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Pendientes chilangos
En vísperas de someterse a un procedimiento quirúrgico, hace un mes, Clara Brugada recibió a legisladores del bloque mayoritario en el Congreso de la Ciudad de México para afinar la agenda. Algunas dificultades en la aprobación de la iniciativa para habilitar las licencias permanentes para los automovilistas particulares —no obstante la propuesta para crear el Fondo de Movilidad—obligaban a clarificar las prioridades.
La jefa del Gobierno capitalino pudo percibir, de primera mano, notorias incertidumbres sobre el paquete económico, surgidas en las 25 mesas de diálogo convocadas en el recinto legislativo. Juan Pablo De Botton, Alejandro Encinas y Pablo Trejo llevaban semanas en la preparación de la propuesta, aunque su definición estaba supeditada a la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación en San Lázaro.
La armonización de la legislación local con las reformas constitucionales aprobadas en el Congreso de la Unión acelerará una simplificación orgánica que en los hechos se traduce en una reducción del aparato burocrático que inició, con el cierre de las oficinas del Consejo de Evaluación en la Colonia del Valle. ¿El Info-CDMX correrá la misma suerte?
Los diputados chilangos tendrán que trabajar dos semanas más, para dictaminar y aprobar el presupuesto que finalmente podrá remitir Brugada a partir del 16 de diciembre. A punto de fenecer el primer periodo ordinario de sesiones en el Congreso capitalino, se acumulan los pendientes… y no hay señales del Palacio del Ayuntamiento que marquen el rumbo.
Ante los diputados locales, los 16 alcaldes requirieron aumentos de dos dígitos para sus presupuestos, señaló la coordinadora de la bancada morenista, Xóchitl Bravo. Entre los más conspicuos, Circe Camacho Bastidas, de Xochimilco, quien estimó “necesidades” por 2,869 millones de pesos, un incremento de 20% respecto de lo autorizado el año pasado; y Mauricio Tabe, de Miguel Hidalgo, quien solicitó 5,051 millones, lo que representaría del más de 80% de aumento.
Los requerimientos de los 16 alcaldes y de los titulares de los organismos autónomos ni siquiera serán tomados en cuenta.
En Donceles, por ejemplo, ya asumieron que de la Tesorería de la CDMX deberán salir los recursos para organizar la consulta sobre los presupuestos participativos y la elección de los jueces y magistrados del Poder Judicial capitalino. Un bloque minoritario de legisladores aliados a Morena se han expresado en contra de que ambos procesos sean cancelados y en esa línea parecería haber avanzado el Instituto Electoral local, que no solicitó presupuesto para organizar tales ejercicios deliberativos. ¿Y entonces, correrán a cargo de la Secretaría General de Gobierno?
Efectos secundarios
¿VENGANZAS? Aquellos que formaron parte de la comunidad del Instituto Madrid conocen a la perfección los detalles de la historia que confrontó al exsubsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, con un amplio sector morenista. Por su protagonismo, además, y su impudicia. Allí están las evidencias del financiamiento proveniente de la fundación Bloomberg para combatir a las empresas fabricantes de alimentos ultra procesados, que recibieron El Poder del Consumidor y el Instituto Nacional de Salud Pública a mediados del sexenio anterior, justo cuando el exfuncionario era asiduo a las conferencias del Salón Tesorería. Según los reportes anuales de donatarias autorizadas, entregados por la SHCP al Congreso de la Unión, la organización que dirige Alejandro Calvillo recibió 355 millones de pesos de recursos del exterior entre 2017 y 2023. Del lado gubernamental, López-Gatell, Simón Barquera y Ruy López Ridaura eran los más criticados por su cercanía a los agentes internacionales.
IMPOSIBLES. Expropiado hace ¡32 años!, el predio ubicado en Montes Apalaches 525, adyacente al Bosque de Chapultepec, podría derivar en un nuevo desafuero. Y es que hace cuatro semanas, el juez Ulises Rivera ordenó al Congreso de la Ciudad de México modificar el uso de suelo del terreno, de área verde a habitacional, con restricciones. Los vecinos de Lomas de Virreyes mantienen su oposición a dicha reclasificación, que no concede la mayoría morenista. ¿La presidenta de la mesa directiva, Martha Ávila, responderá por el desacato?