¿Y ahora quién podrá defendernos?

El título de esta columna no pretende añadir al humor negro que nos han asestado operadores morenistas en estos días. Es una pregunta que debemos hacernos ante la burla a la ciudadanía y el agravio al poder judicial que representa la demolición de éste mediante una reforma constitucional tan mal diseñada que sus propios autores o promotores han tenido que reconocer sus contradicciones, aberración coronada con una tómbola para determinar “por azar” qué jueces, juezas y magistrados/as deberán dejar sus cargos en 2025 y quiénes se quedarán hasta 2027 (y serán también despojados de sus derechos laborales). Así, el morenismo empoderado corrobora su cínica frivolidad. Si jugarse la vida en la ruleta rusa es absurdo, lanzar al azar el futuro del país es una irresponsabilidad criminal.

Quienes determinaron minar el Poder Judicial desde dentro (que no reformarlo), fingieron ignorar que impartir justicia es una enorme responsabilidad. No es creíble, sin embargo, que el autor o autores de este mamarracho inconstitucional ignoraran que la carrera judicial busca garantizar que la impartición de justicia se base en conocimientos especializados y saberes técnicos; que se apegue a las leyes y a la Constitución, al sentido y principios de los derechos humanos y la justicia; que sea imparcial, ajena a intereses y presiones. Lejos de ignorarlo, saben bien que en este proceso se puede decidir sobre la libertad de una persona, sobre el destino de una familia, su patrimonio, su bienestar, su proyecto de vida. Saben que una Suprema Corte independiente y un funcionariado calificado e imparcial se contraponen a la arbitrariedad y la desmesura. Por eso, no por “luchar contra la corrupción” ni por “obedecer la voluntad del “Pueblo” (¿?), se han precipitado a derruir el último contrapeso a los afanes autocráticos del movimiento morenista.

Tanto le ha irritado a la autocracia en germen la existencia de un poder constitucional independiente (que además resistió a los embates del Supremo caudillo), que sus cabecillas planearon con tiempo su jugada: encumbraron a una “ministra del pueblo” que desconoce el derecho constitucional, respaldaron a una presidenta del INE afín al partido en el poder, manipularon –por las buenas o las malas– a magistrados/a del TEPJF que, con una sola excepción, validaron la injusta sobrerrepresentación a Morena y sus aliados, no sin antes machacarnos con su falaz propaganda oficialista contra jueces/zas, magistrados/as y ministros/as a quienes atribuyeron todos los males de la injusticia en México. Eso sí, dejaron intocadas las fiscalías, donde radican, y permanecen impunes, corrupción, misoginia, incapacidad, entre otras infamias que afectan a millones de personas.

Sin jueces/zas federales capaces e independientes, ¿quién podrá defendernos de falsas acusaciones, de fiscalías sesgadas que arman mal los expedientes, de sentencias injustas basadas en visiones machistas y desprecio de los derechos de niñas, niños y mujeres; de jueces locales racistas o corruptos, asociados con caciques, redes de trata o integrantes del crimen organizado? ¿Quién podrá defender nuestro derecho a la salud y proteger al medio ambiente contra ecocidios o despojos impuestos por el Poder Ejecutivo? ¿Cuántas y cuántos juezas, jueces y magistrados/as “electos/as por el pueblo” sabrán argumentar con perspectiva de género intercultural, de derechos humanos, con conocimientos especializados en bioética, ecología, telecomunicaciones… para protegernos de interpretaciones literales, interesadas, impuestas, de las leyes actuales y de las que se le ocurran a la mayoría oficial? ¿Debemos acaso confiar en la “fuerza del destino”, en la “imparcialidad del azar”?

Si algo o alguien puede aún impedir que nuestra propia suerte ante un tribunal se juegue en un volado, garantizarnos cierto acceso a la justicia y, sobre todo, intentar protegernos de la brutal embestida de un gobierno aspirante a la autocracia, ése es un Poder Judicial, una Suprema Corte independiente (sin ministras partidistas) y una Ciudadanía que abandone la desesperanza, que demande sus derechos y exija al Ejecutivo y Legislativo que respeten la legalidad y la división de poderes.

Nunca es demasiado tarde