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Opinión

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Ola antisociedad civil: Latam

Desafortunadamente no solo en Estados Unidos hay una ola desde el poder en contra de la agenda de la sociedad civil a favor de la democracia, los derechos humanos, el medio ambiente, la diversidad y la inclusión. También en América Latina están cayendo las fichas de dominó contra una sociedad plural y participativa.

La promulgación el año pasado de la 7363/24 en Paraguay, conocida como la “Ley Anti-ONGs” o “Ley Garrote”, ha generado preocupación tanto a nivel nacional como internacional debido a sus implicaciones para la sociedad civil. Esta legislación establece requisitos estrictos de registro y rendición de cuentas para las organizaciones sin fines de lucro, incluyendo la obligación de inscribirse en un registro nacional y presentar informes detallados sobre sus fuentes de financiamiento y actividades. Pero lo más grave, es que hace ilegal cualquier papel de las organizaciones en temas de políticas públicas, al declararlas un ámbito exclusivo de las instituciones del Estado.

Está por publicarse el reglamento a la Ley, que será fundamental para entender el alcance en el día a día de la vida de estas asociaciones. En todo caso, para quienes han alzado la voz con contra, la ley es claramente anticonstitucional; sin embargo, la hegemonía del partido colorado y la sumisión del Poder Judicial al Ejecutivo, hacen muy poco probable de que la ley se corrija.

Leyes similares se perfilan en Bolivia y Perú. No sería una sorpresa que el dominó de las fichas antisociedad civil alcanzara pronto Argentina y una política de esta naturaleza se sume a la agenda de Milei.

Ya se están viviendo las implicaciones para las organizaciones de la sociedad civil en la región:

Un efecto disuasorio en la formación y operación de ONG: las exigencias administrativas y las posibles sanciones pueden desalentar la creación y funcionamiento de nuevas organizaciones, limitando la diversidad y representatividad de la sociedad civil. Aún sin reglamento de esta ley en Paraguay, los bancos han sido de los primeros organismos en elevar los requisitos para sus clientes de la sociedad civil.

Restricciones a la libertad de asociación y expresión: la ley podría ser utilizada para silenciar voces críticas y limitar la capacidad de las ONG para operar libremente, afectando su rol en la promoción de derechos humanos y la democracia.

Aislamiento y limitación de la cooperación internacional: las restricciones pueden dificultar la colaboración entre ONG locales e internacionales, afectando proyectos conjuntos y el flujo de financiamiento externo destinado a iniciativas sociales y de desarrollo. A esto se le suma la aniquilación de USAID, y que muy probablemente Europa también disminuya los recursos que históricamente ha dedicado en apoyar esta agenda política más allá de sus fronteras. Más aún ahora que estarán incrementando de manera importante sus presupuestos militares, de seguridad y defensa.

Impacto en la vida democrática de la región: la implementación de leyes que restringen la labor de las ONG puede erosionar la evaluación internacional de compromiso con la democracia y los derechos humanos en América Latina, afectando relaciones diplomáticas y acuerdos internacionales.

En conclusión, la Ley AntiONG de Paraguay representa un desafío serio y grave para la participación de las organizaciones de la sociedad civil en dicho país y podría tener repercusiones en toda América Latina, especialmente si se convierte en un modelo para otros gobiernos que busquen restringir el espacio cívico.

Estamos siendo testigos del autoritarismo en su campaña en contra de los pueblos indígenas, de campesinos, intelectuales, ambientalistas, los derechos humanos y, de acciones concretas para retroceder en temas de igualdad y equidad de género.

Las ONG tendrán que sobrevivir esta nueva tendencia, que seguramente incrementará la resiliencia de la sociedad y de los activistas a nivel territorio, pero que ciertamente harán su labor más difícil y compleja, en detrimento de las decenas de millones de personas en toda la región que se benefician de la valiosa labor que llevan a cabo.

Julio es egresado de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM, con maestría en políticas públicas de la Universidad de Georgetown.

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