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Activistas alemanes dejan el país por amenazas
Tras amenazas y hostigamiento a dos voluntarios alemanes que laboraban en la Casa del Migrante de Saltillo, Coahuila, la Embajada de Alemania en México recomendó a sus ciudadanos dejar sus actividades y salir de esta ciudad, pues consideró que no existían condiciones de seguridad para continuar.
Tras amenazas y hostigamiento a dos voluntarios alemanes que laboraban en la Casa del Migrante de Saltillo, Coahuila, la Embajada de Alemania en México recomendó a sus ciudadanos dejar sus actividades y salir de esta ciudad, pues consideró que no existían condiciones de seguridad para continuar. Al respecto, Alberto Xicoténcatl, director de la Casa del Migrante, dijo a El Economista que luego de seis años de colaboración entre esta institución y la International Bond Dealers, en la que jóvenes alemanes prestaban servicio humanitario a esta institución, el gobierno alemán decidió retirar a su gente hasta que el Estado mexicano garantice la protección y seguridad a los defensores de los derechos humanos. Hemos perdido apoyo fundamental en materia de asistencia humanitaria.
Queda descobijada no sólo la institución, sino también las personas migrantes que se albergan en ella , lamentó el Director de este hogar para indocumentados.
El pasado 13 de junio, Klaus Einhorn, defensor de derechos humanos y miembro de la Casa del Migrante de Saltillo, fue hostigado por tres hombres de origen desconocido que iban a bordo de una camioneta Ford. Este evento fue el detonador de la decisión de la Embajada. Alberto Xicoténcatl aclaró que son constantes las agresiones, amenazas y hostigamiento por parte del crimen organizado. Ante ello responsabilizó al gobierno de México, ya que no garantiza seguridad a la gente que procura las garantías individuales. Explicó que la casa del Migrante en Saltillo es la única institución que posee medidas cautelares por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Comisión Nacional de Derechos Humanos; no obstante, no ha existido respuesta de los gobiernos locales, por ello aseguró que se buscará la protección de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para ejercer presión y dar solución a esta situación.
alangner@eleconomista.com.mx