Policía ≠ Militar

El pasado jueves, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de decreto de reforma a la Constitución General, relacionado con la Guardia Nacional. Varias organizaciones nacionales e internacionales se han pronunciado en contra del dictamen, preocupadas por la vulnerabilidad que la reforma implica para los derechos humanos. De igual manera, muchos políticos y líderes de opinión han acusado a López Obrador y a sus fieles operadores de estar militarizando al país.

A pesar de lo anterior, también se escuchan opiniones que, bien o mal intencionadas, intentan minimizar los alcances de la reforma, argumentando que el primero en “militarizar” al país fue Calderón, o que se trata de una discusión vieja, que López Obrador ha venido implementando gradualmente desde años atrás. Estas justificaciones dan la falsa impresión de que la reforma no representa un problema real para México, pues pareciera que prevé una situación con la que el país ya sabe convivir. Esa no es la realidad.

Para entender en términos sencillos la reforma, basta con explicar la diferencia esencial que existe entre un policía y un militar desde el punto de vista jurídico. Los policías, en general, están encargados de la seguridad pública. Esto significa que su labor principal es combatir la delincuencia para preservar la convivencia pacífica dentro de la sociedad.

Un policía debe ejecutar una serie de acciones para detener o arrestar a quienes cometen delitos, como robo, homicidios, feminicidios, narcotráfico y otros, con la finalidad de que se les apliquen las penas que correspondan. Para estos efectos, los policías deben seguir protocolos y restricciones esenciales para respetar los derechos de todas las personas.

Por ejemplo, para que un arresto sea legal, el policía debe respetar en todo momento los derechos humanos del indiciado, como la existencia de una orden legal, o el tiempo máximo que puede durar una detención. Si no existieran estos protocolos y restricciones, los policías podrían arrestar a cualquier persona de manera aleatoria, o incluso allanar sus inmuebles o decomisar sus bienes a capricho. Así, los policías están obligados a respetar los derechos humanos

El ejército, por otro lado, sólo existe para actuar en situaciones de emergencia, como una guerra, o un desastre natural de gran escala. Por esta razón, los militares están autorizados y entrenados para obedecer a un mando jerárquico, sin cuestionar sus órdenes y, lo más importante, sin respetar los derechos humanos. La lógica es simple. Imaginémonos si en una guerra, los militares tuvieran que conseguir órdenes de arresto para disparar a una persona del bando contrario, o para ingresar en una casa ajena sin autorización del propietario.

Pues bien, con la reforma de Morena, los militares se encargarán de la seguridad pública. Morena ha insistido en que estos tendrán una formación y acción policial y no militar, pero esto no es cierto. Aun cuando el dictamen simula que los cambios se aplicarán solamente a la Guardia Nacional, la fracción VII del artículo 89 constitucional prevé que también el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea podrán encargarse de la seguridad pública.

Esta adición es relevante porque estos tres cuerpos no están sujetos a las restricciones que serán aplicables a la Guardia Nacional, supuestamente para que su acción sea “policial”. Además, López Obrador, quizá traicionado por el subconsciente, reconoció en la exposición de motivos que la Guardia Nacional “en cuanto a su formación, es militar”.

En este sentido, no se trata de un simple cambio de uniformes azules por verdes, ni de un comparativo en estadísticas de eficacia entre policías y militares. El verdadero problema está en el poder que tendrá Morena para disponer en cualquier momento del Ejército, que está entrenado y autorizado para violar derechos humanos.