Proceso electoral 2024 podría ser el más violento de la historia, advierten analistas

Durante los últimos dos años se ha incrementado considerablemente el número de ataques en contra de políticos y funcionarios públicos, particularmente durante campañas políticas. De 2021 a 2023, ese tipo de actos subió 198%, y, lo preocupante es que algunos analistas estiman que el proceso electoral de 2024 podría convertirse en el más violento de la historia.

Análisis de ese tipo de incidencias alertan sobre el incremento en uso de la violencia, en algunos casos letal, para gestionar reacomodos políticos; destacan que el ámbito local es el más peligroso para participar en política, principalmente en Veracruz, Oaxaca, Puebla, Guerrero y Michoacán y subrayan que, en uno de cada tres casos de violencia, las víctimas ya habían sido objeto de ataques. Además, plantean que habría que preguntarse si el motor de esa violencia es la presencia de grupos de la delincuencia organizada o son las tensiones políticas, partidistas y confrontación de redes clientelares, lo que hace que participar en el juego político sea peligroso.

Todavía no inician campañas y ya van más de 1,500 ataques

De acuerdo con cifras del proyecto Votar entre balas. Entendiendo la violencia criminal – electoral en México, de la organización Data Cívica, entre el 1 de enero de 2018 y noviembre de 2023, se registraron 1,563 ataques, asesinatos, atentados y amenazas contra personas que se desempeñan en el ámbito político, gubernamental o contra instalaciones de gobiernos o partidos. Incluye ataques a policías y militares, por ejemplo.

De esa cantidad de delitos, 923 son reportes de secuestros, 124 amenazas, 276 ataques armados, 73 atentados, 32 desapariciones y 136 secuestros.

Si se observan los registros anuales (enero – diciembre) de ese tipo de incidentes, sin tomar en cuenta los calendarios electorales (que van de septiembre del año previo al día de la elección, en junio), se aprecia un incremento considerable durante 2022 y 2023. En 2021 se reportaron 178 eventos, en 2022 se elevó a 482 (una variación de 173%); sin embargo, si se compara con los 529 casos de 2023, la variación es de 198 por ciento.

Ya van 85 asesinatos en el proceso electoral en marcha

Durante el proceso electoral en marcha, se ha destacado en la prensa nacional los asesinatos de Ricardo Taja Ramírez, ocurrido el 21 de diciembre, en Acapulco, Guerrero, quien era aspirante a candidato de Morena a diputado federal; el del regidor panista de Cuautla, Morelos, Alfredo Giovanni Lezama Barrera, asesinado el 4 de enero; el de Sergio Hueso, de Movimiento Ciudadano, que buscaba la candidatura de ese partido a la presidencia municipal de Armería, Colima, ocurrido el 5 de enero y el de David Rey González, aspirante a la candidatura por PRI, PAN y PRD a la presidencia municipal de Suchiate, Chiapas, ocurrida también el 5 de enero pasado.

Sin embargo, los registros de Data Cívica señalan que, del 7 septiembre de 2023 cuando inició el proceso electoral, al 28 de noviembre de 2023, se habían registrado ya 81 asesinatos, seis amenazas, 18 ataques armados, 13 atentados, cinco desapariciones y ocho secuestros.

Destacan los asesinatos de siete personas relacionadas con partidos políticos (cinco con Morena uno con MC y uno con el PAN). Entre ellos un excandidato a síndico, dos encuestadores, dos precandidatos a alcalde, un consejero político de Morena y un dirigente municipal de ese partido. Además, se reportó el secuestro del expresidente municipal de Santa María Jacatepec, Oaxaca, Gerardo Domínguez.

De los casos de ataques armados, la mayoría son contra policías, aunque también están los casos donde las víctimas fueron un secretario de ayuntamiento y un expresidente municipal.

Si bien, al hacer comparaciones entre un proceso electoral y otro, es necesario tomar en cuenta la cantidad y el tipo de puestos de elección popular en juego, llama la atención que los ataques armados han bajado. También sobresale el hecho de que, en el proceso electoral 2022-2023, donde solo estuvieron en juego las gubernaturas de los estados de México y Coahuila, aumentaron considerablemente los asesinatos y los ataques armados, lo mismo que los atentados.

Alertan sobre activismo de grupos criminales

Para la consultora Integralia, la violencia política constituye un riesgo político para 2024.

Subraya que los grupos criminales aprovechan la coyuntura electoral para ampliar su control sobre los gobiernos y los mercados locales: a corto plazo, esto aumenta la violencia política; a mediano plazo, fortalece su autoridad a nivel territorial, dejando vulnerables a las comunidades y organizaciones frente a delitos como extorsiones, cobro de piso o robos.

Si bien, aclara que dicha captura puede ocurrir en cualquier momento, los grupos criminales aprovechan las coyunturas electorales para mantener o extender su control sobre gobiernos locales.

En el corto plazo, este fenómeno incrementa los incidentes de violencia político-electoral, es decir, las agresiones físicas o amenazas a personas candidatas y funcionarias públicas o sus círculos cercanos para obligarlas a cooperar con grupos criminales o retirarlas de la contienda electoral para favorecer a candidatos afines a los intereses de las organizaciones delictivas.

Se espera que 2024 se posicione como el año más violento debido al número de cargos en disputa a escala local; la proliferación de organizaciones criminales y la diversificación de los mercados ilícitos.

Según la consultora, lo delicado es que la ampliación del dominio territorial del crimen organizado tiene implicaciones para el entorno de negocios y la gobernabilidad en las regiones controladas por las organizaciones delictivas.

El 84% de las incidencias ocurren durante campañas y precampañas

Por otra parte, el proyecto Elecciones y Violencia del programa Noria para México y América Central, realizó el análisis “Violencia política – electoral en México, 2020-2021. Lo que dicen y lo que esconden los datos”, a partir de reportes de prensa, según el cual, en ese proceso electoral, el más grande realizado durante los últimos años, —pues no solo se renovaron la presidencia de la República, el Congreso de la Unión, sino 15 gubernaturas y los congresos y las presidencias municipales en 30 de las 32 entidades federativas—, se registraron 101 homicidios de políticos entre septiembre de 2020 y el día de la elección.

Además, ocurrieron otros 157 incidentes violentos como amenazas, atentados, desapariciones forzadas y heridas en riñas. Destaca que en 62 de las incidencias hubo armas de fuego.

Del total de incidencias contempladas en el análisis coordinado por la académica María Teresa Martínez Trujillo, 55% son atentados; 39% asesinatos. El resto son casos de desaparición forzada, presuntos accidentes, heridas en riña o protestas.

La sistematización de los datos les permitió identificar que 64% de las incidencias violentas ocurrieron durante el periodo de campaña; 20.2% en la precampaña y los demás el día de la jornada electoral, el primer año de la administración o durante la administración.

El documento destaca que 58% de las víctimas de violencia son precandidatos, aspirantes o candidatos a puestos de elección popular, lo cual demuestra que las candidaturas, en tanto procesos de reacomodo del poder político, se convierten en espacios de interés que se buscan gestionar con violencia.

Veracruz, el más inseguro para participar en política

Respecto de la distribución geográfica de los incidentes, llama la atención su concentración en el centro y occidente del país, además de la costa del Golfo de México, mientras que los incidentes en el norte del país parecen menos frecuentes.

El documento menciona que convendría preguntarse en qué medida la distribución geográfica de las incidencias de política electoral está más relacionada con tensiones políticas, competencias partidistas, confrontación de redes clientelares, influencia de cacicazgos locales y patrones de acuerdos político-criminales, entre otros factores, que con la naturaleza de los mercados ilegales o la presencia de cárteles de la droga.

En las gráficas realizadas a partir de los datos de esa elección destaca que Veracruz fue el estado más inseguro, pues concentra 15.9%, seguido por Oaxaca, con 9.3, Puebla, 8.5% y Guerrero, Michoacán y Chiapas con 6.6%; 6.6% y 6.2%, respectivamente.

Dicho de otra forma, 48% de las incidencias ocurrieron en Veracruz, Oaxaca, Puebla, Guerrero y Michoacán.

El 54.8% de incidencias ocurren en torno a la figura de presidente municipal

El trabajo muestra que la violencia política es un fenómeno que se concentra en el ámbito local. De hecho, sólo 3.5% de las incidencias suceden contra funcionarios federales. “Los precandidatos y candidatos a alcalde son los que más sufrieron incidencias. Además, a este patrón de víctimas se suman otros servidores públicos en funciones, líderes políticos, candidatos a síndicos y regidores o candidatos a diputados locales”.

Por ejemplo, los registros de ataques contra candidatos a alcalde constituyen 31.8% de la incidencia que consigna el reporte; 52.8% de los atentados y 4.0% de los asesinatos.

Si se toman en cuenta los datos de precandidatos o aspirantes a candidatos a presidentes municipales entonces habría que sumar 10.5 puntos porcentuales de incidencia, 3.5 de atentados y 19.8 de asesinatos que ellos concentran.

El análisis llama la atención en que 54.8% de las incidencias registradas ocurren alrededor de la figura de alcalde o alcaldesa. Más allá de candidatos y precandidatos a las alcaldías, los alcaldes en funciones, exalcaldes y excandidatos a alcaldes también fueron víctimas de violencia electoral.

Por ello, se reitera en el análisis que “más allá de la figura personal, la alcaldía y las funciones asociadas a ésta, parecen el epicentro de las prácticas de violencia política – electoral”.

Además, 39% de las víctimas de todo ese tipo de acciones ya habían sufrido alguna forma de violencia, por lo que refiere el análisis que “quienes participan del juego político, especialmente los candidatos, lo hacen sabiendo, por experiencia propia que se supone un riesgo de ser víctimas de violencias”.

Itzel Soto, coordinadora del proyecto “Votar entre las Balas”, de Data Cívica, expone a El Economista que uno de los principales hallazgos de esa organización es que la mayor parte de ese tipo de ataques ocurre contra políticos y funcionarios del ámbito local y se acentúa en procesos electorales. Alrededor de 80% de las víctimas están relacionadas con el ámbito municipal.

Desde su perspectiva eso se explica, en gran medida, por la presencia de grupos delictivos interesados en la protección de funcionarios locales. Por ello, cuando hay procesos electorales para renovar esos cargos, también se da una disputa por mantener el control de áreas de seguridad o las que tienen que ver con acceso a recursos públicos.

Además, refiere que ese tipo de violencia ocurre fuera de periodos electorales y los ataques van en contra de autoridades ya en funciones.

“Nos preocupa mucho este año porque se trata de elecciones concurrentes. De los más de 20,000 cargos a elegir, alrededor de 19,000 son puestos locales, por eso estamos previendo que, lamentablemente, va a ser un año muy violento en contra de candidatas y candidatos”.

El 74% de las víctimas son de oposición

El informe de Noria para México y América central refiere que si bien Morena registra la mayor parte de las incidencias (22.9%), los datos revelan que 74% de las víctimas pertenecían a un partido de oposición, mientras 26% formaban parte del partido en el poder.

El documento señala que “la violencia política podría resultar de la resistencia de quienes ejercen el poder local a la llegada de un mayor pluralismo político”, aunque recalca que esos escenarios se tienen que someter a prueba, a partir de una recolección más amplia de datos que, muchas veces, trascienden los registros estadísticos.

En cuanto a los perpetradores, el análisis permite identificar que en 43.8% se señaló como responsables de los ataques a grupos armados, hombres o comandos armados; 16.7% desconocido; 15.9% al crimen organizado y 7.4% a un opositor político, entre otros.

Las incidencias que se atribuyen al crimen organizado se concentran en zonas como Guerrero, Michoacán, Guanajuato y Estado de México, las cuales suelen considerarse como zonas de conflicto entre distintos cárteles.

En entrevista María Teresa Martínez Trujillo, profesora-investigadora en la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno del Tecnológico de Monterrey subraya que el reporte recalca que resulta problemática decir que “fue el narco” de agresiones de este tipo, porque aunque parece suficiente como sentencia social, no es una sentencia jurídica y termina por quitarle la responsabilidad al Estado de asumir la implementación de medidas para prevenir la violencia o procesarla judicialmente en caso de que ocurra.

La también responsable de estudios en el programa para México y Centroamérica de Noria Research, destaca que, por si fuera poco, al decir “fue el narco”, se exculpan masivamente a otros actores políticos (funcionarios públicos o líderes locales) que pueden estar directamente involucrados en estos actos de violencia político-electoral.

Además, llama la atención en que cuando se cae en el sesgo de analizar este tipo de fenómenos en función de fue el narco, constantemente ocurre que se plantea como si este tipo de ataques iniciaron en el sexenio del presidente Felipe Calderón.

Recuerda que en los años noventa se registraron los asesinatos de varios militantes perredistas, cuando el PRI se estaba jugando su permanencia en escenarios políticos locales y el nacional, por ejemplo.

La académica, destaca que hoy es necesario analizar cómo las violencias contra políticos se cruzan con otro tipo de violencias y en las diferentes regiones del país.

Asimismo, es preciso tomar en cuenta que los políticos locales no solo se dedican a esa actividad, sino que la combinan con otras tareas profesionales o distintos roles que implican distintos tipos de liderazgos.

Al preguntarle qué se puede esperar del proceso electoral en marcha, dice que, si el gobierno no realizó trabajo de operación política para desactivar factores de riesgo, puede esperarse un escenario difícil.

Asimismo, menciona que habrá que ver si las tensiones entre el gobierno federal y el INE afectaron las relaciones entre autoridades de los diferentes niveles de gobierno y los funcionarios del instituto que trabajan en el territorio.

La académica indica que la pregunta que se debe hacer es ¿por qué los actores que están en la arena política deciden dirimir conflictos a punta de pistola?, y destaca que, lo delicado es que, cuando un actor político utiliza la violencia para gestionar su triunfo en la contienda electoral, seguramente operará de la misma forma cuando asuma la titularidad de un puesto de elección popular.

diego.badillo@eleconomista.mx