Padrón de telefonía móvil, nueva intentona

Por motivos de seguridad, desde el gobierno mexicano viene otra intentona por crear un padrón nacional de usuarios de telefonía móvil. 

El fundamento gubernamental parece impecable: combatir la criminalidad y abatir la impunidad.

A nivel institucional, fortalecer la capacidad de “inteligencia” de las autoridades de seguridad. Y en términos individuales, la premisa, incluso es atractiva: combatir extorsiones y secuestros.

Se trata de una nueva intentona. El diccionario de la Lengua Española así define el concepto de intentona a aquel intento temerario, especialmente si se ha frustrado.

Y es justamente el caso. Han sido varios gobiernos en México, de distintos signos ideológicos, los que lo han intentado de manera fallida.

Lo intentó también el gobierno recientemente concluído. En el plano internacional, los intentos también han sido fallidos.

En días pasados la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, envió una iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, como parte de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública 2024-2030.

En la exposición de motivos destaca que la intención de la iniciativa es parte de la estrategia para prevenir, investigar y combatir los hechos delictivos y la impunidad en el país.

El gobierno de Sheinbaum, propone fortalecer el Sistema Nacional de Seguridad Pública, que a través del Secretariado Ejecutivo, se coordinará con la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones.

El propósito –dice en su exposición de motivos– es robustecer las investigaciones a cargo de las instituciones de seguridad pública y, de ser necesario, obtener datos de prueba para las investigaciones que lleven a cabo.

La iniciativa de ley dispone que las empresas de telecomunicaciones, las empresas comercializadoras y los propios usuarios de los servicios de telefonía móvil estarían obligados a darse de alta en el padrón.

Este padrón obligaría a los prestadores de servicios móviles de telecomunicaciones, por sí o por medio de las empresas comercializadoras a realizar el registro de alta de los titulares y usuarios de las líneas telefónicas que operan en su red.

Las empresas de telecomunicaciones estarían obligadas a inhabilitar las líneas que no estén asociadas a una persona, salvo aquellas que presten servicios de seguridad y emergencia.

Cualquier persona que tenga un teléfono móvil lo tendrían que registrar y presentar su credencial del Instituto Nacional Electoral (INE) ó su Clave única de Registro de Población (CURP).

De aprobarse la iniciativa de ley (que no parece difícil con la mayoría en el Congreso del partido en el poder) las empresas de telecomunicaciones tendrán un par de años para el proceso de registro de sus líneas móviles en el padrón.

En el párrafo V del artículo 12 de la iniciativa de ley dispone que las instituciones de seguridad pública contarán con los acceso necesarios al padrón de telefonía móvil con la finalidad de realizar las consultas requeridas para el ejercicio de sus atribuciones, de conformidad con los lineamientos que emita el Secretariado Ejecutivo.

No menciona si las instituciones de seguridad pública deberán contar con una orden judicial previa.

Tampoco hace referencia a la protección de datos personales.

Como está planteada la iniciativa de ley, el gobierno mexicano a través de sus instituciones de seguridad tendrá acceso a la información de todos los usuarios de telefonía móvil.

En el pasado reciente, los intentos de registro de la telefonía móvil no solo fueron fallidos sino riesgosos.

En el gobierno de Felipe Calderón, el Registro Nacional de Usuarios de Telecomunicaciones (Renaut) terminó en el mercado negro y aumentó la extorsión telefónica, de acuerdo con la Red de Defensa de los Derechos Digitales.

A nivel local e internacional, los padrones de teléfonos celulares han fallado por la falta de coordinación inter institucional, la sobreregulación que implica, su eventual uso en el mercado negro y el impacto negativo en el crecimiento de los servicios de telefonía móvil.

Por lo pronto, viene una nueva intentona. Buscará crear un padrón de telefonía móvil, con los riesgos asociados sobre los datos personales. Al tiempo.

Atisbos

Fijar el precio de la gasolina en 24 pesos implica que Pemex tendrá que aplicar un subsidio; el precio máximo tiene impacto de entre el 8 y el 10% respecto a recaudación del 2024 del IEPS de gasolinas y diesel, asegura Alejandro Montúfar, CEO en PetroIntelligence. Sería mejor –dice el especialista– reducir el nivel del IEPS, para evitar distorsiones en la operación de empresas; que baje calidad de servicio; que se pierdan empleos y, el apoyo indirecto al contrabando. La política pública está mal diagnosticada. Los bajos precios de las gasolinas, advierte, se explican por el contrabando fiscal.