Ricachón, ¿quién vive en tu casa?: CDMX

El gobierno de la capital de México aplicará una encuesta entre los propietarios de bienes inmuebles de alto valor económico, para saber si la prestan, la rentan ó quienes la habitan actualmente. 

De hecho, ya existe un plazo límite para que los dueños de casas “caras” declaren en qué condición de ocupación las mantienen.

Esto ha generado una intensa preocupación entre la ciudadanía, por el temor de que en algún momento puedan ser expropiados sus bienes o pudiera registrarse un alza en el nivel de impuestos que pagan.

La preocupación no es producto de una especie de paranoia espontánea clasemediera.

Hay algunos antecedentes que han contribuido a la alerta colectiva.

Las medidas tomadas, por sí mismas, causan alarma e incluso superan el temor que genera la reverberancia incendiaria de los partidos políticos de oposición, que suelen atizar el fuego con fines electorales.

Por ejemplo, la modificación, realizada en el tercer trimestre del año pasado, al artículo tercero de la Constitución local para homologar el principio de propiedad en los términos del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Este cambio provocó la interpretación, en un influyente sector de la opinión pública, de que se debilita la propiedad privada, frente al interés de la Nación.

La explicación oficial, en contra de lo que señalan distintos especialistas, es que tal modificación garantiza la propiedad privada.

Un tema adicional, es la iniciativa de reformas en materia de vivienda para frenar el aumento excesivo de las rentas en la Ciudad de México.

Y uno más es el propósito de dotar de vivienda a “precios justos” a algunos segmentos de la población.

La declaración “voluntaria” para los propietarios de bienes raíces de alto valor, es un elemento adicional de preocupación.

Pero ¿qué dice la Jefa de Gobierno, Clara Brugada? Frente a la oleada informativa, en conferencia de prensa desmintió las versiones que hablan de una intención expropiatoria o de aumento de impuestos.

Acusa que tales argumentaciones son esgrimidas por los partidos de oposición.

Y ¿cómo explica el tema, el secretario de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, Juan Pablo de Botton?

Sus argumentos se pueden resumir en el siguiente fraseo:

No se afectará a la propiedad privada, ni se busca aumentar los impuestos a los contribuyentes que poseen bienes raíces con valor económico por 4.5 millones de pesos.

La solicitud de información sobre quién habita los bienes inmuebles de ese segmento económico, no tiene fines recaudatorios.

El gobierno de la ciudad no modificará el código fiscal con el propósito de cobrar más a los contribuyentes.

La declaración voluntaria para los propietarios de bienes inmuebles con un valor por 4.5 millones de pesos, es completamente voluntaria y no tendrá sanción alguna.

Sólo tiene fines estadísticos y forman parte del proceso de modernización del catastro de la ciudad de México.

La Ciudad de México aspira a contar con un catastro de primera que permita una mejor planeación urbana y mejore las finanzas públicas.

Lo que sí está claro es que el gobierno capitalino busca combatir el fraude inmobiliario y el fraude fiscal.

En resumen esa es la manera en que explica el responsable de la administración y las finanzas públicas capitalinas, las motivaciones y características de una declaración de estatus de la situación inmobiliaria de un reducido pero muy potente, en términos económicos, segmento socioeconómico, en el amplio mosaico de propiedades en la capital de la República.

Aquellos que tendrán que hacer la declaración voluntaria son alrededor representan al 3% del padrón catastral.

Son el segmento que mayor dinamismo presenta, apunta De Botton. Por eso se está iniciando el proceso para recabar la información con ellos, que más adelante, será generalizado.

Y para fortalecer su argumento de que que el gobierno capitalino no está en contra de quienes tienen propiedades de alto valor, el funcionario refiere que este segmento recibir alrededor de 540 millones de pesos de beneficios fiscales y ese monto equivale al 42.5% del total.

La Ciudad de México es la plaza que más recauda en el territorio nacional.

En materia de recaudación fiscal, dice, creció a doble dígito al cierre del 2024 respecto del año previo.

Al final, aunque se eliminaron las sanciones a incumplidos y presuntamente la declaración será voluntaria, lo cierto es que todos los contribuyentes tendrán que dar su información y en caso de no hacerlo tendrán que dar sus datos fundamentales y firmar la declaración respectiva.

La gran pregunta es ¿en qué puede ayudar a la planeación urbana el conocer la vida privada de las personas? ¿Se trata, como dicen los especialistas y representantes de la oposición, de un atentado contra la propiedad privada?

Al tiempo.