La seguridad

La degradación del nivel de seguridad que se vive en el país es un fenómeno que inició hace más de 40 años. Desde la crisis económica de 1982 y en adelante, la estructura centralizada que controlaba y administraba de manera discrecional las acciones de los criminales de todo tipo, se fue desmoronando paulatinamente en detrimento de la ciudadanía en general. 

La corrupción crónica en todos los aparatos de seguridad era un fenómeno vigilado desde la cúspide y que se basaba en una lealtad recompensada siempre con dinero de dudosa procedencia. Pero al generarse una ruptura dentro de la burocracia gobernante producto de la falta de recursos para todos, el modelo se fracturó de forma definitiva. La asociación de policías con grupos del crimen organizado fue cambiando rápidamente la relación entre delincuente y autoridad.

Así llegamos a un punto en el que la correlación de fuerzas entre ambos se invirtió. Los aparatos de Estado dejaron de poner límites a la acción y corrupción de los grupos delincuenciales, para convertirse primero en socios y después en empleados de los criminales de alto rango. A partir de ahí, ninguna de las estrategias logró revertir esta tendencia. Ni la estrategia de confrontación de Calderón ni la la pretendida neutralidad de Peña ni mucho menos la colaboración activa de AMLO, consiguieron pacificar el país.

De hecho, durante el sexenio de López Obrador el incremento de la violencia rebasó con mucho lo ocurrido en los gobiernos anteriores. Grandes extensiones del territorio nacional son gobernadas por criminales protegidos por los propios gobernadores, y en franca confrontación con el Ejército y la Marina.

La discusión sobre si se produce o no fentanilo en México es inútil. El poder con el que cuentan las bandas armadas y su disputa violenta contra competidores o militares, han hecho del país un campo de batalla donde los civiles pagan la cuenta de esta guerra con la pérdida de su patrimonio e incluso la vida. En este sentido la presencia de Omar García Harfuch y su interpretación del fenómeno, pretenden modificar esta realidad.

No únicamente por su intención de recuperar la capacidad del gobierno para desalojar a los bandidos de los territorios ocupados, sino también por reconstruir la estrategia de investigación abandonada por Andrés Manuel. Por supuesto que se trata de un trabajo complejo y de largo plazo. Si García Harfuch no cuenta con el respaldo total y absoluto de la presidenta, no habrá forma de desarticular a un crimen organizado profundamente enraizado en la clase política mexicana.

Se trata de una decisión que implica un giro radical tanto en la estrategia de seguridad, como en el de las alianzas dentro de Morena y la coalición gobernante. Y esto sin considerar el factor Trump que agravará sin duda la relación entre los dos gobiernos en esta materia. Ya no se puede posponer un cambio de fondo a pesar del enorme costo político que representa.