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Los presupuestos de egresos responsables deben apoyar la productividad prioritariamente
El gobierno enfrenta un dilema fiscal: reducir el déficit al 3% del PIB, con riesgo de perjudicar sectores claves como salud, educación y seguridad, o mantener el gasto y perder credibilidad fiscal. Además, el país necesita crecer un 4% para crear empleos formales, lo cual requiere aumentar la productividad y mejorar el capital humano, infraestructura y apoyo a mipymes.
En opiniones previas he insistido en que esta nueva administración enfrenta un dilema difícil. Si no reduce el déficit público como se ha planteado hasta ahora, de 6% a 3% del PIB, e incluso así, podría incurrir en riesgos de credibilidad de la sostenibilidad fiscal; si lo hace, la contracción del gasto público en campos esenciales –salud, educación, seguridad pública e infraestructura– sería perjudicial para el país y riesgosa políticamente. Obviamente, ello se agravaría si los programas sociales se incrementan como se ha anunciado.
Además, evidentemente se requiere un mayor crecimiento económico. Para generar empleos productivos, formales y dignos de forma duradera, el país necesita crecer en alrededor de 4%, muy por encima de la perspectiva actual.
La productividad ha frenado la economía: en 40 años hasta 2022 la productividad redujo el producto generado por los factores de producción en 17% (productividad factorial total, KLEMS, Inegi).
Independientemente de cómo se resuelva el dilema fiscal, e incluso si no, si al gobierno le interesa apoyar el crecimiento productivo (que está demostrado ser necesario para el progreso social y el abatimiento de la pobreza sostenidos en el tiempo), el presupuesto federal debería destinar recursos eficientemente a todo lo que impulsa la productividad, entre otros: a las capacidades de los trabajadores, mediante salud, educación y capacidades útiles para su participación en el mercado laboral moderno, o sea, al capital humano productivo; a la infraestructura y logística útiles, con proyectos rentables socialmente como lo manda la ley; a la seguridad pública con estrategia; a la capacidad de crecimiento de las mipymes, y al Estado de derecho, en general.
El apoyo al capital humano productivo dota de dignidad a las personas, a diferencia de las simples transferencias de efectivo, y debe incluir especialmente a la población vulnerable y más pobre con ayudas especiales que consideren sus desventajas.
La infraestructura y logística generada por proyectos públicos deben ser evaluados respecto a sus beneficios y costos sociales y preparados con rigor; la estrategia de seguridad pública tiene que asegurar el concurso, coordinación y recursos para las entidades federativas de acuerdo con las labores de vigilancia e investigación propias de cada uno y con la independencia efectiva de sus fiscalías.
Las mipymes emplean a buena parte de la población, pero se requieren políticas en el ámbito laboral para facilitar y permitir su crecimiento, necesario para elevar su productividad y sus posibilidades de supervivencia y para abatir la informalidad.
La prevalencia del Estado de derecho, su mejoría y su progresividad son elementos indispensables para la certeza y seguridad jurídica requerida para que se pueda aprovechar a plenitud las ventajas únicas que la región ofrece a México en la actualidad.
A diferencia de las políticas propias del populismo, las que impulsan la productividad, como estas, rinden frutos más a largo que a corto plazo, pero son las propias de un gobierno responsable.
