Órgano antimonopolios, ¿más rudo?

A 30 años de la primera, viene la tercera edición de la Ley Antimonopolios en México.

Será la primera en la era de un gobierno que se autocalifica de izquierda.

Y se registra en el contexto de la extinción de los órganos autónomos, creados en la etapa de gobiernos neoliberales.

Está sobre la mesa de la discusión, la iniciativa del diputado del partido Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar.

La presenta a título personal, ha aclarado el legislador, desde que la hizo pública.

¿Qué propone? Propone poner la competencia al servicio de las personas.

Su premisa es desconcentrar los mercados para evitar sobreprecios y generar mayor innovación y acceso a servicios para la población.

Propone crear una nueva autoridad antimonopolios con el diseño de su antecesora la Cofece, gobernada por un órgano colegiado con cinco comisionados, pero “con más dientes”.

Regularía también a las empresas de telecomunicaciones y radiodifusión, en los que se registra alta concentración y litigiosidad.

Se crearía una Fiscalía Antimonopolios con autonomía para decidir cuándo y qué se investiga en los mercados.

Propone tiempos más cortos para los periodos de investigación y resolución de prácticas anticompetitivas para que la autoridad actúe con celeridad.

Entre los tópicos más destacados está la intención de procurar una “cancha pareja” para todos los actores en el mercado, públicos y privados, bajo el concepto de “neutralidad de la competencia”.

Este concepto es fundamental para el cumplimiento de los compromisos con tratados de comercio internacional, en particular el T-MEC y para impulsar la innovación y la atracción de inversiones al país.

Cumpliría con los artículos 21 de la Ley de Competencia y 18 del T-MEC.

Además, busca resolver la “doble ventanilla” generada con la reforma constitucional de simplificación administrativa que separó las funciones del IFT, entre la nueva agencia antimonopolios y la recientemente creada Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT).

La iniciativa de Ramirez Cuéllar dispone mecanismos de coordinación entre ambas instituciones y opiniones no vinculantes y dota de total autonomía a la agencia antimonopolios para ejercer sus funciones para combatir las prácticas anticompetitivas e imponer regulación asimétrica en materia de telecomunicaciones.

En cuanto a las multas propone un acento disuasivo y de reparación del daño de los consumidores.

En paralelo propone una más activa práctica de Acciones Colectivas y reparación de daño, a usuarios.

Desde el punto de vista de Ramírez Cuéllas la nueva política de competencia, debe ser una Política de Bienestar.

La propuesta del legislador está abierta y sujeta a discusión pública.

Pero no será la única. Se espera la que presentará el Poder Ejecutivo.

De hecho, en días pasados, provocó confusión y alarma, en el sector privado, una segunda iniciativa de reforma a la Ley de Competencia Económica.

Llamó la atención su efímera exhibición en la página de internet de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (Conamer), aunque en los primeros momentos se rumoró que “se trataba de la buena; porque es la del Ejecutivo”.

Este proyecto de iniciativa, por cierto, venía en un tono mucho más rudo que el que propone la iniciativa del legislador Ramirez Cuéllar.

Proponía sanciones muy severas y hasta excesivas a las empresas privadas.

Un botón de muestra: propone aumentar las sanciones máximas a las empresas, por cometer prácticas monopólicas absolutas.

Refiere el caso de Brasil en donde establecieron multas equivalentes al 20% de los ingresos de los agentes económicos involucrados. Propone modificar el artículo 127 de la Ley para aumentar las multas establecidas para todos los tipos de conductas ilegales y crear nuevas sanciones, de modo que no sea negocio abusar de los consumidores en México.

Propone que las multas representen un porcentaje de los ingresos de los ejercicios fiscales en los que se haya cometido la infracción a la ley.

También propone modificar el artículo 128 de la Ley para aumentar las multas que se impongan a las empresas que no cuenten con ingresos acumulables.

Sostiene que las modificaciones previstas a los artículos 127 y 128 de la ley tienen como finalidad sancionar con severidad a aquellas personas físicas o morales que cometan prácticas anticompetitivas.

Se busca desincentivar la comisión de prácticas anticompetitivas y se traducirá en un mayor bienestar para las familias mexicanas.

Otros ejemplos. Por cada día de inasistencia a una comparecencia, la empresa del caso tendría que pagar multas de hasta 40 mil salarios mínimos.

Prevé, el pago de 300 mil salarios mínimos diarios por obstaculizar el desarrollo de una visita de verificación.

La Ley Antimonopolios está en proceso de reforma. ¿Cuál será la buena? ¿La de Ramírez Cuéllar, que se observa más institucional? O, la que fue exhibida y retirada, que viene mucho más ruda. Veremos.