A un paso, de invalidar la ley de seguridad

Seis de los 11 ministros que conforman el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se pronunciaron a favor de declarar inconstitucional la Ley de Seguridad Interior.

En sesión, los ministros analizaron, aún sin emitir votos, las acciones de inconstitucionalidad que se interpusieron contra la polémica norma.

Eduardo Medina Mora, José Ramón Cossío Díaz, Javier Laynez Potisek, Arturo Zaldívar, Alberto Pérez Dayán y Norma Lucía Piña Hernández se pronunciaron por desechar la totalidad de la normativa aprobada el año pasado y que regula la actuación de las Fuerzas Armadas en las tareas que desempeñan en el combate al crimen organizado en el país.

Al discutir las acciones de inconstitucionalidad 6, 8, 9, 10, 11, 16 y 21/2018, que fueron interpuestas por diputados y senadores federales, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), el partido Movimiento Ciudadano, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, entre otros actores, los ministros consideraron que el Poder Legislativo no tiene facultades para poder legislar sobre el tema.

Y es que los seis ministros coincidieron en que la facultad prevista en el Artículo 89, fracción VI de la Constitución mexicana, que otorga la facultad al presidente de la República para disponer de las Fuerzas Armadas, es única del Ejecutivo y no puede ser extensiva al Poder Legislativo, aun cuando se trate de una ley.

En este sentido, los ministros que se mostraron en contra precisaron que, si bien se puede utilizar a las Fuerzas Armadas para el combate al crimen de manera excepcional, la facultad para dar dicha orden radica sólo en el presidente de la República.

Aunado a estos argumentos, el ministro Medina Mora indicó que en caso de que se apruebe la ley se corre el peligro de que las autoridades locales encargadas de la seguridad pública evadan sus responsabilidades en la materia.

Será este jueves cuando los ministros decidan desechar o no la totalidad de la norma. Para que se invalide la ley de seguridad en su conjunto se necesita que ocho ministros se decanten por dicha postura.

En la víspera, el ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo hizo público su proyecto en el que invalida ciertos artículos de la normativa. En caso de que no se invalide de manera general la normativa, éste sería discutido.

En el documento, el ministro propone, por ejemplo, invalidar artículos que versan sobre que la información que se genere por la acción de las Fuerzas Armadas en materia de seguridad pública “será reservada” al considerarse de seguridad nacional.

No obstante, dicho proyecto ha sido criticado por las organizaciones civiles, tanto nacionales como internacionales, al considerar que con la ley se normaliza la militarización de las tareas de seguridad en el territorio mexicano.

Además de que la ley podría ser un incentivo para que se violen derechos humanos.

Cabe señalar que, tras su publicación en diciembre del 2017, el presidente Enrique Peña Nieto anunció que no se utilizaría la norma hasta que la SCJN se pronuncie sobre su constitucionalidad.