¿Y quién resguarda la PNT?

Hace cuatro meses, los órganos garantes estatales de la transparencia y el acceso a la información ya habían previsto el peor escenario: su desaparición. Y entonces vislumbraron volver al esquema previo a la reforma constitucional del 2014, con repositorios de información para cada una de las entidades federativas. 

Antier, la comisionada Norma Julieta del Río Venegas, coordinadora de la Plataforma Nacional de Transparencia, reveló que ya recibió solicitudes de algunas entidades —sin precisar cuántas ni cuáles— para que sus datos sean borrados del sistema. Otras han requerido el código fuente. Ambos requerimientos, les advirtió, implican violaciones a la ley.

Tal cúmulo de solicitudes resultan redundantes, añadió, pues cuentan con los accesos para respaldar la información que han subido al SISAI y al SIPOT.

En el Sistema de Solicitudes de Acceso a la Información (SISAI), desde el 2003 y hasta el último día de noviembre pasado, había 10.1 millones de solicitudes de información. El Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia (SIPOT) contabilizaba 14,971 millones de registros, una cuarta parte de estos últimos los concentra Jalisco (3,700 millones) y 723 sujetos obligados de la Federación concentran 2,300 millones. Esa información —según calculó Mexicanos contra la Corrupción— equivale a 40 veces el acervo alojado en el Archivo General de la Nación.

El sistema de comunicación entre los organismos garantes (SICOM) y los sujetos obligados, para el trámite de inconformidades, y el sistema de gestión de medios de información completan la PNT.

El pasado11 de noviembre, el comisionado presidente del instituto de transparencia de Aguascalientes, Jorge Armando García Betancourt, requirió el histórico de los 108 sujetos obligados registrados en aquella entidad y emplazó al Inai a firmar un convenio de cesión. Su homólogo de Chihuahua, Sergio Rafael Facio, tildó de “totalmente inconstitucional” la desaparición de los órganos garantes y adelantó que construirán una plataforma estatal.

En una anterior sesión del Sistema Nacional de Transparencia, el presidente del Info-Edomex, José Martínez Vilchis, ya se había manifestado por fortalecer las capacidades estatales y no depender de una sola plataforma tecnológica, “surgida de un modelo nocivo, producto de la centralización”.

Actualmente hay registro de 7,359 sujetos obligados en los tres niveles de gobierno. Y no todos tendrían la capacidad —o los recursos— para cumplir con la legislación en la materia.

Hace dos semanas, distintos organismos académicos y representantes de la sociedad civil también requirieron al Inai acceso a las bases de datos de la PNT, preocupados por la preservación de la información gestionada por los órganos garantes desde el 2014.

“¿Quieren la información de nueve años de un día para otro? ¡Si nos toma un mes cargar la información gestionada por todos los sujetos obligados! No es que podamos bajarla a una USB”, resumió la comisionada Del Río Venegas.

Efectos secundarios

ACLARACIÓN. Ante las versiones que vinculan a Bankaool con directivos de Alquimia Pay, la institución chihuahuense se deslindó de cualquier mala práctica en la que pudiera haber incurrido la Fintech y aclaró que hubo un intento de hacer una compra accionaria —“de un porcentaje muy bajo”—del banco, pero dicho proceso fue rechazado en mayo del 2023. Poco antes, Grupo Omni se había convertido en el inversionista principal y entraron en vigor nuevos estándares de gobernaza.

ATRAPADOS. Nada tersa ha sido la transición en Jalisco, a pesar de que involucra a autoridades del mismo signo partidista. En la capital, Guadalajara, la alcaldesa entrante decidió intempestivamente cancelar la concesión del servicio de recolección de basura que durante tres décadas prestó Caabsa–Eagle. La separación, disposición adecuada, tratamiento y aprovechamiento de la basura es el verdadero desafío en el largo plazo.