Lectura 4:00 min
A cinco años, estructura del SNA está inconclusa
Ante la falta de nombramientos en el Senado del Comité de Selección, integrado por ONG, que a su vez eligen a los miembros del CPC, se interpuso un amparo.
Están por cumplirse cinco años de la entrada en vigor de la leyes que conforman al Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), y es fecha en que, estructuralmente sigue inconcluso; con ausencias considerables en la Tercera Sección de la Sala Superior Tribunal de Justicia Administrativa, y el Comité de Participación Ciudadana, además de la desaparición, en puerta, de las cinco salas especializadas contempladas.
Han pasado sólo tres años de su entrada en operación, y el Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Nacional Anticorrupción está casi vacío y es que este órgano, que es el componente ciudadano dentro del andamiaje del SNA, actualmente sólo cuenta con un solo integrante debido a la renuncia de tres de sus integrantes, aunado a los retrasos ocasionados por el Senado, que postergó por meses la elección de los nueve integrantes de la Comisión de Selección, quienes son los encargados de elegir a los otros cuatro integrantes del CPC.
De los cinco integrantes del CPC, la última en salir fue Rosa María Cruz Lesbros, luego de concluir su encargo, pero previamente, Luis Manuel Pérez de Acha, ya había decidido renunciar el 13 de enero de 2019; seguido de Irene Levy Mustri, el 23 de septiembre de 2019; y Alfonso Hernández Valdez, el 29 de octubre de 2020. Por lo anterior, sólo queda Jorge Alberto Alatorre Flores .
Ante tal situación, fue necesario que el 3 de agosto de 2020, el CPC presentara un juicio de amparo 646/2020 por la omisión de la Cámara Alta y otras autoridades en nombrar a los integrantes de la Comisión de Selección.
“Tuvimos que hacer un amparo ante el Senado para que se destrabara el nombramiento de la propia comisión de selección, y ahora, ya nombrada es la que tiene que seguir con el proceso. Vamos muy tarde (...) En el Senado, diferentes grupos políticos no generaron quórum para que pudieran sesionar”, dijo Alatorre Flores.
El también presidente del SNA reconoció en entrevista que la lucha contra la corrupción en el país no será rápida ni sencilla y mucho menos barata.
Destacó que la apuesta por un SNA es por un combate desde la institución y no sólo por dichos “de que se va a acabar la corrupción porque se diga que ya se acabó o porque ya no se roba”, por lo que, agregó, es un modelo muy complejo que involucra los sectores público, privado y social, al ser el CPC pieza clave.
Nombramientos
El Senado tiene pendiente nombrar a uno de los magistrados integrantes de la Tercera Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), que están encargados de sancionar los actos graves de corrupción; nombramiento que se debieron realizar desde el 2017.
Fue apenas en este año que se dieron avances. El 30 de abril de 2021, los senadores designaron a Natalia Téllez Torres Orozco; mientras que el 30 de junio, se nombró a Julio Ángel Sabines Chesterking.
Aunque la ley del SNA contempla la creación de cinco salas regionales, que serían integradas por tres magistrados cada una, tal parece que ello ya no sucederá.
El pasado 22 de marzo de 2021, la Comisión de Justicia del Senado aprobó desaparecer las salas regionales al argumentar que la reforma constitucional en materia de combate a la corrupción no previó que ya existían dichas salas. El cambio aún debe pasar al pleno y luego a la Cámara de Diputados.
Sin política anticohecho, 17 estados
Son 17 entidades que todavía no cuentan con su política local anticorrupción. Aunado a ello, a nivel local, se registran la falta de dos fiscales locales especializados; una Secretaría Ejecutiva en la CDMX y dos entidades que todavía no concluyen las adecuaciones legislativas de sus sistemas locales en la materia.
Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Coahuila, Nayarit, Jalisco, Aguascalientes, Zacatecas, Hidalgo, Veracruz, Tlaxcala, Estado de México, Tabasco, Oaxaca y Quintana Roo, son hasta ahora las 15 entidades que ya lograron cumplir con la aprobación de su Política estatal.
En la capital falta una ley orgánica de la fiscalía local, además de crear una Secretaría Ejecutiva. Mientras que en Nuevo León, todavía no cuentan con una Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas. A su vez, en Baja California y Baja California Sur, aún no hay fiscales anticorrupción.
