Política de competencia en México: tres décadas de convergencia con América del Norte

En las tres últimas décadas, México ha tenido una evolución notable en la aplicación de la política de competencia, impulsada en gran medida por su integración económica con Estados Unidos y Canadá a través de los tratados comerciales. Este proceso ha generado una convergencia en la aplicación de los principios de competencia económica que ha transformado el panorama regulatorio del país y lo ha posicionado como un destino atractivo para la inversión extranjera, a la vez que ha fortalecido la capacidad de nuestra economía para competir en los mercados internacionales. 

Aunque la historia de la legislación antimonopolio en México se remonta a la Constitución de 1857, fue hasta 1993, con la entrada en vigor de la Ley Federal de Competencia Económica (LFCE), que el país contó con un instrumento legal efectivo para combatir prácticas anticompetitivas y fenómenos de concentración. Esta ley coincidió con las negociaciones del TLCAN, en el que México estableció un compromiso para armonizar sus políticas de mercado con las de sus socios.

La evolución del régimen antimonopolio mexicano se divide en tres etapas. La primera de ellas, de implementación inicial (1993-2004), permitió la creación de la Comisión Federal de Competencia (COFECO) y el desarrollo de la estructura básica para aplicar el marco legal. Este período estuvo marcado por desafíos en el desarrollo de capacidades institucionales, la superación de una cultura empresarial acostumbrada a la ausencia de controles y la interacción con el Poder Judicial, que no estaba familiarizado con el análisis de competencia.

En la segunda etapa se fortaleció la aplicación del marco normativo (2004-2013). Destaca la creciente integración de la economía mexicana en la esfera norteamericana, que exigió un fortalecimiento de la aplicación de la ley antimonopolio. Se efectuaron las primeras enmiendas a la LFCE, se establecieron mayores sanciones y se incorporaron nuevas facultades para robustecer las tareas de investigación.

La tercera etapa va de la reforma constitucional de 2013 al presente. Dicha reforma llevó a la creación de COFECE y el IFT como organismos autónomos, a la incorporación de nuevas figuras de investigación y a la creación de organismos especializados del Poder Judicial para resolver los litigios en la materia.

En este recorrido ha fraguado una armonización de las disposiciones antimonopolio, gracias a los acuerdos comerciales, la inversión extranjera directa, la integración de cadenas de suministro y la cooperación regulatoria con los EUA y Canadá. En este sentido, destaca la existencia de compromisos específicos en materia de competencia en el T-MEC, en aspectos como el trato no discriminatorio entre países y la cooperación entre autoridades.

En el contexto actual, las agencias de competencia mexicanas enfrentan desafíos significativos, principalmente por el cuestionamiento a su existencia como agencias autónomas, que ignora que un régimen antimonopolio creíble, consistente y efectivo es un factor fundamental para atraer la inversión extranjera, promover la innovación, garantizar el bienestar del consumidor y mejorar la eficiencia económica en general. El fenómeno del nearshoring representa para México una oportunidad probablemente irrepetible. Para aprovecharla plenamente, se deben abordar diversos desafíos, como mejorar la infraestructura, impulsar la formación de personal calificado y garantizar la implementación de un marco regulatorio estable, predecible y ajustado a mejores prácticas.

Uno de los aspectos olvidados en la discusión sobre el futuro de las agencias de competencia, es que las empresas mexicanas que compiten en el ámbito internacional cada vez más requieren acreditar el cumplimiento de los principios de competencia. De tal manera, debilitar el sistema actual restará capacidades de intervención del Estado en los mercados, pero también debilitará la posición competitiva de nuestras empresas.

En conclusión, es crucial que México defienda y fortalezca sus agencias antimonopolio, no sólo para proteger a los consumidores y promover mercados competitivos, sino para posicionar estratégicamente al país y capitalizar las oportunidades económicas emergentes que permitirán un crecimiento sostenido y mayor empleo.