Recesión, decisión e inversión

Tradicionalmente, los objetivos de política económica de un país incluyen: fomentar un crecimiento constante y equilibrado en la producción de bienes y servicios (PIB) sin comprometer los recursos naturales para las generaciones futuras; reducir el desempleo y generar suficientes oportunidades laborales para mantener a la mayor parte de la población económicamente activa; controlar la inflación y evitar la deflación, garantizando que los precios se mantengan estables y predecibles; disminuir las desigualdades económicas mediante políticas fiscales, subsidios y programas sociales que aseguren un acceso equitativo a los recursos; y, preservar un sistema financiero sólido y confiable que resista las crisis y fortalezca la confianza de los inversionistas.

El crecimiento económico constituye la base esencial para alcanzar los demás objetivos de política económica, ya que actúa como el terreno fértil donde estos pueden desarrollarse y consolidarse. Según los pronósticos optimistas, se espera que en 2025 la economía mexicana registre un crecimiento marginal, situado entre el 0.1% y el 1%. Sin embargo, instituciones como la OCDE advierten sobre la posibilidad de una contracción económica del PIB de aproximadamente -1.3% en un escenario pesimista. Este panorama adverso se fundamenta en la vulnerabilidad de ciertos sectores clave y en la alta dependencia de factores externos, particularmente las condiciones comerciales con Estados Unidos.

Los pronósticos económicos para 2025 y los años siguientes están condicionados por diversos factores de riesgo que enfrenta la economía mexicana, entre los cuales destacan cuatro principales. En primer lugar, la alta dependencia de México hacia su principal socio comercial lo hace particularmente vulnerable a cambios en la política comercial y arancelaria, así como a desaceleraciones en la economía de Estados Unidos. En segundo lugar, la presión fiscal y la creciente necesidad de financiar déficits representan desafíos significativos, pues podrían restringir la capacidad del país para responder eficazmente ante posibles choques económicos."

En tercer lugar, la incertidumbre política, junto con las reformas estructurales en áreas como el ámbito judicial, fiscal o energético, provoca inestabilidad, lo que puede minar la confianza de los inversionistas y generar condiciones desfavorables para la inversión tanto nacional como extranjera. Por último, la persistente desigualdad social y la elevada informalidad en el mercado laboral representan desafíos significativos, ya que pueden reducir el consumo interno y restringir el potencial de crecimiento económico a largo plazo.

La recesión económica inminente podría impactar con mayor intensidad a aquellas entidades federativas cuya estructura económica depende significativamente de sectores cíclicos, del comercio exterior y de industrias orientadas a la exportación. Entre estas se encuentran los centros industriales vinculados a la manufactura avanzada y la tecnología, donde una disminución en la inversión extranjera o en la demanda global podría perjudicar gravemente la actividad industrial. Asimismo, las entidades con un desarrollo industrial acelerado, impulsado principalmente por la industria automotriz y otros sectores manufactureros, presentan una alta vulnerabilidad ante las fluctuaciones de los mercados internacionales y la inversión extranjera directa.

En un escenario caracterizado por alta incertidumbre y riesgos significativos, las empresas mejor posicionadas en los mercados mexicanos deberán enfocar sus esfuerzos en decisiones estratégicas clave para fortalecer su resiliencia y competitividad. Estas incluyen: diversificar sus portafolios de inversión mediante la exploración de nuevos mercados y sectores para reducir la dependencia de una única fuente de ingresos; promover la transformación digital y la innovación tecnológica, con especial énfasis en el uso de inteligencia artificial y otras tecnologías emergentes; apostar por tecnologías limpias y energías renovables, integrando prácticas de responsabilidad ambiental que generen valor y sostenibilidad; y, finalmente, establecer alianzas estratégicas que refuercen su posición en el mercado y fomenten colaboraciones que impulsen su crecimiento.

De manera paralela, los gobiernos estatales y municipales deben centrar sus esfuerzos en crear un entorno propicio para que empresas internacionales trasladen sus operaciones a México. Esto incluye la implementación de incentivos fiscales competitivos, el desarrollo de infraestructura moderna y el acceso a una mano de obra calificada que cumpla con las demandas del mercado global. Además, resulta crucial establecer parques industriales especializados en sectores estratégicos como la manufactura, la tecnología, las energías renovables y la agroindustria.