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El último pleito en el Inai
La simplificación orgánica de la administración pública federal impactará a la estructura burocrática, con la desaparición de siete organismos autónomos y la creación de tres nuevas dependencias: las secretarías de Ciencia y de las Mujeres, además de la Agencia para la Transformación Digital.
Literalmente, miles de empleados federales deberán ser reasignados. Algunos casos, lamentablemente, implican la terminación de los contratos vigentes y una recolocación disfrazada de recorte, como en el extinto Inmujeres, donde el personal de estructura fue emplazado a presentar su renuncia voluntaria a cambio de una indemnización; aquellos que quisieran iniciar el año en la nueva secretaria, que encabezará la exsenadora Citlalli Hernández, deberían aceptar una reducción en su sueldo base y un contrato del que quedaba excluido el paquete de prestaciones. En cualquier caso, tuvieron que acudir al Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje para recibir su cheque y desistirse de cualquier reclamación futura.
En las antípodas, mandos medios y superiores de la Secretaría de Energía, que pronto podrán acceder al gimnasio habilitado en el piso 17 de la torre de Insurgentes Sur y Eje 5 Sur, cuya construcción obligó a un reacomodo del personal que generó protestas al interior de la dependencia.
Los empleados de base y sindicalizados de los organismos autónomos tendrán que ser readscritos a las dependencias del Ejecutivo que absorberán sus funciones sustantivas. Los trabajadores del Inai pudieron optar por convenios laborales para la terminación voluntaria de la relación laboral, pero imperaron las diferencias de criterio entre los comisionados del Pleno.
La semana pasada, el comisionado presidente, Adrián Alcalá Méndez, propuso destinar un remanente del ejercicio presupuestal 2024 — 49.9 millones de pesos— para cubrir las liquidaciones del personal de estructura que aceptara su incorporación a un plan de retiro voluntario.
“No llegamos a un acuerdo tres comisionadas con el presidente”, reconoció Norma Julieta del Río Venegas en sus redes sociales, tras de que se hicieran públicos los detalles de la propuesta. “La distribución no era equitativa”. El remanente deberá ser devuelto a la Tesorería de la Federación.
Esta negativa ocurrió en la víspera de la publicación del decreto de la reforma constitucional que mandata la extinción de siete órganos autónomos y estipula, para el Inai, un plazo máximo de 90 días antes de su desaparición. La Dirección General de Administración había alistado un proyecto de distribución del Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2025 autorizado por la Cámara de Diputados, pero la dispersión de esos recursos ahora es motivo de la última disputa. ¿Esos 499 millones alcanzan para tres meses o para un año? ¿Deben cubrir gasto corriente, los compromisos financieros adquiridos previamente (la renta de la sede central del Inai) o el respaldo de la Plataforma Nacional de Transparencia?
Los cuatro comisionados del Inai fueron citados a una sesión extraordinaria del Pleno, al mediodía de este viernes 27, en modalidad virtual. Esta convocatoria, empero, está sujeta a la disponibilidad de la agenda de las convocadas. Y también, a sugerencias sobre la propuesta de asignación presupuestal que surjan, después de la revisión de la propuesta.
Antes, asuntos de urgente resolución. Entre ellos, el adeudo con “El Mundo es Tuyo”, una agencia de viajes por la compra de boletos de avión para la Feria Internacional del Libro de Monterrey que no fueron autorizados, por “cambios injustificados”.
Efectos secundarios
RETORNO. La caída de las ventas y la irrupción de los vehículos chinos en Europa obligaron a Volkswagen a una profunda reestructuración cuyos impactos también resuenan por estas latitudes: la manufactura alemana dejará de producir el Golf después de 50 años y esa mítica unidad se producirá en México a partir del 2025.
CERTEZAS. El inminente arribo de Bertha Alcalde Luján a la Fiscalía General de Justicia de la CDMX haría posible atender las denuncias presentadas contra una presunta red de extorsión con base en acusaciones falsas de violencia familiar y abuso sexual. Este esquema no involucra solamente a litigantes, sino también a exagentes del ministerio público, peritos psicólogos y policías de investigación, en la fabricación de carpetas de investigación que sustentan esquemas de extorsión dirigidos a demandados en juicios de divorcio o custodia de menores.
