El sexenio de AMLO

Durante la presidencia de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) de 2018 a 2024, el sector de telecomunicaciones en México enfrentó desafíos significativos, especialmente en el despliegue de redes 5G y en los esfuerzos por reducir la brecha digital. La falta de una agenda clara para promover las telecomunicaciones avanzadas, junto con obstáculos burocráticos y financieros, contribuyeron a que México quedara atrás en la carrera hacia el 5G y en la mejora de la conectividad nacional. En algunos casos, la culpa fue el desconocimiento del sector que, por ejemplo, llevó al presidente López Obrador a insistir durante el principio de su mandato en una cobertura del 100% de la geografía del país por fibra óptica ignorando los costos que conlleva desplegar una tecnología solo en zonas pobladas de la sociedad

Uno de los mayores retrocesos durante la administración de AMLO fue la falta de apoyo a las reformas de telecomunicaciones que se habían implementado bajo el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto en 2013.

Estas reformas por medio de la creación de la figura de agente preponderante en telecomunicaciones buscaban romper el dominio de empresas como América Móvil (Telcel y Telmex) fomentando la competencia y promoviendo la inversión en infraestructura. Las reformas también establecieron el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), un organismo regulador independiente encargado de supervisar el mercado y fomentar la competencia. También dieron pasas a la creación por mandato constitucional de una red compartida que utilice 90 MHz de espectro en la frecuencia de 700 MHz para dar servicio mayorista al 92,2% del país.

Sin embargo, el gobierno de AMLO redujo el presupuesto y socavó la independencia del IFT, debilitando su poder regulador. La reducción en la supervisión permitió que algunos jugadores establecidos mantuvieran una porción significativa del mercado, lo que sofocó la competencia e innovación. La falta de rigor regulatorio también desalentó a nuevos participantes de invertir en el sector, limitando el progreso en iniciativas que podrían haber reducido los costos para los consumidores y ampliado la cobertura de la red a áreas desatendidas.

Una de las brechas más evidentes en las políticas de la administración fue su enfoque hacia el desarrollo y despliegue de las redes 5G. A nivel global, la carrera por el 5G se ha visto como un hito crítico para el crecimiento tecnológico e industrial. Naciones como Brasil y Chile avanzaron significativamente en el despliegue de redes 5G durante el mandato de AMLO, mientras que México tuvo dificultades para mantenerse al día. La asignación del espectro necesario para las redes 5G fue repetidamente retrasada y no se estableció un marco regulatorio claro que fomentara la inversión en infraestructura. Dicho de otra manera, el 5G comienza a comercializarse sin ningún impulso del estado, como parte de la estrategia de cada uno de los dos operadores minoristas de red del país como parte de su estrategia enfocada en el posicionar al operador como innovador tecnológico.

Uno de los motivos de estos retrasos fue la capacidad reducida del IFT, debido a los recortes presupuestarios y la falta de apoyo político para las iniciativas del organismo. El proceso de subasta del espectro para 5G, que debería haber sido una prioridad para el gobierno, sufrió repetidos aplazamientos. Una batalla que más de una vez tuvo tonos personales y fue nutrida de acusaciones que no pudieron ser sostenidas por el ejecutivo. El resultado un IFT al que le faltan tres comisionadas para poder funcionar a cabalidad, como se espera de cualquier agencia de estado.

Incluso cuando se logró algún avance con la subasta de porciones del espectro, fue demasiado lento para ponerse al día con los países vecinos que ya estaban bien avanzados en sus despliegues de 5G. El gerenciamiento de espectro radioeléctrico durante el sexenio del presidente López Obrador siguió la tradición histórica de priorizar la recaudación de fondos para el estado. El rechazo de las autoridades de gobierno a revisitar el precio que se asignaba al espectro radioeléctrico para que reflejara la actualidad financiera del sector tuvo su momento más bajo en 2019 cuando Telefónica anuncia sus intenciones de regresar todo su espectro radioeléctrico en este mercado, comenzando el camino a un mercado con solo dos concesionarios móviles minoristas con espectro propio y todo lo que esto significa al momento de pasar de tres a dos operadores que pueden establecer su estrategia de evolución tecnológica en el mercado de forma independiente.

El fracaso en priorizar la creación de una estrategia nacional de transformación digital que se sostenga con infraestructura 4G/5G significa que México, en comparación con otros países de la región, en materia de política pública ahora se encuentra rezagado en áreas como ciudades inteligentes, Internet de las cosas (IoT) y otras innovaciones que dependen de la conectividad de nueva generación. Este retraso no solo frena el progreso tecnológico de México, sino que también limita su competitividad global, particularmente en sectores que podrían beneficiarse de redes de comunicación más rápidas y confiables y en un momento en que los Estados Unidos busca destinos más cercanos para la producción de insumos de alta tecnología.

La presidencia de AMLO también vio una falta de inversión privada en la expansión de las redes de banda ancha y celular. En lugar de fomentar un ambiente colaborativo con el sector privado, la administración se enfocó en iniciativas lideradas por el gobierno, como CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos (CFE IpT), un proyecto estatal que nace para llevar el vacío creado por la desaparición de México Conectado, un ente que fue eliminado luego de que su administración y empleados fueran acusados de quebrar numerosas leyes.

No obstante, una vez llega al poder AMLO, ni un solo funcionario de México Conectado tuvo que enfrentar las cortes. Todo lo contrario, el equipo fue heredado por CFE IpT para avanzar en su búsqueda de proporcionar acceso a internet en áreas rurales desatendidas utilizando la infraestructura de la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Independientemente de que la intención detrás de CFE IpT era loable, su creación estuvo plagada de errores, ineficiencias y retrasos. Como tener acceso no se reduce a cobertura, México se encuentra hoy peor en conectividad que en los tiempos de México Conectado, lastimosamente son los más pobres de regiones apartadas quienes resultaron los más afectados.

Es de conocimiento general del sector de telecomunicaciones mexicano que el proyecto CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos ha tenido dificultades para ofrecer resultados tangibles, particularmente en la expansión del acceso a internet en áreas rurales, donde la conectividad es extremadamente limitada. Los críticos argumentan que al marginar la inversión privada y centrarse en proyectos controlados por el gobierno, la administración perdió la oportunidad de aprovechar los recursos y la experiencia del sector privado para expandir rápidamente la infraestructura de red. En las áreas rurales donde millones de mexicanos siguen sin tener acceso a internet confiable, la brecha digital no se ha reducido lo suficiente y el enfoque liderado por el estado ha demostrado ser insuficiente para abordar la magnitud del problema.

Las políticas económicas más amplias de AMLO también contribuyeron a la estagnación en el desarrollo de las telecomunicaciones. La cancelación de proyectos de infraestructura importantes, como el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM), y los cambios regulatorios impredecibles crearon un ambiente de incertidumbre para los inversores extranjeros y nacionales. El sector de telecomunicaciones, que requiere compromisos a largo plazo y gastos de capital significativos, se vio particularmente afectado por esta incertidumbre.

Los inversores mostraron reticencia a destinar recursos al sector debido a preocupaciones sobre la inconsistencia regulatoria y una aparente falta de compromiso con la creación de un entorno estable para el crecimiento empresarial. Esta vacilación limitó aún más los fondos disponibles para expandir el acceso a banda ancha y modernizar la infraestructura de telecomunicaciones en México, lo que contribuyó a los retrasos tanto en la expansión de 4G, la llegada del 5G y la expansión de redes de fibra óptica a través del territorio nacional.

La presidencia de Andrés Manuel López Obrador fue un período marcado por oportunidades perdidas y retrocesos en el sector de telecomunicaciones de México, especialmente en relación con el desarrollo de 4G, 5G, fibra óptica y los esfuerzos por reducir la brecha digital. La decisión de revertir reformas clave, reducir la independencia y el financiamiento del IFT, y priorizar proyectos controlados por el gobierno en lugar de la inversión privada, ralentizó el progreso en la expansión de la conectividad y el despliegue de tecnologías avanzadas como el 5G y la formulación de una estrategia nacional de transformación digital.

México ahora se encuentra rezagado en comparación con muchos de sus pares latinoamericanos en la carrera por la modernización digital, lo que tiene importantes implicaciones para su capacidad de competir en la economía global. Los problemas financieros del proyecto Red Compartida, junto con los retrasos en las asignaciones de espectro y la reducción de la inversión del sector privado, ha dejado a México con una infraestructura de telecomunicaciones debilitada. De cara al futuro, la próxima administración debería priorizar la restauración de la estabilidad regulatoria, incentivar la inversión privada y acelerar el despliegue de infraestructura de telecomunicaciones si el país quiere cerrar su brecha digital y posicionarse como un líder en la era digital.

Desafortunadamente el panorama no es alentador y todo indica que el retroceso continuará con la desaparición del IFT, claudicando la autonomía regulatoria del sector y fijándola a manos del ejecutivo. Una peligrosa alternativa en una América Latina donde más de un gobernante utilizó sus poderes para pagar favores políticos por medio de regulaciones favorables o puestos en el gobierno a individuos no capacitados para sus cargos.

Algo me queda claro, si desaparece el IFT, quienes prometieron que los problemas del sector desaparecerían con el regulador quedarán exhibidos. Para entonces será muy tarde, y como siempre los más afectados serán los más pobres, aquellos a los que se les ha prometido todo y fuera de algunas iniciativas puramente clientelistas, no se les ha ayudado a mejorar su calidad de vida en nada.