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Política

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AI pide que el Ejército tenga un control civil

A un año del incidente en Tlatlaya, en el Estado de México, donde 22 personas murieron en un operativo de seguridad, el gobierno debe realizar una investigación exhaustiva e imparcial que lleve a todas las personas responsables ante la justicia, incluyendo, en su caso, a mandos militares, demandó AI.

A un año del incidente en Tlatlaya, en el Estado de México, donde 22 personas murieron en un operativo de seguridad, el gobierno debe realizar una investigación exhaustiva e imparcial que lleve a todas las personas responsables ante la justicia, incluyendo, en su caso, a mandos militares, demandó Amnistía Internacional (AI).

Perseo Quiroz, director ejecutivo de AI México, indicó que ante la muerte de estos civiles, es fundamental que todos los elementos militares que tengan responsabilidad, incluso por cadena de mando, sean llevados ante la justicia y que se investigue cualquier responsabilidad en que hayan incurrido otros funcionarios públicos durante la deficiente investigación de estos hechos .

El 30 de junio del 2014, 22 personas incluida una joven de 15 años murieron a manos de elementos militares, en una bodega en el municipio de Tlatlaya.

El Ejército Mexicano informó que todas las muertes sucedieron en un enfrentamiento con integrantes de la delincuencia organizada; sin embargo, tanto la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) como la Cámara de Diputados concluyeron que la mayoría de las personas no murió durante un enfrentamiento como lo informó la Secretaria de Defensa Nacional (Sedena), sino que fueron ejecutadas extrajudicialmente.

Amnistía Internacional manifestó al Estado mexicano que el mantenimiento del orden público no debe ser un pretexto para violar los derechos humanos.

El uso de la fuerza debe ser limitado a criterios de proporcionalidad, y sólo en casos de absoluta necesidad como exponen las normas internacionales de derechos humanos.

Es fundamental que las víctimas del caso Tlatlaya y sus familiares, así como la sociedad en su conjunto, conozcan la verdad de los hechos a través de una investigación seria e imparcial, y que se otorgue una reparación integral que incluya medidas concretas para que este tipo de hechos no se repitan , exhortó Perseo Quiroz.

Amnistía Internacional concluyó que el Estado mexicano debería evitar que las Fuerzas Armadas desempeñen funciones policiales, debido a que sus miembros carecen de la capacitación adecuada y no rinden cuentas por sus actos.

Como media inmediata, este organismo internacional recomendó que las Fuerzas Armadas desplegadas actúen bajo el estricto control de las autoridades civiles y que toda alegación de violaciones a los derechos humanos sea investigada de manera efectiva.

ana.langner@eleconomista.mx

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