, con acciones concretas.